Connect with us

Economia

Argentina, en el puesto 12 de los países de la región con menos transparencia financiera

Publicado

on

Es la primera vez que el país forma parte del estudio de la ONG británica Red de Justicia Fiscal para analizar las gestiones contra el lavado de dinero. Las falencias locales.

La Argentina es uno de los países de América Latina y el Caribe con mejores condiciones para evitar el lavado de dinero. Por lo menos, esa fue la conclusión de los especialistas que elaboran el Índice de Opacidad Financiera para poner en evidencia el nivel de “complicidad” de las naciones con las maniobras de los ciudadanos para ocultar sus activos.

Los resultados de la sexta edición de ese ránking, que realiza cada dos años la organización no gubernamental británica Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network), indicaron que la Argentina se ubica cerca del final del ránking que encabezan los países más permisivos con las maniobras para ocultar activos.

Se vislumbra un liderazgo en el uso de datos tributarios para combatir la corrupción y el lavado de dinero, aunque aún queda mucho por hacer en temas de la transparencia en la región“, manifestaron desde Red de Justicia Fiscal respecto a la situación en América latina y el Caribe.

Puntualmente, destacan la implementación de herramientas que permiten ir hacia la transparencia fiscal y erradicar el secretismo.

“En los últimos dos años, hemos sido testigos de los esfuerzos coordinados de una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil Latinoamericana para mejorar la transparencia y el acceso a la información tributaria”, celebró Magdalena Sepúlveda, integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) y directora Ejecutiva del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights.

Seguido, advirtió que “aún queda mucho por hacer” y que “la pobreza y la desigualdad de la región no pueden ser enfrentadas sin transparencia fiscal y un marco amplio de políticas de carácter redistributivo, incluyendo la política fiscal”.

“Este informe contribuye a llevar el tema de los recursos fiscales de los márgenes al centro de la agenda del movimiento de derechos humanos y de lucha contra la desigualdad”, completó Sepúlveda.

Panamá volvió a liderar la nómina porque, argumentaron, “mantiene un alto puntaje de secretismo, aunque finalmente ha decidido participar en la implementación del estándar global de Intercambio Automático de Información”.

Y en el segundo lugar se ubica Venezuela, aunque quienes elaboraron el relevamiento aclararon que “hay que tener muy en cuenta la seria situación que conlleva un agresivo bloqueo financiero de entrada y salida de divisas, un sistema económico con grandes distorsiones y enormes restricciones que lo al borde de ser un país en guerra”.

“Estos elementos han incidido para que la información levantada en el Índice lo ubique en esta posición”, explicaron.

En el otro extremo de esa lista regional, es decir al frente de los países  de más comprometidos con la transparencia financiera, se ubica Ecuador, mientras que la Argentina quedó en el puesto 12 de los 16.

El caso argentino

Andres Knobel es abogado e investigador de la Red de Justicia Fiscal. En diálogo con Clarín se refirió a la situación particular de la Argentina, no sin antes aclarar que es la primera vez que el país se incluye en el informe.

“Lo importante para entender del índice es que el objetivo es ranquear cuáles son los mayores responsables del secreto financiero global en la práctica. No se basa únicamente en cuán opaco o transparente es el marco legal sino que también cuánto es efectivamente usada cada jurisdicción por parte de los no residentes. Si los países en el top 10 (a nivel global) como Islas Caimán, Estados Unidos o Suiza se volvieran más transparentes, el mundo sí notaría la diferencia en la lucha contra los flujos financieros ilícitos”, evaluó.

Remarcó que “no existe el dato de cuánta plata de origen ilegal hay en cada país, entonces el mejor indicador son datos del FMI sobre la exportación de servicios financieros a los no residentes, básicamente relacionado a abrir cuentas bancarias o constituir sociedades, entre otros”.

“En la Argentina se destaca en el intercambio automático de información bancaria. El país fue uno de los primeros en implementarlo y la AFIP es bastante sofisticada a la hora de obtener información de otros países”, diferenció.

Pero luego, advirtió que “donde la Argentina está muy atrasada con respecto a muchos otros países de la región, es en el tema de los beneficiarios finales”.

“Esto tiene que ver con identificar a los individuos que son los verdaderos dueños y controlantes de las empresas y de los fideicomisos que operan en el país, y es una herramienta crucial para combatir la corrupción, el lavado de activos y la evasión”, explicó.

indice-secreto-financiero-ranking

El ránking a nivel global

Suiza logró reducir su clasificación y por primera vez desde 2011 dejó de encabezar la nómina internacional de los países con mayor nivel de secreto financiero. En esta edición, la lista la lideró Islas Caimán y en segundo lugar quedaron los Estados Unidos.

“Esta es la primera vez que Caimán ocupa el primer lugar en el Índice de Secreto Financiero superando a Suiza y EE.UU.”, manifestaron desde la ONG británica.

Seguir leyendo
Comentá aquí

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha loading...

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Economia

Presión impositiva extrema: los operarios de Toyota prefirieron no trabajar horas extras para no pagar Ganancias

Publicado

on

Por

La automotriz japonesa buscó producir un feriado y en medio de vacaciones, pero no consiguió el personal suficiente para poner en marcha su planta

Lentamente, el sector automotriz comienza a recuperar un poco del ritmo de producción que supo tener en otros tiempos. Sin embargo, la presión impositiva y las restricciones cambiarias empiezan a ponerle un freno que dificulta que comience a rodar.

El impuesto a la Ganancia que presiona sobre los salarios del sector y la falta de aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) para el ingreso de unidades fabricadas en el exterior está golpeando a una industria que aún se encuentra muy por debajo de la media en lo que se refiere al uso de la capacidad instalada y pelea por recuperar un mercado de ventas.

Como publicó Ámbito FinancieroToyota no pudo producir porque entre vacaciones y el rechazo de los empleados a sumar horas extras en el feriado por el impacto que tiene el plus salarial en Ganancias, no logró completar la planta de trabajadores necesaria para poder poner la maquinaria en marcha.

La compañía asiática, que tiene una balanza superavitaria ya que exporta alrededor del 80% de lo que produce en el país, pretendió mantener la planta activa el pasado martes feriado de carnaval. Sin embargo, no logró reunir el número de trabajadores necesarios para poner en marcha la producción.

Hilux, la pickup que exporta Toyota desde la ArgentinaHilux, la pickup que exporta Toyota desde la Argentina

Desde la empresa explican que “no solo es por el impacto del impuesto ya que hay gente de vacaciones”, pero también hicieron referencia a Ganancias al señalar que “está claro que mientras más se trabaja, más se gana y más se paga; en el sector automotriz se parte de salarios con pisos altos, por lo que rápidamente se pasa de escala”.

En el sector automotriz descartan de plano que sea un conflicto con Smata y recuerdan que hace unos años hubo un acuerdo con el sindicato para trabajar los fines de semana para cumplir con los cupos de producción que necesitaba la empresa. “No es la primera vez que le pasa y es porque los empleados entienden que, con el descuento y el esfuerzo de trabajar un feriado, pierden más de lo que ganan”, agregó.

Según la empresa, durante el 2020 la planta de la marca japonesa en la Argentina representó el 50% de las exportaciones de la industria automotriz local, con 32.724 unidades despachadas y USD 800 millones en ingreso de divisas.

Mercedes, también

En la otra punta del conflicto que vive el sector está la alemana Mercedes Benz, que asegura sufrir escasez de unidades pero, en este caso, por la falta de aprobación de importaciones. La marca tiene varadas alrededor de 700 unidades a la espera de la aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) por lo que lentamente se le está secando el mercado de unidades para vender.

A diferencia de Toyota, el problema de la alemana tiene que ver con la escasez de dólares y las trabas que tienen las empresas para acceder a los cupos que les permitan la importación de unidades. En general, las empresas de importados apuestan a incrementar ventas aprovechando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo porque, aunque las unidades cotizan en dólares, lo hacen al valor que fija el Banco Nación y se pagan en pesos. Por eso, quien tiene los dólares billete para comprar un auto de alta gama importado necesita cambiar menos dólares si utiliza la cotización del mercado paralelo.

Aunque Mercedes Benz fabrica en el país –tiene una planta donde hace la van Sprinter– no logra acceder al mercado cambiario para hacerse de dólares ni que la Aduana le libere las SIMI. Asegura tener unidades en los depósitos fiscales que “de estar en una concesionaria se venderían rápidamente”, aseguraron desde la empresa.

Seguir leyendo

Economia

Malestar entre las empresas de consumo masivo luego de la acusación del Gobierno

Publicado

on

Por

Después de las inspecciones que tuvieron días atrás, 11 compañías recibieron una nueva notificación oficial con mayor pedido de información. Se las acusa de haber bajado los niveles de producción de algunos productos

Las empresas se enteraron esta mañana a partir del comunicado oficial. Luego, confirmaron que habían recibido una notificación de la Secretaría de Comercio Interior en la que se las intimaba a brindar información acerca de los niveles de producción y facturación de determinados productos. Ya habían recibido inspecciones semanas atrás en la misma línea, pero el Gobierno hoy avanzó un paso más en su afán de querer lograr la mayor cantidad de producción y abastecimiento posible, aun en el actual contexto de pandemia y con la norma de Precios Máximos todavía vigente.

Si bien las inspecciones que habían tenido previamente los habían alertado sobre lo que podría llegar, la decisión de enviar un comunicado a los medios y exponerlas públicamente generó un fuerte malestar en el mundo del consumo masivo, más aún cuando se trató de un sector con precios prácticamente pisados durante todo el 2020 y que, pese a ello, no ha generado desabastecimiento. También sorprendió en las compañías que esta intimación haya llegado a los pocos días de la reunión, el jueves pasado, del Gobierno con los CEO de las principales empresas del país entre los que estaban incluidos los presidentes de las que hoy fueron notificadas.

En el comunicado, la dependencia que dirige Paula Español afirmó que lo que envió a once empresas de alimentos, cosmética y limpieza fue una imputación, es decir, una acusación en torno a un incumplimiento de una norma. “La Secretaría de Comercio, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”, dice el primer párrafo del texto.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en una recorrida por los supermercados vinculada al acuerdo por los precios de la carneLa secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en una recorrida por los supermercados vinculada al acuerdo por los precios de la carne

Sin embargo, Infobae consultó a la mitad de estas empresas y en ningún caso –según dijeron– se trata de una imputación. El pedido enviado a las firmas está destinado a que “acredite de forma fehaciente ante esta Subsecretaría en el plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles haber incrementado su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitre las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión de los productos mencionados precedentemente a los niveles efectuados en el período de noviembre 2020″. En cada caso, se hace referencia a determinados ítems.

“Nosotros estamos muy tranquilos. Les veníamos contando cuando tuvimos problemas de producción; algunos productos son elaborados por pymes, que en este contexto producen como pueden. Hay un tema que tiene que ver con priorizar la fabricación en un contexto donde hay plantas paradas y bajas de producción. Pero nosotros estamos produciendo al 100% de la capacidad. Es todo muy poco claro y muy político”, remarcaron en una de las compañías.

En otra explicaron: “Es un proceso administrativo que tenemos que contestar. No hay multa. En nuestro caso, son dos productos y se debe a cuestiones estacionales”.

“No se busca multar a las empresas, sino que vuelvan a producir”, aseguran en la cartera productiva. Tras la reunión hoy del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la investigación se inició por “comentarios” que les llegaron de desabastecimiento en algunos supermercados. “El problema no era en los supermercados, sino del abastecimiento”, continuó el ministro, quien agregó que “la imputación busca que esto no se vuelva a producir. Es una gran preocupación del Gobierno de que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”, apuntó. De cualquier manera, si el Gobierno quisiera avanzar con el proceso administrativo en algún caso, las multas podrían alcanzar los $10 millones.

Muchos de los empresarios que recibieron la intimación de la Secretaría de Comercio participaron la semana pasada del encuentro en Casa Rosada (Foto: Presidencia de la Nación)Muchos de los empresarios que recibieron la intimación de la Secretaría de Comercio participaron la semana pasada del encuentro en Casa Rosada (Foto: Presidencia de la Nación)

Consultado al respecto, el presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, remarcó que “cayeron muy mal estas intimaciones”, ya que “muchas de estas empresas fueron invitadas la semana pasada a la reunión por el acuerdo social y no había señales de meter en el medio imputaciones de desabastecimiento con invocación de una ley inconstitucional como es la de Abastecimiento, con costos incrementados más de un 30%-35% y precios congelados”.

Además, dijo el directivo, “reconoce el propio Gobierno que la alimentación abasteció durante toda la pandemia a pesar del personal licenciado, los problemas logísticos, la huelga de aceiteros, el corte de 15 días de camioneros, los feriados, las vacaciones del personal y las paradas de planta por mantenimiento”.

En otra de las empresas afectadas aseguraron que están produciendo más que en noviembre de 2020. “En enero, pidieron las producciones de noviembre, diciembre y enero. Se lo dimos; en promedio, la fabricación de esos meses fue más alta que los anteriores”, afirmó el empresario consultado, y agregó que “si bien muchas no están ganando plata, las fábricas tienen que seguir produciendo para cubrir costos fijos”.

En muchos casos los argumentos que ofrecen las compañías al Gobierno son atendibles y la menor producción se adjudica a algún problema puntual derivado del covid o de algún conflicto sindical, pero no menos cierto es que en otros tantos casos la menor producción de ciertos artículos se vincula estrechamente con el control de precios y la imposibilidad de trasladar la suba de costos. “Las empresas hacen lo que pueden y tratan de cumplir la ley pero sin fundirse”, reconocieron en una de las compañías.

Seguir leyendo

Economia

La canasta básica volvió a aumentar en enero más que la inflación general

Publicado

on

Por

Las canastas de indigencia y pobreza aumentaron 4,6% y 4,2%, respectivamente, en el primer mes del año. En ese mes, una familia tipo necesitó 56.458 pesos para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este miércoles su informe sobre la evolución de los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se utiliza para medir el umbral del indigencia, y de la Canasta Básica Total (CBT), para el piso de pobreza, correspondientes al primer mes del año.

Las canastas básicas alimentaria y total aumentaron respectivamente 4,6% y 4,2% en enero de 2021 en relación a diciembre, y 44% y 39,8% interanual. Así, la CBA se situó en enero en los 23.722 pesos para una familia tipo, mientras que la CBT alcanzó los 56.459 pesos.

Fuente: IndecFuente: Indec

La Canasta básica alimentaria marca el límite de ingresos para que un grupo familiar no caiga en situación de indigencia. En el caso de una familia compuesta por dos adultos y dos menores se encareció en enero hasta los 23.722 pesos.

En tanto, la Canasta básica total, que incluye otros ítems, como indumentaria y servicios básicos, señala el piso de ingresos para que una familia no caiga debajo de la línea de la pobreza. El mismo grupo de cuatro integrantes precisó de $56.459 para no ser pobre.

La diferencia entre los valores de ambas canastas responde a que las tarifas de los servicios públicos y el transporte se encuentran en la Canasta Básica Total, mientras en la Canasta Alimentaria el rubro comida es preponderante y fue uno de los que más subieron en los últimos meses.

La canasta básica alimentaria marca la línea de ingresos necesarios para no ser indigente, mientras que la canasta básica total determina la línea de pobreza

Así, la CBA se determina en base a los requerimientos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para distintos modelos familiares, a partir de los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población, indicador que se considera el límite de la indigencia.

Para determinar la CBT se amplía la CBA con bienes y servicios no alimentarios, mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

Con ese esquema metodológico, la CBA registró a lo largo de 2020 una suba acumulada de 45,5%, frente a una inflación que, según el IPC elaborado por el ente estadístico, acumuló un 36,1 por ciento. En tanto, el CBT marcó un incremento anual de 39,1 por ciento.

“El desacople entre el precio de los alimentos y el resto de los bienes y servicios se fortalece desde agosto pasado. Esta dinámica no solo responde al comportamiento estacional de frutas y verduras y al incremento en la carne durante las últimas semanas sino que también está vinculado a un mayor ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, a una flexibilización del programa de precios máximos y cierta presión en los precios internacionales”, describió Ecolatina.

Este tema sensible de cara al año electoral hizo que el Gobierno ya ponga la lupa sobre la cuestión. La amenaza de controles más duros –que también podrían alcanzar a las exportaciones– y declaraciones oficiales que sugieren una menor depreciación del tipo de cambio demuestran la preocupación oficial sobre el tema”, agregó el informe.

Seguir leyendo

Más Vistos