Arrastran problemas financieros desde 1993. Tienen una deuda de 130 millones de pesos y la única solución que encontraron fue vender el histórico edificio ubicado en Ramos Mejía
“Ayer lamentablemente y con mucho dolor tuvimos que poner el cartel de ‘se vende’. Estamos al límite y no nos queda otra opción”, dijo a Infobae Gustavo Cid, presidente de los Bomberos Voluntarios de La Matanza, luego de tomar la decisión más difícil que ha enfrentado la institución en sus 83 años de historia: vender el emblemático edificio de su cuartel central, ubicado en la localidad de Ramos Mejía.El motivo, una millonaria deuda que tiene, principalmente con la AFIP.
Según explicó el jefe de los bomberos, a las arcas del Estado le deben unos 70 millones de pesos, mientras que a los proveedores y al gremio de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) le adeudan 60 millones. La situación se hizo insostenible y no encontraron más remedio que desprenderse del edificio que fue su casa desde 1946.
Algunos de los voluntarios
La crisis del cuerpo de bomberos no estalló ahora en medio de la cuarentena. Se trata de un problema financiero que arrastran desde 1993 y que ninguno de los gobiernos provinciales ni municipales supo atender. Sin embargo, Gustavo admite que la pandemia del coronavirus y todo lo que conlleva fue el golpe de gracia para la institución. “No sabemos a dónde vamos a ir pero así sea a un predio prestado, vamos a serguir brindando el servicio”, advirtió el presidente del cuerpo. “Es un edificio que está desde 1946 y tres casas aledañas. Lo vendemos para poder pagar una deuda millonaria con la AFIP de una vez por todas para arrancar de cero”, dijo.
El cuartel central de los Bomberos Voluntarios de La Matanza
Las deudas contraídas son por el funcionamiento del lugar, los sueldos de las personas que atienden los teléfonos, las cargas sociales y gastos operativos. Actualmente la dotación matancera cuenta con 21 integrantes de la Comisión Directiva, 223 Bomberos Voluntarios (hombres y mujeres) que componen el Cuerpo Activo, 42 integrantes de la Reserva Activa (hombres y mujeres que cumplieron sus 25 años de servicio a la comunidad) y 13 niños en la Escuela de Cadetes.
“Del total, 65 trabajamos en el cuartel central. Pero no quiere decir que si mañana lo vendemos, estos 65 van a ser reubicados en los otros destacamentos. La Matanza es muy grande y necesita que sigamos con nuestro trabajo. No podemos cerrar, no podemos dejar una zona tan importante sin cuartel”, aclaró Cid a Infobae.
Son más de ocho décadas de historias -dice el jefe- y miles los voluntarios que recorrieron las calles matanceras. En sus sedes se formaron innumerables familias en los tradicionales y famosos bailes que organizaban en las décadas del ’60 y del ’70.
El cuartel antes de estar a la venta (Twitter)
“Muchísimos recuerdos quedaran en todos nosotros. Algunos de los efectivos cumplieron hasta 40 años de servicio y otros recién comienzan, pero desde el primero al último han sabido entender la situación y se solidarizaron. Están todos comprometidos y es algo que debimos haber solucionado hace mucho tiempo. La gente, apenas lo supo, se acercó y nos agradeció el trabajo brindado todos estos años. Es una situación muy triste y ojalá las autoridades reaccionen”, lamentó.
La decisión fue consensuada por la Comisión Directiva de la institución ante el panorama sombrío. “La comunidad se está enterando ahora y esperamos que las autoridades hagan algo porque una ONG no puede vivir solo de deudas, cargas sociales o pagar impuestos. Brindamos una ayuda al Estado pero el Estado no se preocupa por nosotros. Esperemos que se acuerden y busquemos una solución”, reiteró.
El cuartel está ubicado sobre la calle Moreno al 699 en Ramos Mejía
Cada año, el cuerpo lleva adelante unos 5.000 servicios y si bien la cantidad disminuyó por efecto del COVID-19, el trabajo de los bomberos se vio abocado mayormente a colaborar con el personal de salud. Son algunos de los principales asistentes de los servicios de emergencia.
Pero lo que más lamenta el jefe de los bomberos voluntarios es la falta de respuesta de las autoridades municipales. Desde hace 27 años el Cuerpo trata de obtener ayuda estatal pero el resultado fue el mismo: fueron librados a su propia suerte. Como pudieron, se mantuvieron hasta ahora, pero la crisis económica actual definió este presente que esperan cambiar.
Sólo alcanza con recorrer sus redes sociales para ver cómo reciben donaciones de los propios vecinos y de algunos pequeños empresarios, que les dan lo que pueden. Por ejemplo, el dueño de una pequeña fábrica de piletas local y la propietaria de un salón de eventos les donaron barbijos cuando ya transcurría la cuarentena. Sin embargo, señaló Cid, la situación es grave desde hace muchos años.
Actualmente el cuerpo de bomberos cuenta con 47 móviles, de los cuales 27 están fuera de servicio. En el partido de La Matanza -el más importante y populoso de la provincia de Buenos Aires, donde viven 2.185.597 personas, según calculó el INDEC en 2018- funcionan seis destacamentos (Isidro Casanova, Laferrere, Virrey del Pino, González Catán y Tapiales). En el año 2017 ingresaron a una moratoria otorgada por la AFIP. Acordaron el pago de la deuda en 60 cuotas, pero la fuerza les alcanzó hasta la 38. Es importante la cantidad de dinero que todavía deben y es imposible continuar de esta manera.
“Son paliativos pero de fondo nunca solucionamos nada. Gracias a la gente que se ha acercado y de hecho me conmueve lo que se ha logrado con esta movida, pero la ayuda tiene que venir del Estado”, señaló.
“El intendente (Fernando Espinoza) no nos ha atendido ni siquiera para que nos pague un año de tasa municipal que nos deben. Con eso por lo menos podríamos pagar a los cuarteleros, que son los que atienden el teléfono. Recién ayer, a través del diputado Sergio Massa supimos que se va a presentar un proyecto de Ley para que condonen la deuda. Esperemos que Dios ilumine a los legisladores”, concluyó Cid.
Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces
Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.
Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.
La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.
Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.
La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.
Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.
En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.
Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.
Todas las condenas y absoluciones
1) Lázaro Antonio Báez, 12 años
2) Jorge Oscar Chueco, 8 años
3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años
4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años
5) Martín Antonio Báez, 9 años
6) Leandro Antonio Báez, 5 años
7) Melina Soledad Báez, 3 años
8) Luciana Sabrina Báez, 3 años
9) Walter A. Zanzot, 5 años
10) Julio Enrique Mendoza, 6 años
11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses
12) Eduardo César Larrea (absuelto)
13) Walter Santiago Carradori (absuelto)
14) Fabián Virgilio Rossi, 5años
15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses
16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses
17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)
18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años
19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.
20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)
21) Alejandro Ons Costa, 4 años
22) César Gustavo Fernández, 5 años
23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.
24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)
25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años
26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses
27) Juan Alberto De Rasis, 6 años
La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.
Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.
La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.
Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.
El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.
El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.
Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.
Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.
“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.
fiscal Abel Córdoba
Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.
La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.
El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.
Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).
Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.
Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.
Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.
El incremento será menor a la inflación, que se estima en 11% para el primer trimestre. Quiénes podrían cobrarlo y cuándo se define.
A partir de marzo el monto de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales se incrementará el 8,07% y para compensar la pérdida frente a la inflación habrá un bono extraordinario.
Así adelantaron a Clarín fuentes del Gobierno quienes agregaron que el alcance y el valor del bono serán definidos por el Presidente Alberto Fernández, entre mañana y el viernes.
Se estima que, como se aplicó el año pasado, el bono alcanzará a los que ganan la jubilación mínima o un poco más, a las pensiones no contributivas que cobran el 70% del haber mínimo y los que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En total un universo de casi 5 millones de personas.
La decisión se tomó porque, con el 8,07%, el primer aumento en base a la nueva fórmula de movilidad, que se aplicará por tres meses (marzo-mayo) tuvo un mal debut para los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales, como AUH, Asignaciones Familiares) que suman 18 millones de personas.
De todos modos, en Casa Rosada insistieron que con la fórmula del anterior Gobierno, el aumento hubiera sido más bajo, del 7,18%.
Punto más, punto menos, el aumento de las jubilaciones y pensiones sería inferior a la inflación del primer trimestre de este año, incluso estimando una inflación descendente (3,5% en febrero y 3,1% en marzo) ya que acumularía una suba de los precios del 11%, afectando a las 18 millones de personas alcanzadas por la movilidad.
Además de las jubilaciones y pensiones, el aumento comprende a las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y la fórmula de movilidad no prevé una compensación si la inflación es mayor que el incremento de los haberes.
Cuánto aumenta la jubilacion mínima
Con el aumento del 8,07%, la jubilación mínima subirá de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la PUAM de $ 16.457.
La fórmula de movilidad no contempla ninguna compensación si los aumentos son inferiores a la inflación. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años que ronda entre el 15 y 25%, según los rangos de haberes. Pero no impide que se otorguen bonos extraordinarios, que no se integran al haber del jubilado, como pasó en 2020. Esto significa que no se consideran como base para los futuros aumentos.
El bono abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados con haberes un poco por encima de la mínima porque – argumentan en el Gobierno– son los mayores perjudicados por la inflación ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, que es el rubro que más aumentó y más incide en el IPC promedio y en el valor de la canasta básica de pobreza.
De todos modos, el resto de los jubilados y pensionados tuvieron pérdidas entre 2018 y 2020 de hasta el 25% y con el 8,07% volverán a perder frente a la inflación.
En el caso de la AUH, en el Gobierno argumentan que los padres y madres con hijos menores de 6 años- tienen una compensación por el aumento de la tarjeta Alimentar que, desde este mes, pasó de $ 4.000 a $ 6.000 por hijo y de $ 6.000 a $ 9.000 con 2 o más hijos.
Sergio Massa adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto. Se avanza para que los sueldos de hasta 150.000 brutos no paguen cuando cobren el salario complementario
La semana que viene podría comenzar el tratamiento del proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cual se busca modificar el piso salarial a partir del que se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.
La iniciativa, que recogió apoyos del oficialismo y de la oposición, establece un nuevo piso de $150.000 bruto por el cual se empieza a pagar el tributo. Sin embargo, en el proceso de discusión de las diferentes comisiones se irán haciendo modificaciones que apuntan a ampliar los beneficios para los trabajadores que tengan que pagarlo.
Habrá cambios y se ampliarán los beneficios (fuentes del massismo)
Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados aseguraron a Infobae que “habrá cambios y se ampliarán los beneficios” y que en ese orden de prioridades de modificaciones encabezan la lista las horas extras, los viáticos y el aguinaldo. Y se analiza lo que podría ser la mayor sorpresa del proyecto: los Autónomos. Se está terminando de estudiar el costo que tendría que una parte de quienes están encuadrados en esa categoría fueran alcanzados por la nueva norma.
“Se está trabajando para sumar que las horas extras y los viáticos de algunos sectores en donde estos dos ítems son cotidianos que no sumen para pagar Ganancias”, explicaron fuentes legislativas.
Lo que sucedió en Toyota días atrás, cuando la empresa que concentra el 50% de las exportaciones del sector automotriz frenó la producción porque sus empleados no aceptaron trabajar un feriado ya que perdían más de lo que ganaban por consecuencias del pago de Ganancias.
Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)
Otro punto importante que están trabajando en el equipo de Massa es el de los aguinaldos. “Buscamos que aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos no paguen Ganancias por pasarse con el aguinaldo”, describen cerca de Massa. Otro punto que se estudia lo propuso la oposición y tiene que ver con poder descontar los gastos en educación, como cuotas de colegios, libros, materiales y viajes, entre otros.
“El proyecto tiene que ser sustentable desde el punto de vista fiscal. El costo fiscal tiene que ser algo que esté dentro de ciertos parámetros. Algunas de las propuestas que ofrecen desde la oposición se podrían sumar y otras no por el costo que tienen”, explican desde el massismo. Ayer, el presidente de la Cámara baja se reunió con legisladores del Frente de Todos que representan a distintos gremios para analizar el proyecto.
Massa con los diputados de su bloque de extracción gremial
Aunque todos los bloques están de acuerdo con el cambio propuesto por el oficialismo y hubo un decreto por el cual se habilitó a que el tema sea debatido en el Congreso, recién comenzará la discusión luego de la apertura de las sesiones ordenarías.
“Para que quede bien el bordado, primero necesitamos tiempo para zurcir”, metaforizó una fuente del oficialismo que participó de las negociaciones técnicas previas a la presentación del proyecto. Y es que, a pesar de la buena recepción de la medida, que también establece que aquellos que cobren hasta 173.000 pesos brutos tengan menores descuentos que en la actualidad, el Frente de Todos recibió, en las últimas semanas, algunos reparos de la oposición y una parte del sindicalismo.
El proyecto fija un “nuevo piso” de remuneración mensual que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. El objetivo es proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados y potenciar el mercado interno.