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Cannabis medicinal: el Gobierno permitirá el cultivo personal y el expendio de aceites en farmacias

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El Ministerio de Salud les presentó el borrador de la nueva reglamentación de la ley a organizaciones, médicos y científicos. En este documento se destaca que el Estado, además, buscará producir en el ámbito público marihuana terapéutica y garantizará el acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social o prepaga

Tres años y algunos meses después de la sanción de la ley que permite el uso medicinal de la marihuana en Argentina, los usuarios que hasta ahora debían moverse en la sombra de la clandestinidad a riesgo de ir presos recibirán la noticia que tanto esperaban: el Gobierno permitirá finalmente que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus hogares la planta de cannabis, además de habilitar su expendio en farmacias y proyectar cultivos y producción pública.

Es una noticia que cambia el paradigma y el escenario después de 80 años de prohibición global y total. La comunicó en una reunión virtual Ginés González García a organizaciones cannábicas, médicos, docentes y científicos que integran del Consejo Consultivo Honorario. El ministro de Salud de la Nación les presentó el borrador de la nueva reglamentación de la ley, que contemplará la mayoría de los pedidos de los usuarios. Y anulará la redactada por la administración del gobierno anterior, que había sido muy criticada por no resolver la demanda de los pacientes.

“Es un día importantísimo para demostrar que se puede gestionar de cara a la sociedad”, les dijo el Ministro desde su despacho vía teleconferencia, antes de dejar la cuestión técnica al mando de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

La novedad más importante que contiene este borrador (que aprobará el consejo consultivo antes de seguir su curso hacia la firma del presidente Alberto Fernández y la publicación en el Boletín Oficial) es, sin dudas, el reglamento del artículo 8 de la ley 27.350, que incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren el Programa de Cannabis (REPROCANN).

Los límites en la cantidad de plantas permitidas en cada hogar o en las sedes de las organizaciones para los cultivos “en red” se conocerán recién cuando la cartera sanitaria redacte las resoluciones particulares, pero también será materia de discusión durante las reuniones que se desarrollen en los próximos días.

No obstante, la preocupación de las autoridades del REPROCANN está puesta no tanto en la cantidad sino en la calidad de lo que produzcan estos cultivos. “La idea es controlar el producto final”, advirtió uno de los funcionarios responsables, que reconoció que la gratuidad total es un problema a la hora de generar accesos. En este punto el borrador también se aclara que estará contemplada “la protección de confidencialidad de datos personales”.

El Ministro de Salud Ginés González García encabezó la reunión para anunciar el borrador de la nueva reglementación de la ley de cannabis medicinal

Esto no significa que cualquiera va a poder tener plantas de cannabis en sus casas pero sí que podrán entrar en el circuito de legalidad todos los cultivadores solidarios, familias y agrupaciones que, sin respuestas del Estado desde 2017, sostenían con mucha dificultad (por el riesgo de ir presos y los problemas para conseguir, por caso, semillas) la demanda de los usuarios, cuyo crecimiento fue exponencial en los últimos tres años.

“El rol de las organizaciones seguirá siendo clave”, advirtió Vizzotti, quien también les anunció a los integrantes del Consejo Consultivo que trabajarán para llevar al Congreso “una ley superadora”. Aunque no dio detalles, es sabido que la diputada entrerriana del FdT Carolina Gaillard trabaja en un proyecto que modificaría la ley de drogas y despenalizaría el cultivo y la comercialización de cannabis para uso medicinal.

Hasta ahora, tener semillas y plantas en el ámbito privado, aun para consumo personal y terapéutico, está penado por la ley de drogas con hasta 15 años de prisión. Al menos en el ámbito medicinal, esta decisión reglamentaria significará el fin de la criminalización de pacientes y cultivadores solidarios.

Otra de las novedades importantes que trae la reglamentación modelo 2020 es la posibilidad para los usuarios no sólo de importar productos medicinales de cannabis, que ya estaba permitido aunque solo para las epilepsias refractarias y vía ANMAT, sino también a partir del expendio en farmacias habilitadas para producir “formulaciones magistrales”, como aceites, tinturas o cremas.

“Los pacientes que no estén inscriptos en el Programa, pero que tuvieren como prescripción médica el uso de la planta de cannabis y sus derivados y su patología esté contemplada por el Programa, podrán adquirirlo a través de la importación de especialidades farmacéuticas o por formulaciones magistrales elaboradas por farmacias habilitadas a tal fin”, dice el texto borrador, al que tuvo acceso Infobae.

Los cultivadores hogareños deberán estar inscriptos en el Programa Nacional

Los cultivadores hogareños deberán estar inscriptos en el Programa Nacional

Además, cortará el límite que imponía el modelo del gobierno de Mauricio Macri respecto de las patologías habilitadas para el tratamiento. A partir de la publicación de la nueva normativa ya no sólo tendrán el permiso los pacientes con epilepsias refractarias sino también el resto, cualquiera sea que obtenga efectos positivos. En el borrador se amplía el artículo 3 “a las personas a las cuales se les prescriba como modalidad terapéutica el uso de la planta de cannabis y sus derivados”.

El Estado sí garantizará la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada, y a los inscriptos en programas específicos de organizaciones públicas, algo que sí ocurría actualmente pero con poco éxito, al ser exclusivo para epilepsia refractaria y al no tener promoción ni campañas públicas, apenas consiguió que se inscriban para el tratamiento “de investigación” menos de 300 pacientes. De hecho, el año pasado el Estado, después de rebajar el Ministerio de Salud a Secretaría, redujo el presupuesto para el Programa Nacional de Cannabis, al que le destinó menos de 1.000 pesos por día.

Desde el Ministerio plantearon que en la reglamentación nueva se incluirá la promoción de programas de extensión universitaria vinculados al cannabis medicinal, el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso. Y que la cartera podrá articular acciones y firmar convenios con instituciones académico científicas, organismos públicos, privados y organizaciones no gubernamentales.

Se permitirá el cultivo en los hogares aunque no se especificó todavía cantidad de plantas

Se permitirá el cultivo en los hogares aunque no se especificó todavía cantidad de plantas

Según anunciaron, se propiciará el cultivo estatal y se le dará prioridad a la producción en laboratorios públicos, algo que varias provincias venían pidiendo, en especial desde hace varios años Santa Fe. Y que, en los últimos meses, también empezó a proyectar el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“El Estado Nacional brindará colaboración técnica que impulse la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de Producción Pública de Medicamentos. La dispensación del producto se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y/o en las farmacias habilitadas por el Programa”, detalla el borrador.

Salud nacional será responsable de garantizar los insumos necesarios para facilitar la investigación médica y/o científica de la planta de cannabis y “fomentará y priorizará, en vistas de la eficiencia en el uso de los recursos, a la producción regional y aquella realizada a través de los laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). En este sentido, el Gobierno le quita la exclusividad al INTA y al Conicet y, algo que se había reclamado desde un sector del Consejo Consultivo, abre el juego a las universidades de todo el país que hasta ahora fueron esencialmente quienes sostuvieron las redes de acceso a través de trabajos en conjunto con organizaciones cannábicas sin fines de lucro.

Valeria Salech, de Mamá Cultiva Argentina (Franco Fafasuli)Valeria Salech, de Mamá Cultiva Argentina (Franco Fafasuli)

“Es la reglamentación que esperábamos en el año 2017, y no podemos más que celebrar que en este contexto tan adverso. El reconocimiento del autocultivo protege a cultivadores solidarixs, usuaries y las mujeres cuidadoras que encontramos en la planta la solución a mucho dolor, a costa de nuestra seguridad y de ser criminalizadas por un sistema que hasta hoy nos invisibilizó y nos persiguió. Conscientes de ser el eslabón más débil de la cadena, nos fortalecimos en lo colectivo, tejimos las redes que hoy rinden sus frutos en este logro”, celebró ante la consulta de este medio Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina.

“Recibimos muy bien la propuesta. Además del autocultivo y cultivo en red, la reglamentación actual destraba la investigación no clínica y se avanza sobre blanquear el uso del material vegetal, las semillas, que son esenciales. Seguramente este borrador sea mejorado pero estamos muy conformes”, remarcó el químico y docente Gastón Barreto, representante en la reunión como parte del Consejo Interuniversitario Nacional.

Si bien ninguna fuente del gobierno aventuró para cuándo estará publicada la nueva reglamentación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud pidió a los integrantes del Consejo elevar dudas y sugerencias antes del viernes, con lo que se especula que no demoraría mucho más que días. El borrador tiene la aprobación de Alberto Fernández. La mirada sobre la letra chica del borrador la hizo la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y trabajaron algunos legisladores del Frente de Todos junto al personal técnico del Ministerio de Salud actual, dentro del cual está el médico Marcelo Morante, un referente en el tema que “sobrevivió” a la gestión anterior.

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“Está todo perdonado, no tengo rencor”, aseguró el padre de una de las víctimas del choque en Tigre

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Guillermo Rossi despidió a su hijo Franco y le dedicó palabras a Joaquín Duhalde Bisi, quien manejaba borracho y sin registro.

El papá de uno de los jóvenes fallecidos en el trágico accidente en el Camino de los Remeros de Tigre, cuando el conductor del Audi A4 manejaba alcoholizado y chocó contra un guardarrail, hizo un conmovedor descargo por Twitter: “No tengo rencor“.

Guillermo Rossi es padre de una de las víctimas, Franco Rossi (18), y escribió en su cuenta de Twitter (@guillermo4398) motivado por defender la memoria de su hijo y aclarar que él no estaba alcoholizado.

“Uno de los fallecidos es mi hijo Franco Rossi. Espero que entiendan que el no manejaba. Solo pido que respeten el dolor de mi familia en memoria de los muertos. Mi vida se apaga“, tuiteó en primera instancia.

Inmediatamente comenzaron a llegarle mensajes de aliento y, como siempre en Twitter, también respuestas polémicas, a las que los demás usuarios se encargaban de señalar.

Rossi les contestó a varios de los que lo saludaron y entre esas respuestas también contó varios detalles y habló del autor del accidente, Joaquín Duhalde Bisi.

Lamento el escrache mi hijo, no tenía alcohol en sangre, manchan su memoria. Abrazo y gracias”, le contestó a uno. “Franchu no estaba alcoholizado y sin embargo se fue”, le dijo a otro.

Joaquín Alimonda (19) y Franco Rossi (18) murieron en el acto.

Joaquín Alimonda (19) y Franco Rossi (18) murieron en el acto.

“En la autopista a mi hijo le dio 0. Estaba aparentemente dormido y Franco no manejaba y tenía mi autorización. Dos veces a EE.UU. una a Sudáfrica el solito, y vos crees que me carga culpa? No ninguna”, le respondió a otra.

Luego, en otros tuits negó una supuesta fiesta. “Ni hubo fiesta ni nada, eran 5 amigos y el destino los enfrentó”, agregó.

En otro mensaje, Rossi dijo que lo que atraviesa es muy duro. “Hoy quisiera que me lleve a su lado, pero Franchu tiene 4 hermanos, no puedo viajar todavía y esa paz espero encontrarla”, se descargó en otro escrito.

Por último, dijo que “ya está todo perdonado eran amigos y no tengo ningún rencor“, en relación al conductor del auto, quien se encuentra detenido en la comisaría de Villa La Ñata.

El caso

Joaquín Duhalde Bisi (19) estaba borracho y manejaba sin registro la madrugada del domingo, cuando perdió el control del Audi A4 de su papá en Tigre y chocó. En el incidente murieron dos de sus amigos, Franco Rossi (18) y Joaquín Alimonda (19).

En el auto también iba Mateo Lezama (18), quien se salvó por estar en el asiento de atrás del conductor.

Duhalde Bisi está acusado de “doble homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una condena de 8 a 25 años de cárcel, y, subsidiariamente, de “doble homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, el consumo de alcohol y la alta velocidad a la que conducía”, con penas de 3 a 6 años de prisión.

Joaquín Alimonda, Joaquín Duhalde BIssi - el conductor del vehículo- y Franco Rossi eran amigos desde el colegio secundario.

Joaquín Alimonda, Joaquín Duhalde BIssi – el conductor del vehículo- y Franco Rossi eran amigos desde el colegio secundario.

Cuando el Audi A4 impactó contra el guardarrail, lo arrancó completo. “Luego de ingresar por la parte trasera de la rueda delantera derecha, los 25 metros que tiene de largo cruzaron el coche en sentido hacia la izquierda, y salieron”, detallaron fuentes de la investigación.

La pericia del alcoholemia, cuyo test certificado ya está en manos del fiscal, había arrojado que Duhalde Bisi manejó esa madrugada fatal con 1,39 gramos de alcohol por litro de sangre: casi el triple de lo permitido.

Duhalde Bisi no tenía registro. El 31 de octubre pasado se lo retuvieron por no tener la VTV al día del Hyundai a nombre de su mamá que manejaba.

Aunque desde su entorno argumentaron que poseía la licencia digital en la aplicación Mi Argentina, fuentes de la investigación explicaron que en este caso ese registro digital no tiene validez, ya que había quedado incautado por la infracción.

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El calvario de Lucía: el juicio contra el suboficial de la Armada acusado de violarla se postergó para 2024

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La víctima batalló durante cinco años para lograr que la causa llegara al debate oral, suspendido dos veces. El imputado está libre.

“Se me va la vida esperando Justicia”, dice Lucía, como pidió esta ex marinera que la llamen allá por 2016. Por ese entonces, se conoció el calvario que padecía desde 2013 cuando, según su denuncia, un superior comenzó a acosarla y, luego, eso derivó en una situación de abuso en la Base Naval de Ushuaia.

Ahora, a más de 7 años de que comenzara el acoso y a 5 de que ella lo denunciara, Lucía otra vez grita por ayuda: le pidió este miércoles a la Justicia de Tierra del Fuego que revise la decisión de postergar hasta 2024 el juicio contra el acusado

Según le dijo la ex marinera a la agencia de noticias Télam, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia decidió una nueva postergación para el inicio de las audiencias hasta el 16 de mayo de 2024.

La Justicia quiere empezar el juicio en tres años, cuando se cumplirán 11 del inicio de los supuestos abusos contra Lucía, de 32 años.

2016. Se conoce un caso del acoso sexual en la base Naval de Uhuaia.

2016. Se conoce un caso del acoso sexual en la base Naval de Uhuaia.

El caso involucra al suboficial Reinaldo Cardozo, de 56 años, a quien le imputan haber abusado de la mujer cuando ella tenía 25 años. Lucía debió someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Cardozo está acusado de “abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas y mediando violencia de género“.

Según especialistas, la causa puede sentar un precedente histórico porque “ventila hechos sucedidos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la Fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses”, explicaron fuentes judiciales.

A 17 días

La fecha prevista para el inicio del juicio era el 29 de junio de 2020, pero debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, el Tribunal suspendió las audiencias.

Luego, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvieron esta nueva postergación.

Lucía denunció a un superior.

Lucía denunció a un superior.

Lucía, como pidió siempre que se la identifique para resguardar su identidad, batalló durante 7 años hasta lograr que la justicia procesara a Cardozo por un rosario de delitos que incluyen el abuso sexual, amenazas y la violencia de género, según surge del expediente judicial.

“Se me va la vida esperando Justicia. Me costó mucho romper las cadenas del silencio para poder denunciar lo que me pasó. Fueron años de lucha y padecimientos, tanto físicos como psicológicos, que tuve que atravesar”, contó Lucía.

Lucía y su abogada, Sofía Barbisan, realizaron una presentación para solicitar que se adelante el juicio y no tenga que esperar otros tres años.

“Me genera una angustia tremenda saber que este abusador sigue libre, viviendo una vida normal y en actividad dentro de la Armada, donde yo sufrí su violencia y también la violencia institucional. Confío plenamente en la justicia fueguina, y por ello pido a los jueces que revean esta situación“, sostuvo la ex marinera.

También dijo que solicitó la intervención del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.

“Necesito que mi caso siente un precedente dentro de las fuerzas armadas, que se termine la violencia de género y la violencia institucional. Y también quiero justicia y tranquilidad“, expresó Lucía, que sigue viviendo en Ushuaia y tiene otro empleo.

Un sueño roto

“Ingresé a la Armada en 2011 porque ser militar era un sueño y un anhelo. Yo veía los uniformes y sentía orgullo. Creía que podía servir a la Patria”, recordó.

Dos años después, comenzó el infierno. Lucía afirma que los abusos se produjeron a partir de 2013, cuando su superior, quien casi la doblaba en edad, estaba casado y tenía hijos, comenzó a acosarla sexualmente, hasta que en uno de esos hechos la encerró en un depósito y la violó. Cardozo era su jefe directo.

Otros abusos y persecuciones se habrían producido en 2014, luego de un período en el que el suboficial no estuvo destacado en Ushuaia. Según Lucía, todavía se paraliza cuando ve un uniforme militar.

“No puedo evitarlo. De hecho junté toda mi ropa castrense y la tiré a la basura. Necesito cerrar esta etapa“, concluyó.

Para entrar a la Armada, Lucía tuvo que realizar el curso en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Luego regresó a Ushuaia, donde su primer trabajo dentro de la fuerza fue el de camarera en la casa de suboficiales, a quienes les servía la comida.

La mujer comenzó denunciando los hechos ante el superior del suboficial, un militar con el grado de teniente, quien de inmediato le hizo sentir cómo sería la situación.

Tu palabra contra la de él no tiene valor. Además, la Armada te está dando trabajo, una casa, una obra social y la atención para tu hijo (que estaba siendo tratado por una enfermedad en Buenos Aires). No te conviene hacer nada“, le advirtió, según recordó Lucía en un reportaje de 2020.

Como la marinera insistía, comenzaron las “amenazas y persecuciones“: el acusado le bajó todos los conceptos de su legajo personal, por lo que al poco tiempo fue despedida como militar y reincorporada como personal civil.

En 2014, Cardozo fue trasladado a otro destino, pero al año siguiente regresó a Ushuaia y comenzó a acosarla otra vez. Fue ahí cuando la joven decidió hacer la denuncia ante la justicia.

Primero intervino la Justicia Federal, que se declaró incompetente, y después un juez provincial que no halló pruebas contra el acusado, quien fue beneficiado con dos “faltas de mérito”, hasta que el expediente quedó “en reserva” por falta de nuevas evidencias.

Lucía cambió de abogado y logró que la Cámara de Apelaciones apartara al juez y designara a una jueza, María Cristina Barrionuevo, que le dio un nuevo enfoque a la investigación.

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Autorizan la inscripción de semillas de cannabis para su uso medicinal

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Desde el Gobierno destacan que la medida permite avanzar en el “cultivo ordenado y controlado” para tratamientos y evitar “el mercado ilegal”.

El Gobierno anunció que permitirá la inscripción de semillas de la especie Cannabis sativa L. para su uso medicinal. El anuncio fue rubricado por los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Los funcionarios nacionales resaltaron que la medida permite avanzar en el “cultivo ordenado y controlado” de cannabis para tratamientos y evitar “el mercado ilegal”.

“Hasta el momento, para los proyectos de investigación y cultivo de cannabis medicinal había que importar semillas. Esto se debía a que las semillas autóctonas con las que contaban las universidades locales no se podían registrar en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)”, explica a Clarín el coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis, Marcelo Morante.

A partir de esta resolución, el INASE “va a poder realizar un seguimiento en relación a la calidad de la materia prima”, agrega. Según Morante, “se trata de acciones concretas para mejorar el acceso a un producto seguro y de origen conocido”.

La resolución de ambos ministerios especifica que estas semillas se usarán asimismo para la investigación en el Registro Nacional de Cultivares y/o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.

“Es un paso más en el desarrollo de herramientas tendientes a facilitar el acceso a la planta de cannabis y sus derivados como tratamiento“, expresaron los ministros.

El documento fue firmado también por el presidente del INASE, Joaquín Serrano.

“La resolución posibilitará avanzar en la estandarización de las genéticas obtenidas y someterlas a certificaciones nacionales para su utilización como insumos en la producción de cultivos controlados, lo cual tendrá efectos en la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal, además de evitar el mercado ilegal”, destaca el comunicado oficial.

Al respecto, la ministra Vizzotti aseguró que el Estado “cambió su mirada” y que con esta medida están “contribuyendo a solucionarle la vida a un número de familias que tiene una problemática de salud”.

Añadió: “Darles un camino legal es algo que era nuestra responsabilidad y no es menor que haya pasado a pesar de la pandemia”.

El ministro Basterra, por su parte, entendió que la resolución “permite avanzar en cultivo ordenado y controlado, para que no haya puntos débiles en la instrumentación de la producción”.

¿Cómo inscribirse?

Todos aquellos que tramiten la inscripción deberán presentar “un informe con el fundamento técnico de la inscripción en los registros del INASE, el cual tendrá carácter de declaración jurada, a los fines de verificar que la misma se encuentra dentro del marco de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario número 883/20″.

Lo deberán hacer ante el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales del Ministerio de Salud.

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