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Judiciales

Cómo está la causa contra Florencia Kirchner

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La hija de la vicepresidenta enfrenta un único juicio, y no hay chances de que las audiencias empiecen en este año. La insistencia de algunos medios es sólo presión sobre Cristina.

La llegada a Buenos Aires , el domingo, de Florencia Kirchner no implica ningún cambio en su situación procesal. No hay ninguna razón, desde lo judicial, que haya requerido la presencia en la Argentina de la hija de Cristina Fernández de Kirchner porque no sólo no se fijó fecha de inicio del único juicio en el que está imputada –juicio unificado de Los Sauces y Hotesur– sino que todo indica que las audiencias de ese juicio podrían arrancar recién a mediados de 2021 o en 2022. Respecto de Hotesur, el Tribunal todavía ni siquiera estableció las medidas de prueba de la instrucción preparatoria y teniendo en cuenta que, como ocurrió en el caso Los Sauces, es seguro que ordenará una pericia contable, no parece haber chances de que el arranque se produzca este año ni en el próximo.

En la presentación de su libro Sinceramente, en La Habana, Cristina Fernández de Kirchner le agradeció a los médicos y al gobierno de Cuba porque Florencia mejoró muchísimo y continuará con su tratamiento. A continuación, la hija de CFK publicó un par de fotografías donde se la veía sonriente y varios textos en los que mezcló lecturas con la mirada sobre su propia enfermedad. Ya en diciembre, el Tribunal Oral Federal 5 le había pedido al abogado de los Kirchner que presentara certificados médicos, pero sin ponerle siquiera una fecha al requerimiento, lo que demostraba que no había ningún apuro. De todas maneras, para los grandes medios, la oportunidad resultó buena para hostigar a la ex presidenta y, en este caso, presionar sobre su hija, dando a entender que el tribunal le estaba ajustando las clavijas.

El único juicio que afronta Florencia está a cargo de ese TOF 5 y consiste en la unificación de las dos causas que tienen que ver con los alquileres de hoteles y oficinas, es decir las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur. Los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Pallioti resolvieron hacer un único juicio porque en verdad originalmente era una sola causa y, por obra y gracia de Claudio Bonadío y Comodoro Py, se armaron dos expedientes paralelos. Bonadío fue echado de la causa Hotesur por irregularidades y entonces armó la causa Los Sauces para colarse por la ventana. Se produjo después la escandalosa maniobra de que procesó a toda la familia Kirchner y, tras hacerlo, se declaró incompetente.

En el caso Los Sauces –que abarca ocho pequeñas casas en Río Gallegos, alquiladas a empresas de Lázaro Báez para que alojen a su personal; tres unidades en Puerto Madero –una en la que tenía su oficina central Cristóbal López y otro en el que vivía la ex esposa de Fabián De Souza–; un hotel en El Chalten, el Aldea, el departamento en el que vive Florencia en la calle San José, en CABA y la casa de Cristina en Río Gallegos en la calle Moscariello– tanto la fiscalía, las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, así como la defensa de los Kirchner, pidió la realización de las pruebas preliminares antes del juicio. El tribunal ya aceptó mandarlas a hacer. Por ejemplo, se ordenó una pericia contable que tarda meses en terminarse, pese a que todos los alquileres fueron en blanco, declarados ante la AFIP y los cobros se ingresaron en bancos.

Pero en el caso de la sociedad Hotesur –propietaria únicamente del hotel Alto Calafate– la instrucción suplementaria todavía no se proveyó. Parece que hay un proyecto de aceptación de pruebas, pero el tribunal no se expidió aún. Y seguro que en ese caso también se ordenarán pericias que tardan meses, incluyendo otra pericia sobre los alquileres –tres años a la empresa de Lázaro Báez, Valle Mitre–, aunque igualmente todo fue hecho en blanco y bancarizado.

Si se toma en cuenta que los jueces del TOF 5 atienden hoy en día uno o dos juicios semanales, el cálculo es que no hay ninguna chance de que las audiencias por Los Sauces–Hotesur empiecen en este año. Las pericias y el resto de las pruebas difícilmente se terminen durante 2020 y están los que creen que el juicio ni siquiera empezará en 2021. El ejemplo más gráfico es el del juicio por el Plan Qunitas. La causa fue elevada a un tribunal oral en noviembre de 2016: pasaron más de tres años desde entonces sin que arranquen las audiencias ni hay fecha prevista para ese inicio, mientras que Hotesur se elevó a juicio recién en 2019, lo que hace previsible que en realidad las audiencias tampoco empiecen ni siquiera en 2021.

Todo ese análisis demuestra que, en el caso de Florencia, la insistencia de algunos medios es sólo presión sobre Cristina. No hay ninguna razón procesal que requiera a la hija de la vicepresidenta en la Argentina en 2020 y posiblemente tampoco en 2021. Por lo que se trata de pura persecución política. Todo eso más allá de que Florencia tenía 12 años cuando se constituyeron las sociedades, nunca firmó ningún contrato y nunca cobró ningún cheque de los alquileres. Es parte de Los Sauces y Hotesur porque heredó las acciones después de la muerte de su padre y por fallo de un magistrado en el juicio sucesorio.

Este último punto es de máxima importancia porque se está extendiendo un criterio en Comodoro Py: no tiene razón de ser imputar a accionistas o a personas que no fueron gerentes o directivos con mando en una empresa, porque no tuvieron el control, no firmaron, no tomaron las decisiones. Y Florencia está, precisamente, en esa situación.

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Deportes

Pornoextorsión a Lavezzi: un informe de Facebook será decisivo para encontrar al culpable

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La justicia le hizo un pedido formal al gigante de las redes sociales. El jugador ya declaró en la causa instruida por la fiscal Daniela Dupuy. La extorsión fue hecha a cuentas privadas del jugador. El delito de “suplantación de identidad”

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Coronavirus

Qué penas dispone el Código Penal para las personas que rompan la cuarentena y pongan en riesgo la salud pública

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Con la idea de evitar la propagación del coronavirus, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que será obligatoria la cuarentena para las personas que viajaron a los países más afectados por el avance de la enfermedad. La medida será oficial a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicará en el Boletín Oficial.

Según el Jefe de Estado, las personas que incumplan “estarán incurriendo en un delito”. En este sentido, el actual Código Penal dispone entre tres y 15 años de cárcel para las personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa”, en el artículo 202. En tanto, el artículo 203 hace referencia a multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”.

En el caso de que tuviere como resultado enfermedad o muerte “se aplicará prisión de entre seis meses a cinco años”.

En tanto, el artículo 205 destaca: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Operativo de seguridad sanitaria en un avión en Ezeiza

Operativo de seguridad sanitaria en un avión en Ezeiza

“Yo dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, aseguró Alberto Fernández en diálogo con FM Delta.

El mandatario planteó, además, que en los próximos días se evaluarán medidas como “suspender el trato con Italia” y la suspensión o no de los espectáculos públicos para evitar la expansión del coronavirus. “Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días, así como qué hacemos con los espectáculos públicos”, indicó.

Hasta el momento, la recomendación oficial del Gobierno es “no viajar a Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur”, donde hay mayor cantidad de casos de coronavirus. Y, en el caso de hacerlo, cumplir con una cuarentena de 14 días para evitar la propagación del virus. Hasta el momento, en el país se registraron 19 casos de la enfermedad y un paciente fallecido.

A nivel mundial, la enfermedad ya llegó a al menos 118 países y amenaza a los sistemas de salud menos desarrollados. Si bien la cantidad de contagios comenzó a declinar en China, país donde se originó el brote, los infectados están en alza en varios continentes y la cifra total supera a los 120.000. Hay 4.368 muertos y 66.216 personas pudieron recuperarse del virus.

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Judiciales

Ramos Padilla denuncia que en Comodoro Py buscan beneficiar a Stornelli

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El juez de Dolores inició una serie de resoluciones en las que advierte un intento de desguazar el expediente que él tramita en Dolores. Considera que las maniobras de Marcelo D’Alessio y otros deben ser investigadas en conjunto, como operaciones de una misma banda dedicada al espionaje ilegal, las extorsiones y el armado de causas falsas.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, inició una serie de resoluciones en las que virtualmente acusa a magistrados de Comodoro Py de querer desguazar el expediente que él tramita en Dolores y de jugar a favor del procesado fiscal Carlos Stornelli. Ramos Padilla rechazó entonces el envío de partes de la causa a Comodoro Py porque considera que todas las maniobras que perpetraron Marcelo D’Alessio, Stornelli, los comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el fiscal Juan Ignacio Bidone, el ex agente Rolando Bareiro, entre otros, deben ser investigados como un todo, como operaciones de una misma asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, extorsiones y armado de causas falsas, con vínculos con la política y el estado, en especial la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Ramos Padilla respondió al planteo de los tres magistrados que, de una u otra manera, quieren quedarse con partes del expediente, sometiéndolo a una especie de descuartizamiento. Pero, además, el juez de Dolores hace notar el papel de Stornelli en las tres causas: “En uno de esos casos, el doctor Stornelli aparece como parte querellante, en otro como pretenso querellante y en el restante directamente es el fiscal de la causa”, detalla Ramos Padilla.

Los tres planteos al juez de Dolores son inauditos.

Caso I

Una semana después de desatado el escándalo por la extorsión de D’Alessio al empresario Pedro Etchebest, el fiscal Stornelli se presentó a la justicia de Comodoro Py con una denuncia contra el falso abogado por defraudación. Quiso instalar que D’Alessio lo invocaba de manera fraudulenta, o sea que él era una víctima del falso letrado. Fue el camino que encontró Stornelli para llevarse la causa al edificio de Retiro, donde juega de local. El juez sorteado, Julián Ercolini, aceptó este criterio y permitió que Stornelli fuera denunciante y querellante en esa causa.

La respuesta de Ramos Padilla es durísima: “es necesario mantener siempre presente la inversión de los roles procesales: mientras en este juzgado se investigaba el rol de la AFI en los hechos, y se lo tiene a Stornelli como imputado, Ercolini ha avalado que estos mismos actores se constituyeran como querellantes”.

O sea, el juez le dice a su par que en Dolores, D’Alessio, Stornelli, la AFI y compañía están acusados de integrar una asociación ilícita, mientras que Ercolini los acepta como víctimas. Y –continúa Ramos Padilla– en Comodoro Py parecen olvidarse que actuaban en conjunto, que tenían chats, mensajes, reuniones, e incluso D’Alessio espiaba al ex marido de la esposa de Stornelli por pedido de éste último.

Ercolini argumenta que gran parte de los delitos ocurrieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que Ramos Padilla no tiene competencia. El magistrado de Dolores le reitera que la extorsión se concretó en el regreso de una reunión entre D’Alessio y Stornelli en Pinamar, es decir que en ese viaje el falso abogado le pidió a Etchebest 300.000 dólares para aliviarle una supuesta complicada situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Como se sabe, en esa causa el fiscal era Stornelli y D’Alessio le dijo que Etchebest que había arreglado todo con el fiscal en el encuentro del parador CR. Luego la banda actuó desde la zona de Ezeiza y en otro lugares, de manera que tampoco CABA fue el escenario de todo. Además, Ramos Padilla le recordó que la Cámara Federal de Mar del Plata ya lo confirmó al frente del expediente.

La conclusión es que el juez de Dolores no dejará su lugar como instructor de toda la causa, no sólo la que investiga la extorsión a Etchebest.

Caso II

El juez de Comodoro Py Sebastián Casanello le reclama a Ramos Padilla que deje de instruir el caso de la extorsión de D’Alessio a Pablo Erasmo Barreiro, un ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner. El padre de Pablo, Ricardo Barreiro, estaba detenido en la causa de las fotocopias de los Cuadernos y eso fue aprovechado por la banda de D’Alessio para “poner en pánico” al hijo haciéndole saber que también a él estaban por detenerlo. Por supuesto, invocaron la relación con Stornelli y que ellos podrían arreglar todo. Nuevamente el fiscal se ubicó como víctima, pese a que Pablo Barreiro declaró que cuando se presentó a declarar ante el propio Stornelli le advirtió que le estaban pidiendo dinero en su nombre. La declaración de Barreiro nunca apareció en la causa.

El caso exhibe la mano del camarista que forzó las detenciones de los ex funcionarios kirchneristas, Martín Irurzun. Sucede que Casanello opinó inicialmente que la causa le correspondía a Ramos Padilla, pero Stornelli y otro imputado –que luego fue abogado de Stornelli– , Carlos Liñani, apelaron lo decidido por el juez. Irurzun revocó el fallo de Casanello y virtualmente le ordenó que le reclamara la causa a Ramos Padilla.

La jugada de Irurzun también apuntaba a llevar el expediente a Comodoro Py, donde funcionó aceitadamente el juego entre algunos jueces, fiscales, camaristas, el aparato mediático y, por supuesto, la cabeza política con sede en la Casa Rosada.

Nuevamente, el juez de Dolores insistió con que no corresponde desguazar el expediente porque se trata de una única asociación ilícita que él viene investigando desde hace más de un año y en la que hay detenidos, procesados y una cantidad enorme de pruebas recolectadas.

Caso III

Es el caso que con más claridad exhibe el contubernio político-mediático-judicial. En su resolución, Ramos Padilla adelanta que habrá un texto más largo y específico dedicado al planteo que le hizo el fallecido Claudio Bonadío y que heredó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, hoy a cargo del juzgado de Bonadío. Uno de los ingredientes de la movida es que en esa causa el fiscal es nada más y nada menos que el propio Stornelli. De manera que Bonadío le estaba exigiendo a Ramos Padilla que diera un paso al costado para que todo quede en manos de él (Bonadío) y de Stornelli.

Es el expediente relacionado con la compra de Gas Natural Licuado (GNL). Como se sabe, la prueba esencial de esa causa fue un peritaje trucho armado por el ingeniero David Cohen, hoy a punto de ir a juicio por falso testimonio agravado. El estudio indicaba la existencia de sobreprecios en base a un precio del GNL que se manejaba en gasoductos de Estados Unidos, incomparable con el gas traído en barcos. Para sostener esa postura descabellada, Cohen copió textos de estudiantes chilenos, sin siquiera citar la fuente y mencionando a organismos internacionales inexistentes.

Dado el hundimiento de la prueba principal, el que vino a tratar de salvar el expediente –que apuntaba a Julio De Vido, Roberto Baratta y también a Cristina– fue Marcelo D’Alessio. El falso abogado declaró dos veces en secreto, el 5 y el 12 de noviembre de 2016. Como es obvio, los elementos de prueba surgieron en los allanamientos a la vivienda de D’Alessio, donde se encontraron archivos de preparación de la maniobra. Esta claro que era otra operación de la asociación ilícita dedicada al espionaje y el armado de causas.

Otra vez, entonces, se produjo la jugada de exigirle a Ramos Padilla que entregue una parte de su investigación, desguazando el expediente que tramita en Dolores. Y esa es la pretensión que fue rechazada por el magistrado.

En el año transcurrido desde el estallido del caso, se han hecho todas las maniobras imaginables. Hubo un intento de desplazar a Ramos Padilla mediante un juicio político, recusaciones de variado tenor, pedidos de inhibición, la difusión de escuchas ilegales a los detenidos de Ezeiza para instalar que el expediente fue un armado de los presos, anónimos, sobres que llegaron a fiscalías, aprietes y hasta el pedido a una víctima, el ex esposo de la actual pareja de Stornelli, Jorge Castañón, para que no vaya a declarar porque Mauricio Macri había prometido echar a Ramos Padilla en una semana.

Contra viento y marea, el expediente de Dolores avanza.

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