El Gobierno suspende el feriado puente del 24 de mayo por la situación epidemiológica que atraviesa el país. La decisión, que fue tomada en conjunto entre los ministerios del Interior y de Turismo, será oficializada en los próximos días.

Se lo confirmaron a Clarín fuentes del Gobierno, quienes precisaron que el objetivo de esta medida es desincentivar la circulación en ese fin de semana, en plena segunda ola del covid.

Desde la cartera que conduce Matías Lammens adelantaron que, en primera instancia, el feriado puente se pasará al mes agosto, para complementar el martes 17, fecha en que se conmemora el Día del Paso a la Inmortalidad de San Martín.

“La idea, obviamente por la cuestión sanitaria, era que no hubiera movimiento turístico ese fin de semana. Al ser el lunes 24 un feriado puente para estimular la industria turística, con esta restricción dejaba de tener sentido”, señalaron desde Turismo.

“Es una medida sensata en defensa de la salud pero también del turismo porque este fin de semana iba a ser muy malo. En cambio, en agosto, con la situación sanitaria mejorada y un buen clima, va a a tener mayor movimiento”, agregaron fuentes del Ministerio.

El 24 de mayo era el primer feriado con fines turísticos previsto en el calendario 2021.

De acuerdo al Ministerio del Interior, quedan otros dos para este año: el viernes 8 de octubre (antes del lunes 11, trasladado desde el 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural) y el lunes 22 de noviembre (luego del sábado 20, Día de la Soberanía Nacional).

Además, el DNU vigente que pone restricciones a la circulación, tras el aumento de casos de covid, terminará tres días antes del feriado turístico, el 21 de mayo.

Ese decreto de necesidad y urgencia contempla la suspensión de clases presenciales, una medida que entraría en contradicción con el fomento del traslado de personas, que es el espíritu de los feriados puente.

En ese sentido, el Gobierno ya presentó en el Congreso un proyecto de ley para blindar las próximas restricciones, tras la polémica generada con la Ciudad por el cierre de escuelas y el posterior revés en la Corte Suprema.

Esta iniciativa prevé el cierre automático de las aulas en zonas de alarma epidemiológica. Desde el oficialismo esperan que se apruebe antes del 21 de mayo, cuando vencerá el DNU vigente.

El antecedente de Semana Santa

Caravana de autos en la ruta 2 por Semana Santa. Foto Marcelo Carroll

El antecedente más cercano –y que generó debates al interior del Gobierno– es Semana Santa, del 1° al 4 de abril.

Entonces, en plena suba de contagios, hubo reuniones entre distintos ministerios e incluso con empresarios del sector turístico, uno de los más golpeados por la cuarentena, para evaluar restricciones.

Finalmente, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, les confirmaron a las cámaras turísticas que no impondrían trabas al turismo. En cambio, pidieron a la población extremar los cuidados y protocolos.

De todas maneras, desde la Casa Rosada buscaron desalentar los viajes hacia y desde el exterior. También suspendieron los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México (ya regía una medida similar con Gran Bretaña) y reforzaron el control de las fronteras.

Día de sol y playa en Mar del Plata, en enero pasado. Foto Nicolás Torreiro

Finalmente, 4,2 millones de turistas argentinos visitaron diferentes zonas de la Argentina a lo largo de Semana Santa.

Los visitantes desembolsaron alrededor de 14.066 millones de pesos a lo largo de los cuatro días, según un informe confeccionado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Como en Semana Santa de 2020 regía el estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, para encontrar registros similares hay que remontarse a 2019. Aquel año se movilizaron 4,7 millones de personas.

“Más de la mitad de quienes tenían reservas para hacer turismo en Semana Santa decidieron cancelarlas, mientras nosotros manteníamos cerradas las fronteras y suspendíamos vuelos con algunos países”, evaluó Alberto Fernández a fines de abril, cuando anunció nuevas medidas contra el coronavirus.

En 2019, el doctor Richard Leiter, especialista en cuidados paliativos, conoció a un paciente y a la esposa del hombre en la unidad de cuidados intensivos del Brigham and Women’s Hospital de Boston.

El paciente, de unos 70 años, tenía una enfermedad cardíaca y problemas renales.

Pero había estado viviendo en su casa y se encontraba razonablemente bien hasta que la sepsis, una infección del torrente sanguíneo potencialmente mortal, lo envió a urgencias.

Trabajadores sanitarios atienden a un paciente con COVID-19 en el Hospital Llavallol en Buenos Aires. Foto AP Photo/Natacha Pisarenko.

Llevaba ya varios días conectado a un respirador artificial y necesitando fármacos para evitar que su presión arterial cayera en picada.

Ahora, “sus riñones ya no funcionaban y no se despertaba en absoluto”, recuerda Leiter, y añade: “Nos preocupaba mucho que no fuera a sobrevivir”.

Cuando el equipo de cuidados paliativos renales -que incluye una enfermera y un trabajador social, así como un nefrólogo de consulta- se reunió con la mujer del hombre para hablar del tratamiento, le propuso lo que se conoce como un ensayo de duración limitada, en el que el tratamiento de mantenimiento de la vida continúa durante un período acordado para ver cómo responde el paciente.

Leiter explicó que el equipo podía probar la diálisis continua, que podría hacer lo que los riñones del hombre ya no podían: eliminar las toxinas y los líquidos de su cuerpo para que pudiera recuperar la conciencia.

Pero “no estábamos seguros de que la diálisis sirviera de algo”, recuerda haberle dicho Leiter.

El equipo no era optimista.

Además, la diálisis continua implica la implantación de un gran catéter en el cuello, un procedimiento invasivo que se suma a las incómodas medidas que el paciente ya estaba soportando.

Su mujer informó de que él valoraba su independencia y su conciencia mental.

Si el hombre se estaba muriendo, la diálisis podría simplemente prolongar su sufrimiento; si sobrevivía, podría quedar gravemente afectado.

Ella comprendía los riesgos, recordó Leiter.

 “Me dijo: ‘Comparto tu preocupación, pero necesito saber que lo he intentado’“.

Aceptó someterlo a diálisis las 24 horas del día durante tres días.

Si la presión arterial de su marido se estabilizaba y se despertaba, el equipo continuaría el tratamiento.

Pero si seguía inconsciente, explicó Leiter a la mujer, eso indicaba que era poco probable que su marido se despertara.

En ese caso, el equipo mantendría al paciente cómodo mientras le retiraban los dispositivos y fármacos de soporte vital.

Opción​

Aunque hay pocos datos sobre la frecuencia con la que los médicos de cuidados intensivos sugieren un ensayo de duración limitada, “está ganando adeptos como forma de relacionarse con los pacientes y las familias en las UCI”, dijo el Dr. Douglas White, que dirige el Programa de Ética y Toma de Decisiones en Enfermedades Críticas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

Este enfoque puede recibir un impulso gracias a un estudio realizado en tres grandes hospitales de Los Ángeles y publicado recientemente en JAMA Internal Medicine.

Los investigadores formaron a los miembros del personal de la UCI, entre ellos unos 50 médicos, para que utilizaran ensayos de duración limitada cuando se reunieran con los familiares que tomaban las decisiones de los pacientes que estaban demasiado enfermos para dirigir su propia atención.

“La situación típica es que el equipo médico es pesimista”, dijo el doctor James A. Tulsky, médico de cuidados paliativos del Instituto Oncológico Dana Farber de Boston y coautor de un editorial que acompaña al estudio.

“Los pacientes están muy enfermos y al equipo le preocupa que las probabilidades de supervivencia, con cualquier tipo de calidad de vida aceptable para el paciente, sean muy bajas”, dijo.

“Sin embargo, la familia mantiene la esperanza de que algo cambie. Puede haber mucho conflicto en torno a esto”.

Un ensayo limitado en el tiempo -se utilice o no ese término preciso por parte del personal de la UCI- incorpora varios elementos clave.

El equipo médico pregunta a los familiares sobre lo que le importa al paciente, incluidos los esfuerzos médicos que aceptaría o rechazaría.

Si los médicos proponen un tratamiento, como un ventilador para ayudar a un paciente a respirar o un dispositivo para ayudar a un corazón vacilante, explican no sólo los posibles beneficios sino también los inconvenientes.

“Estas intervenciones son potencialmente dolorosas, carecen de dignidad y son tremendamente gravosas“, afirma Tulsky.

A menudo, hay que sedar a los pacientes de la UCI para que no intenten sacar los incómodos tubos y catéteres respiratorios.

El equipo y la familia acuerdan un tiempo determinado para probar el tratamiento, que puede ser de 24 a 48 horas o unos días, según la terapia y el estado del paciente.

A continuación, el personal traza los marcadores concretos que mostrarán si el paciente está mejorando.

Tal vez pueda respirar con menos apoyo del ventilador, o reciba resultados alentadores de los análisis de sangre, o recupere la conciencia.

Entonces, podrá abandonar la UCI para recibir los cuidados hospitalarios habituales.

“Queremos poder decir que le hemos dado el tiempo suficiente para ver cómo le va a ir”, dijo el Dr. Dong Chang, especialista en cuidados críticos del Centro Médico Harbor-UCLA y autor principal del estudio.

“Lo único que no queremos es continuar indefinidamente“, dijo.

Cuando los pacientes no cumplen los objetivos especificados, añadió, “eso suele ser una señal de que no van a mejorar: fallecerán o acabarán en un estado que no desearían”.

En ese caso, la familia puede optar por un tratamiento menos agresivo o por cuidados de confort.

El estudio de Los Ángeles, en el que participaron unos 200 pacientes de la UCI con una edad media de 64 años, demostró la gran diferencia que puede suponer este enfoque.

La mitad de los participantes fueron tratados antes de que los hospitales adoptaran los ensayos de duración limitada; los investigadores compararon sus resultados con los de los pacientes tratados después de que dichos ensayos se convirtieran en práctica habitual.

Al principio, el 60% de los pacientes se reunía formalmente con la familia para sopesar las decisiones.

Después de que los hospitales introdujeran los ensayos de duración limitada, casi el 96% de las familias tuvieron reuniones formales, y éstas tuvieron lugar mucho antes, un día después del ingreso del paciente, en lugar de cinco días.

Las sesiones tenían muchas más probabilidades de incluir discusiones sobre los valores y preferencias del paciente y sobre los riesgos y beneficios del tratamiento.

La duración media de la estancia se redujo en un día, un cambio significativo.

Y lo que es más importante, la proporción de pacientes que permanecieron durante semanas en la UCI se redujo drásticamente, quizá porque menos recibieron tratamientos invasivos y más tenían órdenes de no reanimación.

Sin embargo, la tasa de mortalidad fue prácticamente la misma -y elevada, casi un 60%- en ambos grupos.

“Nos tranquilizó saber que no estábamos empujando a los familiares a situaciones incómodas, empujándolos a reducir los tratamientos para alguien que habría sobrevivido”, dijo Chang.

Los ensayos de tratamiento coinciden con lo que muchos pacientes dicen a sus médicos, dijo White: “Dicen cosas como: ‘Si puedes sacarme de esto rápidamente, por supuesto. Pero no me mantengas con máquinas a largo plazo‘”.

Decisiones difíciles

Los ensayos también pueden ayudar a las familias que se enfrentan a decisiones aplastantes, y que a menudo sufren culpa y dudas tras la estancia de sus seres queridos en una UCI.

“La gente es muy humana en su forma de reaccionar ante una mala noticia impactante”, dijo White. “Puede llevar tiempo asimilarlo“.

Los ensayos de tratamiento proporcionan ese tiempo y ofrecen una tercera opción: un punto intermedio entre autorizar todos los procedimientos agresivos posibles o suspender las medidas de mantenimiento de la vida.

Para las familias, dijo Chang, “participar en estas conversaciones, ver cómo se desarrolla el tratamiento ante ti, puede ser un estímulo.

 ‘Ahora veo lo que ven los médicos. Entiendo por qué creen que no va bien'”.

En una UCI en la que nadie sugiere una estrategia de este tipo, los propios familiares pueden preguntar: ¿Podemos hacer una prueba de tiempo limitado, si hay algo que crees que puede ayudar?

“El personal entendería lo que significa, y creo que respondería positivamente”, dijo Leiter.

Su paciente en el Brigham and Women’s Hospital, incluso con diálisis continua, nunca se despertó, recordó Leiter: “Cuando pasaron tres días, su mujer dijo: ‘Basta. Hagamos lo posible para que muera en paz'”.

Ella y sus hijos se reunieron mientras el equipo le suministraba analgésicos y retiraba los tubos y la maquinaria.

Mientras mantenían la vigilia, el hombre murió en cuestión de horas.

El gobierno de Joe Biden cedió este miércoles a las crecientes presiones internacionales y anunció que respaldará el levantamiento de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el Covid 19, una decisión que, si bien “llevará tiempo”, podría dar un fuerte impulso a la fabricación de vacunas en otros países.

Estados Unidos era uno de los países que se oponían en la Organización Mundial de Comercio (OMC) a suspender la propiedad intelectual para alentar la producción, en momentos en que hay graves picos de contagios en India y Sudamérica. Por eso el presidente Biden estaba bajo fuerte presión para que apoyara la propuesta, incluso dentro de su propio partido demócrata.

La iniciativa había sido impulsada por India y Sudafrica en la OMC y avalada por decena de naciones, entre ellos la Argentina, porque abre la puerta para que los países puedan producir sus propios genéricos de vacunas, sin tener que esperar meses o años para el envío de dosis.

Katherine Tai, la Representante de Comercio de Estados Unidos, anunció este giro en un comunicado: “Esta es una crisis de salud global, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 demandan medidas extraordinarias”, dijo.

Las vacunas contra el coronavirus, un bien escaso y cuya producción afronta fuertes dificultades. Foto Reuters

“La administración apunta a conseguir la mayor cantidad de vacunas seguras y efectivas para la mayor cantidad de personas lo más rápido posible”, agregó.

La funcionaria dijo que EE.UU. va a participar en las discusiones en la OMC sobre las patentes y que eso “llevará tiempo, dado que se debe llegar a un consenso y que el tema es complejo”.

Según expertos consultados por Clarín, la medida, cuando realmente se concrete, será un avance innovador que acelerará la producción de vacunas en todo el mundo y reducirá su costo para que muchos otros países puedan fabricar y distribuir vacunas a sus poblaciones.

Ngozi Okonjo Iewala, directora general de la OMC, urgió a los países integrantes de la organización a proceder rápidamente con las negociaciones. “Los miembros deben compartir sus vacunas, aquellos que han pedido más de lo que realmente necesitan deben compartir con otros, ya sea a través de la instalación de Covax u otros mecanismos”, remarcó Okonjo.

Tai anunció además que el gobierno de Biden trabajará para incrementar la oferta de insumos para la producción de vacunas.

El gobierno de Biden debatía internamente si cedía o no a este reclamo internacional y respaldaba una propuesta para abrir la fórmula de sus vacunas para permitir que puedan fabricarse en el resto del mundo, o si optaba por preservar la propiedad intelectual y ampliar la producción en Estados Unidos para abastecer a otros países, que era otra corriente de pensamiento interna.

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, pidió un compromiso para suspender las patentes de las vacunas conra el Covid. Foto Reuters

Algunos funcionarios de la Casa Blanca habían advertido que renunciar a las protecciones sobre las vacunas podría desencadenar una nueva competencia por los ingredientes que podrían alterar la producción mundial. Las compañías farmacéuticas también se han opuesto vehementemente a la liberación, advirtiendo que podría tener impacto drástico en su capacidad para producir vacunas y podría afectar al empleo estadounidense.

Incluso Anthony Fauci, uno de los asesores más destacados del presidente en temas de coronavirus, había dicho al Financial Times el lunes que tenía dudas sobre la medida: “Ir y venir, consumir tiempo y abogados en argumentos legales sobre exenciones, no es el final. La gente está muriendo en el mundo y tenemos que ponerle vacunas en los brazos de la manera más rápida y eficiente posible”.

De hecho, una vez anunciada la medida, las acciones de las compañías y laboratorios vinculados a la producción de las vacunas cayeron drásticamente en Wall Street.

La ofensiva, llevada adelante por India y Sudáfrica en la OMC, había contado con el apoyo de activistas, organizaciones de derechos humanos, y figuras como el papa Francisco. Más de 170 ex mandatarios, como Gordon Brown, del Reino Unido, Juan Manuel Santos, de Colombia, o François Hollande, de Francia, y premios Nobel, como Joseph Stiglitz, firmaron y enviaron una carta a la Casa Blanca pidiendo por la suspensión.

Pero enfrentaba la resistencia de muchos países con industrias farmacéuticas y biotecnológicas influyentes, como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea.

William Schaffner, profesor de Enfermedades Infecciosas de la Vanderbilt University, dijo a Clarín que la decisión de liberar las patentes “es un avance innovador que tiene implicancias tanto inmediatas como a largo plazo. Inmediatamente, acelerará la producción de vacunas en todo el mundo y reducirá su costo para que muchos otros países puedan fabricar y distribuir vacunas a sus poblaciones. Se trata verdaderamente de una respuesta a una pandemia mundial que beneficia a todos los habitantes del mundo”.

Agregó que para Estados Unidos también tiene su beneficio: “Esta respuesta humanitaria también nos beneficia porque al ayudar a reducir la pandemia en otros lugares, estamos reduciendo la oportunidad de que se desarrollen nuevas variantes del virus. Se podrían importar nuevas variantes a los Estados Unidos y causar más enfermedades. Entonces, al reducir “lo que hay”, podemos reducir el riesgo de que se exporten variantes aquí”.

El experto señala que, a más largo plazo, “sienta un precedente tal que, cuando surja la próxima pandemia, se espera que se comparta tecnología y la respuesta mundial sea mucho más rápida”. También, la medida “ayudará a las compañías en otros países en desarrollo a producir vacunas, aumentando así el suministro mundial y asegurando que la vacuna COVID estará disponible más rápidamente para las personas en el mundo en desarrollo”.

“Es una gran noticia para el mundo”, dijo a Clarín Paulo H. Verardi, profesor de Virología y Vacunación de la Universidad de Connecticut. “Esta pandemia es una carrera contra el tiempo. Todo lo que se pueda hacer para acelerar la producción y distribución de vacunas es una buena noticia y es lo correcto en este momento. Imagínense el beneficio potencial para lugares que necesitan vacunas tan desesperadamente hoy como Brasil e India, y países pobres que no pueden pagar las vacunas y podrían terminar convirtiéndose en el próximo Brasil o India”.

“Sin embargo –advirtió el experto–, flexibilizar las protecciones de la propiedad intelectual es solo una parte de la ecuación necesaria para resolver el problema. Lo que necesitamos es la producción a gran escala y la distribución dirigida a países pobres y de recursos limitados, y esa parte de la ecuación aún necesita mucha corrección. Entonces, este sería un gran primer paso, con muchos más por venir”.