La iniciativa contempla la limitación del uso de armamento reglamentario para quienes hayan sido acusados por agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales o violaciones

El uso del arma reglamentaria por parte de agentes de fuerzas de seguridad que tengan denuncias por violencia de género vuelve a estar en el centro de la escena tras el femicidio de Úrsula Bahillo. La joven de 18 años fue asesinada por su ex pareja, el policía de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, a pesar de haber alertado a las autoridades que era víctima de agresiones y amenazas, y de contar con una restricción perimetral para que el hombre no se le acercara.

En ese marco, la diputada por la provincia de Buenos Aires Noelia Ruiz presentó un proyecto de ley para restringir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal policial o penitenciario en los casos que exista una o más denuncias por violencia de género o intrafamiliar. A diferencia de otras iniciativas, en este caso se contempla tanto la restricción preventiva, como cuando el hecho ya está consumado y existe una causa penal.

“Está estadísticamente comprobado que la presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidio. Esto ocurre porque el varón violento tiene en sus manos un arma letal, lo que contribuye a mantener una cultura íntima de violencia. Según las estadísticas del Observatorio Mumala, uno de cada cuatro femicidios cometidos con armas de fuego fueron consumados por integrantes de las fuerzas policiales”, detalla la diputada Ruiz en diálogo con Infobae.

El proyecto contempla la restricción de la portación de armas de fuego no solo para los agentes de las fuerzas que tengan denuncias por violencia de género, también para quienes hayan sido acusados por agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales o violaciones. Asimismo, considera la reincidencia de los efectivos y plantea restricciones parciales y totales de acuerdo a cada situación.

La iniciativa plantea dos modalidades para limitar la portación de armas de fuego. Una es preventiva: en este caso, se abre una actuación administrativa a través de la cual se resuelve la restricción del uso del arma. La otra es a través de una medida cautelar: en caso de que haya una causa formal por violencia de género, se actúa en ese marco legal.

En este último caso, además, la restricción de armamento de dotación se podrá realizar de forma parcial o total. En el primer caso, el oficial con antecedentes o denuncias por violencia de género solo podrá utilizar el arma durante la jornada laboral, por lo que deberá depositarla en la armería de su destino al culminar la misma. En el segundo caso, en ningún momento podrá usar el arma.

Matías Ezequiel Martínez, el oficial de la Bonaerense que mató a Úrsula Bahillo

Además, se especifica que para el levantamiento de la medida restrictiva se tendrán en cuenta varias consideraciones: la evaluación que efectúe la junta médica de la fuerza correspondiente, el tratamiento que realice la persona denunciada con profesionales de salud mental especializados en la materia, las medidas disciplinarias que correspondan, los informes elaborados por un equipo interdisciplinario, la resolución del juzgado interviniente y la situación procesal de la persona denunciada.

“Hay que concientizar en materia de género a todos y a todas, pero especialmente a aquellos que tienen responsabilidades públicas y a quienes tienen que cuidarnos. Es importante que la Ley Micaela siga avanzando y se siga profundizando”, asegura la diputada de Juntos por el Cambio.

La movilización realizada esta tarde en repudio al femicidio de Úrsula, y para exigir modificaciones en la Justicia en materia de género

Algunas de estas medidas ya estaban contempladas en el Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios, presentada en 2019 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ante la alarmante situación actual, Ruiz considera que es necesario enmarcar estas acciones bajo una ley con alcances específicos.

En ese sentido, la diputada concluyó: “Es facultad del Ejecutivo este tipo de protocolos internos de actuación, pero es necesaria una ley marco que establezca con claridad que quienes nos cuidan no solo deben tener una profunda capacitación en temas de violencia de género, sino además tener ciertas restricciones en el uso de armas de fuego cuando hay denuncias por violencia de género o intrafamiliar”.

Una multitud se manifestó esta tarde en Tribunales a raíz de una convocatoria de la agrupación Ni Una Menos. La movilización se realizó en repudio al femicidio de Úrsula y en reclamo de modificaciones en la Justicia para evitar otros casos similares.

Úrsula fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero pasado por su ex pareja, el policía de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, en un descampado cercano a la ciudad de Rojas. Ella ya lo había denunciado en dos oportunidades por violencia de género y por romper el límite perimetral que se le había impuesto, pero aún así la asesinó de 15 puñaladas, después de llevarla en su auto a las afueras de la ciudad.

Figura en el puesto 12º a nivel mundial en cantidad de casos y 27° en la tasa de incidencia. Cuánto tardaron otras naciones en alcanzar ese número de casos. Qué dicen los demás indicadores sanitarios

A 344 días del primer caso, el 3 de marzo del año pasado, y con casi 11 meses de cuarentena, Argentina llegó a los 2.001.034 contagios por coronavirus. Los números la ubican dentro de los países con más casos detectados de COVID-19 acumulados, en el lugar 12º de una lista de 150 naciones. Esta posición no varió sustancialmente luego de haber ingresado el 31 de agosto pasado al top ten mundial de países.

En marzo del año pasado, un informe reservado publicado por Infobae dos días después de dictada la primera cuarentena, revelaba las proyecciones del Gobierno según distintos escenarios. El más pesimista auguraba que se llegaría a los 2.200.000 afectados a medida que la pandemia avanzara en el tiempo. También se consignaba que el número de muertos podría ascender a 60.000 -muy lejos de los 4 fallecidos que había registrados al 22 de marzo -, y nuestro país ya se acerca a los 50.000 decesos por COVID-19.

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Este gráfico muestra cómo se posiciona Argentina respecto de los 30 países con más casos. Al pararse sobre cada esfera, se despliegan los indicadores del país respectivo. Arriba a la izquierda, se puede seleccionar el indicador sanitario a visualizar

La velocidad a la que se superaron los 2 millones de contagios en cada país depende de distintos factores: el nivel de circulación del virus, la campañas y medidas de prevención impuestas, la política de testeos y el número de análisis realizado, la política de aislamientos de contactos estrechos, la extensión del confinamiento, la vulnerabilidad de los adultos mayores, entre otros.

Los países que superan a Argentina en número de casos positivos acumulados son Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido, Rusia, Francia, España, Italia, Turquía, Alemania y Colombia.

Estados Unidos llegó a los 2 millones de contagios el 11 de junio del año pasado. India el 7 de agosto; Rusia el 20 de octubre; Francia el 17 de noviembre, Reino Unido y Turquía el 19 de diciembre, Italia el 24 de ese mes, España el 8 de enero de este año, Alemania el 14 y Colombia el 24 del mes pasado.

Si se cuentan los días transcurridos desde el primer caso detectado, mientras a Argentina le tomó 343 días alcanzar los 2 millones de contagios detectados, a Alemania le requirió 352.

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Al posicionarse sobre cada barra, se muestra la fecha del primer caso y la del día que se registraron 2 millones, así como los días transcurridos

En menos tiempo llegaron a esa cifra España en 342 días; Italia, 328 días; el Reino Unido y Colombia 322; Francia 297; Turquía 284; Rusia 262; e India 190. Los dos países que más rápido llegaron a los 2 millones de casos confirmados fueron Brasil, en 141 días, y Estados Unidos, en 140.

Contagios por habitantes

Los números absolutos de casos no son comparables entre países con distinto tamaño poblacional. En ese sentido, es recomendable analizar la tasa de incidencia, que ubica a Argentina en la posición 27 dentro de una lista de 150 países, según la Universidad de Johns Hopkins, de Maryland, Estados Unidos.

Con casi 4.491 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia en nuestro país es bastante menor al que muestran Estados Unidos (8.307), Israel (7.924) y España (6.404), entre otros.

Sin embargo, a nivel regional, Argentina muestra uno de los valores más altos, sólo apenas superado por Brasil, con 4.583 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Colombia tiene un valor apenas inferior, de 4.348. Otros países de Latinoamérica tienen mejores resultados, como Uruguay con 1.338 contagios cada 100.000 personas; Paraguay con 1.982; Perú con 3.741; y Chile con 4.048.

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Argentina se ubica en la posición 27 a nivel mundial en incidencia, que mide los casos detectados cada 100.000 habitantes

“Si Argentina es comparada con países latinoamericanos, puede decirse que la cuarentena temprana de marzo, que alcanzó niveles altos generalizados hasta mayo y luego fue decayendo por habilitación sucesiva de nuevas actividades comerciales y/o grados variables de cumplimiento de protocolos, logró desplazar el primer pico hasta octubre de 2020, a diferencia del resto de Latinoamérica, que padeció antes sus picos. En el caso de Ecuador en abril; Perú y Chile en junio; Brasil, Bolivia y Colombia entre julio y agosto; y Paraguay en setiembre”, analizó Valentina Viego, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ante Infobae.

En efecto, el pico máximo de contagios diarios detectados en el país tuvo lugar el 21 de octubre, cuando el Ministerio de Salud informó 18.326 en un solo día.

“Con todo, que el primer máximo se haya alcanzado recién en octubre no significa que hasta esa fecha el sistema sanitario transitó sin estrés la pandemia; en varias ciudades se registraron antes de esa fecha límites en sus capacidades hospitalarias, como Resistencia, San Salvador de Jujuy, Ushuaia, Neuquén, entre otras. Es decir, que el pico de principios de octubre ocurrió a distinto ritmo en el territorio, propio de las heterogeneidades espaciales típicas de Argentina”, agregó Viego.

La distribución de los contagios

De las 2 millones de personas contagiadas en el país desde el inicio de la pandemia, 219.667 tienen residencia en la Ciudad de Buenos Aires, 835.204 en la Provincia de Buenos Aires (PBA), y el resto en el interior del país.

Luego de CABA y PBA, los distritos con mayor cantidad en total de afectados por el COVID-19 son Santa Fe con 210.514; Córdoba con 149.908 y Tucumán con 77.619. El distrito con menos casos es Formosa, con 893 contagios confirmados. La política sanitaria de esta provincia viene siendo fuertemente cuestionada por la oposición y organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, y le valieron al gobernador Gildo Insfrán denuncias en la Justicia argentina y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Del total de 2.001.034 COVID-19 positivos confirmados en los 11 meses que lleva la pandemia en el país, se recuperó el 90% de los afectados por la enfermedad (1.798.120), mientras que 153.240 personas la cursan al día de hoy activamente, según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación.

Cómo fue el aumento de casos en el mundo

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Tras el pico nuevos casos positivos confirmados por día que se dio en octubre, el número comenzó a descender, y llegó a su piso la primera semana de diciembre cuando se registraron un promedio de 3.300 casos en 24 horas.

A partir de entonces, en coincidencia con el movimiento de gente que comenzó el fin de semana largo del 8 de diciembre, los contagios reportados día a día comenzaron a aumentar nuevamente, con un nuevo pico el 7 de enero, en lo que muchos llamaron “segunda ola” por el rebrote de la pandemia en el verano. Ese día se reportaron 13.835 nuevos casos en 24 horas. Desde entonces, lentamente comenzó a observarse una baja, hasta llegar a los 7.739 nuevos contagios informados en las últimas 24 horas. En promedio, los contagios para los últimos siete días fueron de 6.899.

Los expertos consultados por Infobae coincidieron en que se produjo un amesetamiento en el descenso de nuevos casos diarios y enumeraron un combo de razones. Cansancio social después de un año de una cuarentena muy extensa; relajamiento de las medidas de prevención como el distanciamiento social y el uso de barbijo, especialmente en los jóvenes; y mayor movimiento por las fiestas y las vacaciones de verano, con la consiguiente circulación del virus.

Paradójicamente, el anuncio del Gobierno del comienzo de la vacunación –cuando aún no está disponible una cantidad significativa de dosis para los 45 millones de habitantes– generó una falsa sensación de que ya la pandemia estaba bajo control, cuando los números indican que no es así.

“Después de haber llegado a casi los 14.000 nuevos casos diarios en enero, los números se estancaron varios días entre 11.000 y 13.000, y después, empezó una meseta por debajo de los 10.000 contagios. Pero los números siguen siendo altos porque hay mucha circulación viral por el movimiento hacia los lugares de veraneo. Hay gente con COVID que va a la playa y gente que regresa con COVID”, advirtió el médico infectólogo Eduardo López.

Sin embargo, la distribución de los casos a nivel nacional ha cambiado. A mediados de julio, el 90% de los nuevos casos se concentraba entre CABA y la provincia de Buenos Aires y el 10% en el resto del país. Cuatro meses después, sobre finales de noviembre, el 80% de éstos se acumulaba por fuera de los distritos bonaerense y porteño. Hoy la distribución es más pareja: el 54% de los contagios informados diariamente se encuentran en CABA y la provincia de Buenos Aires, mientras que el 46% en las provincias del interior del país.

Pocos testeos

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Al pararse sobre cada país, se visualiza la cantidad de test. Argentina realizó 146.308 análisis por millón de habitantes

El acumulado de 2 millones de contagios en el país impacta por su dimensión, pero no refleja con exactitud la cantidad de personas que efectivamente tuvieron el virus. “Se trata de casos confirmados – ya sea por test o por contacto estrecho con síntomas compatibles de caso positivo testeado – y no infectados. Sabiendo que el multiplicador de casos se ubica entre 4 y 6, es probable que en Argentina hoy casi un cuarto de su población actual – equivalente a unos 10 millones de personas- haya sido infectada con el SARS-Cov-2”, sostuvo Viego.

El número oficial de casos está estrechamente relacionado con la cantidad de test que se realizan para detectar la enfermedad en la población.

Argentina no se destacó por su capacidad de testeo. Se ubica en la posición 71 en una lista de 156 países con más de un millón de habitantes, según el sitio de estadísticas norteamericano Worldometers.

Con 6.638.998 de test totales, nuestro país tiene 146.308 análisis realizados por millón de habitantes, lo cual representa el 13% de la población testeada. Dinamarca, Israel y el Reino Unido, por ejemplo, realizaron más test que el total de su población. Es que idealmente, la tasa de positividad debería ubicarse en el 5% (en Argentina es de alrededor del 16% -diaria- y 36% -acumulada-). Con mayor cantidad de análisis, la tasa de positividad bajaría y se podría aislar rápidamente a los detectados como positivos para evitar más contagios.

Para Viego, “la insuficiencia de testeos, que se refleja en Argentina en un bajo número de pruebas por habitante, debajo de Chile, Perú y Uruguay, pero arriba de Brasil, Bolivia, Ecuador, México – se complementa con aislamiento de positivos poco eficaz, y un seguimiento basado casi exclusivamente en los recursos y capacidad del paciente. A esto se suma, falta de rastreo de contactos -no se identificaron a infectores ni la red de contactos ni siquiera en períodos donde los contagios eran bajos y esa tarea era asequible – y demoras en hisopados”.

La letalidad y mortalidad

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En número de fallecidos sobre casos detectados de Covid-19, Argentina se ubica en la posición 44 sobre 150 países

El otro indicador importante es la letalidad, es decir, cuántas personas mueren por cada 100 a las que se les detectó la enfermedad. Hasta ahora, ese cálculo da entre 2 y 3 pacientes.

Con este valor, Argentina se ubica en el puesto 44 a nivel mundial, y podría decirse que el sistema sanitario argentino respondió bastante bien. Pero es solo una parte del análisis, ya que pierden la vida aquellos que no reciben atención adecuada, pero también quienes son adultos mayores o tienen enfermedades prevalentes.

Algo similar ocurre cuando se analiza la tasa de mortalidad, que es la cantidad de muertos por millón de habitantes. En este indicador, Argentina asciende a la posición 22 sobre la misma lista de países, con 1.115 fallecidos sobre esa base poblacional.

En una lista de 150 países que tienen más de un millón de habitantes, el peor indicador lo tiene Bélgica, con 1.874 fallecidos sobre esa base poblacional. En la región, solo están por encima de Argentina, México con 1.350 fallecidos por cada millón de habitantes; Perú con 1.333; Panamá con 1.330; Colombia con 1.134 y Brasil con 1.115, el mismo valor que Argentina.

Según el análisis de Viego sobre cómo manejó el Gobierno la política sanitaria, “la cuarentena inicial -la que menos recursos requería- permitió aplazar los contagios. Ese confinamiento, idealmente, debería haber contribuido a fortalecer los sistemas sanitarios y de vigilancia, preparar equipos de detección, seguimiento y aislamiento eficaz de casos positivos, formar cuadrillas de fiscalización de protocolos con mecanismos pertinentes de penalización y habilitar vacunatorios. Pero Argentina no avanzó en esa tarea y, actualmente, la evolución de la pandemia está enteramente apoyada en la conducta individual y es vulnerable al ingreso de nuevos linajes del virus”.

La investigadora de la Universidad Nacional de Sur advirtió que, al igual que el resto de los países, “padece la dependencia de grandes multinacionales para acceder a vacunas a un costo y ritmo adecuados para inmunizar a su población. Frente a esto, el pronóstico más probable de la pandemia a nivel local es una evolución de picos, mediados por descensos temporales”.

En esa línea, los expertos coinciden en que con los actuales niveles de circulación de la población, la baja cantidad de testeos, el relajamiento de las conductas sociales, y un plan de vacunación que avanza a paso lento, el coronavirus en el país aún está lejos de ceder.

Cómo se procesó la información

La Unidad de Datos de Infobae descarga diariamente los datos oficiales de distintas fuentes, entre ellas, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, la Universidad Johns Hopkins y Worldometers.

Estos datos se llevan a una hoja de cálculo, donde se cruzan con datos poblacionales y por continente, detallando las siguientes variables: casos confirmados, muertes, recuperados. Sobre estas bases se calculan varios indicadores entre ellos incidencia, letalidad y mortalidad.

Para descargar los datos a nivel mundial y nacional, con sus respectivas pestañas, siga este enlace

La oposición reclamó precisión en los anuncios y consultó sobre el rol de Cristina Kirchner en la compra de la Sputnik V. A pesar de las diferencias, el tono fue respetuoso y moderado

En su presentación ante la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Ginés González García, defendió la gestión en la pandemia y el plan de vacunas, aseguró que “nunca faltaron tests en Argentina”, insistió en que “nunca hubo un sistema de información tan completo” y denunció que “hay un sistema de falsas noticias que erosionan la confianza pública”. A pedido del interbloque Juntos por el Cambio, el funcionario también explicó minuciosamente por qué no se compró la vacuna Pfizer: “No sé si no tienen las vacunas suficientes” pero “el proceder de la empresa no ha correspondido con cómo se comportó con la Argentina. Pfizer se portó muy mal con nosotros”.

“Para el gobierno argentino, Pfizer se portó muy mal con nosotros y la verdad que no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que tuvimos: primero de hacer el ensayo clínico; la máxima apertura, el presidente involucrado; y la ley específica para adecuarnos a todas las exigencias, que no son solo de Pfizer, pero Pfizer es el que más duramente las hace”, detalló con evidente malestar.

La oposición había pedido una reunión pública que se transmitió por la señal oficial de TV de Diputados

Sobre la desinformación a la que hizo referencia, el ministro apuntó que “genera quiebre en el ánimo colectivo” y desmembró los datos sobre las compras de test, insumos, voluntarios para trabajar en el plan de vacunación, “las 4.000 camas de terapia intensiva que tenemos que antes no teníamos” y los contratos firmados o por firmar. ”Cuando arrancó todo esto sólo había un lugar para hacer los análisis, el Malbrán, y ahora tenemos 1.400″, resaltó. Y continuó: “Someten a uno a cosas tan duras como que lo acusen de asesino o que envenena a los argentinos, que por supuesto son cosas descabelladas. Obviamente habremos hecho cosas no demasiado correctas alguna vez, pero en líneas generales me siento muy conforme de que en un país hayamos una política en común con todas las provincias desde el primer día”.

Tras dos horas de exposición, protagonizó un roce con el tucumano José Cano que, si bien reconoció el trabajo conjunto de Nación con las provincias, defendió a la oposición: “No somos antivacunas”, subrayó y pidió cautela en los anuncios para no generar expectativas que luego no se cumplen. “Usted habló de que la prensa o la oposición señalaban cuando hay una o dos semanas de demora pero no son una o dos semanas, ya estamos a mediados de febrero y no se vacunó más que al 0,3 o 0,4% de la población”. Por eso, como lo hicieron la también radical Claudia Najul y el diputado y médico Eduardo ‘Bali’ Bucca (bloque Justicialista), insistió en conocer el programa de vacunación para los próximos meses.

El ministro no se aguantó y chicaneó a Cano: “Qué bueno que se preocupa por las vacunas porque no se preocuparon en su gobierno, dejaron 12 millones de dosis en la aduana”. Y apuntó que “Recién es 3 de febrero, no es mediados de febrero”. El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, medió entre ambos y pidió que no dialogaran. “Quédese tranquilo, a mediados de febrero va a tener mejores noticias que las que tiene ahora”, se quedó con la última palabra el ministro.

Ante la reiterada consulta, informó que el total de vacunas llegará a 62 millones y que su gestión tiene “el mayor presupuesto de Salud desde el regreso de la democracia”. En varios momentos, los diputados del Frente de Todos le agradecieron la presencia y le hicieron consultas más amables. Pero también le agradecieron los diputados opositores.

“Después de julio se lograría una inmunidad de rebaño”, continuó el ministro en una exposición que duró tres horas y media en total.

En tanto, Ginés González García habló de las tratativas desde julio para la llegada de las 820.000 dosis ya compradas de la Sputnik V, de las que se distribuyeron unas 710.000. Sobre las demoras, habló de una situación mundial: “Hay una guerra fría y se agrega una sobredimensión de las capacidades productivas de algunos vendedores que prometieron más de lo que pueden”.

Sergio Massa abrió la presentación del ministro de Salud Foto NA: MAXI VERNAZZA/HCDNzzzz

El funcionario ya se había reunido con algunos diputados de la comisión de Acción Social y Salud pero la principal oposición, Juntos por el Cambio, le reclamó su presencia en el ámbito del Congreso. A las 17.29 el ministro fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ante un centenar de legisladores, de todas las fuerzas políticas, una presencia inédita. La comisión tiene 35 integrantes pero la expectativa que generó llevó a que participara el triple de legisladores. El Frente de Todos los invitó ex profeso como un gesto de apoyo al ministro.

En el arranque Massa instó a la oposición al diálogo. “La inmunización y la pelea contra el virus y la pandemia nos compete a todos, no tiene que haber peleas ni mezquindades”. Y habló de la necesidad de contar con “información clara y transparente”. “Ser veraces a la hora de transmitir información”, apuntó y elogió al ministro tras la publicación en la revista británica The Lancet de los estudios de la Sputnik V, la vacuna rusa que ya se aplica en Argentina y sobre la que la oposición reclamaba certezas e información. “Debe ser una satisfacción el informe de The Lancet y el nivel de confiabilidad, debe ser una satisfacción y una enorme tranquilidad”, agregó el diputado que instó a “cuidarnos y unirnos en el trabajo”. Por las dudas advirtió sobre el trabajo en esta esta etapa “siempre y cuando lo hagamos de buena fe”.

El evento se realizó en forma remota: Massa en el Salón de Honor en el Palacio Legislativo; González García y su equipo en el Ministerio (Lisandro Bonelli, Jefe de Gabinete; Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud; Mauricio Monsalvo, Subsecretario de Gestión Administrativa; Manuel Limeres. Administrador Nacional de la ANMAT y Mirta Roses, presidenta de la Comisión de Inmunidad), mientras que los diputados se conectaron desde sus despachos algunos y otros desde sus domicilios particulares. Presidió la reunión el tucumano Pablo Yedlin, médico pediatra, que prefirió viajar y se conectó desde el Congreso.

Durante su presentación el ministro de Salud enumeró una a una la situación de la compra de cada vacuna. Sobre el sistema COVAX, dijo que se compraron 9 millones de dosis que se pagaron 31 millones de dólares y sobre la proveniente de China señaló que se presentaron los estudios pero “está en revisión de la ANMAT, no podemos firmar un contrato sin la información”. La Sputnik más AstraZeneca y el resto de las vacunas dan una suma de 62 millones. “Si sacamos los 15 millones de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta la población argentina”, concluyó.

Arrancó con la ronda de preguntas la vice de la comisión que recogió las inquietudes de todo su interbloque. Amable pero con firmeza, Carmen Polledo, vicepresidenta de la comisión por el PRO advirtió: “Estamos para apoyar pero necesitamos información”. Después leyó el extenso cuestionario.

El ministro respondió en el mismo tono calmo en que arrancaron las preguntas y sobre la frustrada negociación con Pfizer recordó que se pidió una ley al Congreso y que luego el laboratorio pidió cambios y que “en lo que más énfasis pusieron fue en la negligencia y nosotros no podíamos cambiar la ley”. “Siempre tuvimos intención de comprar la vacuna Pfizer, hasta la semana pasada”, indicó y aseguró que se hicieron todos los ensayos y esfuerzos posibles: “pero no resignar la soberanía ni cambiar las leyes”. Y enfatizó: “He tenido una gran desilusión…alguna vez dije que parecía que exigían tanto porque no tenían seguridad en su vacuna…otras veces dije que no podían, después de haber una ley, decir que quieren más cosas. No sé si no es que no tienen las vacunas suficientes, como ha pasado en todas partes del mundo que no han cumplido, o si existe otra razón”.

Sobre una de las vacunas chinas, cuya tercera fase está en análisis en la ANMAT, González García planteó que se estudia con cuidado porque, entre otras cosas, “vale el doble”.

Le consultaron también si se utilizará ivermectina, como lo hacen algunas provincias, a pesar de no estar autorizado para el COVID-19. “Estamos muy atentos, si bien creo que es una cosa que tiene una cantidad de ventajas como precio y accesibilidad porque es oral y no tiene contradicciones importantes, por ahora no pasó el ANMAT”, advirtió el ministro. De todos modos consideró que las provincias pueden utilizar el medicamento “sin contarlo afuera” porque sus respectivas legislaciones lo permiten. Sobre por qué no lo hace el Estado nacional recalcó que se busca consenso científico en la comunidad internacional y el respaldo de ANMAT.

Desde Santa Fe, Gisela Scaglia, del PRO, preguntó cuál fue el rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la compra de la vacuna rusa. Ginés González García resaltó el perfil internacional como ex presidenta pero sobre la Sputnik V respondió: “No puedo decir qué rol tuvo, no me consta ninguno, obviamente su actividad seguramente ha facilitado las conversaciones que ha tenido el Presidente de la Nación con el presidente Vladimir Putin. La relación siempre ha sido Estado-Estado”.

Cerca del final hubo otro cruce, en este caso con el catamarqueño de la Coalición Cívica Rubén Manzi, que preguntó si habrá normativas nacionales para unificar, por ejemplo, las medidas de aislamiento porque “algunas provincias terminan cercenando libertades individuales de manera innecesaria”. No mencionó las denuncias de Formosa, pero habló de aislamientos de 28 días o de la situación de Catamarca donde se aislaba por 21 días a quienes ingresaban a la provincia. El ministro esquivó el tema: “Los incumplimientos suelen ser por no querer aplicar medidas que pueden aplicar, que el presidente les ha delegado y que por no confrontarse con situaciones sociales deciden conductas que no aconsejamos en nombre de las libertades individuales”. Lo salvó Yedlin, que evitó que siguieran el intercambio. El ministro terminó contestando por celular porque la videoconferencia se muteó de su lado y no pudieron arreglarlo.