La delegación se reúne con funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central y la AFIP, para saber cuáles son las perspectivas de gastos e ingresos del país, que le debe USD 44 mil millones
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó esta mañana con una serie de reuniones para auditar el estado de las cuentas públicas argentinas con el objetivo de ver cómo pagará el país la deuda de 44.000 millones de dólares que mantiene con ese organismo multilateral.
Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que habrá varias reuniones y se informará el resultado de las mismas al final de la misión, previsto para el 19 de este mes. También se reunirán con las autoridades y técnicos del Banco Central y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros organismos.
El planteo que formulará Economía, se detalló, estará a tono con el que desarrollará el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la Cámara de Diputados a las 17 sobre el proceso de reestructuración de la deuda pública que lleva adelante, no solo con el Fondo sino también con los privados, para dotarla de sustentabilidad.
La delegación está encabezada por Julie Kosack, directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental, y el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu,quien ya desempeñó esta misma labor en 2002, cuando el gobierno nacional renegoció la deuda bajo la presidencia de Néstor Kirchner y con el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. Tanto Kosack como Cubeddu, junto con otros técnicos del FMI, seguirán la exposición de Guzmán en el Congreso de la Nación. Según trascendió, el evento genera mucha expectativa en los funcionarios del organismo porque entienden que será la primera exposición detallada por parte del ministro.
El encargado del caso argentino es el venezolano Luis Cubeddu, quien ya desempeñó esta misma labor en 2002, cuando el gobierno nacional renegoció la deuda bajo la presidencia de Néstor Kirchner.
Originalmente, la misión iba a permanecer en el país hasta el viernes, pero debido a la necesidad de recabar más datos, extendió su estadía hasta el miércoles de la semana que viene. En los primeros días, se reunirá con funcionarios nacionales para tener de primera mano un diagnóstico de la actual situación económica del país y las perspectivas para el corto y mediano plazo. No obstante, también buscarían la opinión de los empresarios, de los bancos y de analistas financieros, como parte de una agenda que “se define día por día”, afirmaron las fuentes allegadas a la negociación.
El auditor regional del FMI, Alejandro Werner, quien en principio no participa de la misión, explicó a fines de enero que “la misión se enfocará en cooperar con las autoridades argentinas en términos de entender el marco de la política económica y poder hacer nuestras proyecciones sobre el país, al entender mejor las medidas que se están tomando para mejorar la situación de la pobreza y reactivar la economía”.
El Fondo no incluyó a la Argentina en su reporte económico mundial difundido al cierre de ese mismo mes hasta realizar un “pronóstico más certero”, teniendo en cuenta que el Gobierno está en su etapa inicial, dijo Werner. En base a esto, mantuvo tal como estaban en octubre último las proyecciones del país, cuando estimó una caída de 1,3% del Producto Interno Bruto (PBI) para el 2020 y un repunte de 1,4% en 2021.
El auditor regional del FMI, Alejandro Werner, adelantó que “la misión se enfocará en cooperar con las autoridades argentinas en términos de entender el marco de la política económica y poder hacer nuestras proyecciones sobre el país”.
Entre esa declaración y esta visita, Guzmán se entrevistó el martes de la semana pasada en Roma con la directora del organismo, Kristalina Georgieva, y al término del encuentro el ministro dijo que intercambiaron “opiniones sobre el programa económico en marcha, distinguiendo entre medidas para lidiar con la situación actual de emergencia económica y aquellas para solucionar problemas estructurales de la economía”.
El ex presidente Mauricio Macri suscribió en junio del 2018 un primer acuerdo con el FMI por unos USD 40.000 millones, pero ante los incumplimientos de su gobierno y la corrida cambiaria se decidió realizar un segundo entendimiento, esta vez por USD 57.000 millones. Así, el FMI llegó a desembolsar unos USD 44.000 millones desde 2018 hasta agosto de 2019, cuando detuvo el envío de fondos luego del resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que le dieron el triunfo provisorio al presidente Alberto Fernández.
El incremento será menor a la inflación, que se estima en 11% para el primer trimestre. Quiénes podrían cobrarlo y cuándo se define.
A partir de marzo el monto de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales se incrementará el 8,07% y para compensar la pérdida frente a la inflación habrá un bono extraordinario.
Así adelantaron a Clarín fuentes del Gobierno quienes agregaron que el alcance y el valor del bono serán definidos por el Presidente Alberto Fernández, entre mañana y el viernes.
Se estima que, como se aplicó el año pasado, el bono alcanzará a los que ganan la jubilación mínima o un poco más, a las pensiones no contributivas que cobran el 70% del haber mínimo y los que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En total un universo de casi 5 millones de personas.
La decisión se tomó porque, con el 8,07%, el primer aumento en base a la nueva fórmula de movilidad, que se aplicará por tres meses (marzo-mayo) tuvo un mal debut para los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales, como AUH, Asignaciones Familiares) que suman 18 millones de personas.
De todos modos, en Casa Rosada insistieron que con la fórmula del anterior Gobierno, el aumento hubiera sido más bajo, del 7,18%.
Punto más, punto menos, el aumento de las jubilaciones y pensiones sería inferior a la inflación del primer trimestre de este año, incluso estimando una inflación descendente (3,5% en febrero y 3,1% en marzo) ya que acumularía una suba de los precios del 11%, afectando a las 18 millones de personas alcanzadas por la movilidad.
Además de las jubilaciones y pensiones, el aumento comprende a las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y la fórmula de movilidad no prevé una compensación si la inflación es mayor que el incremento de los haberes.
Cuánto aumenta la jubilacion mínima
Con el aumento del 8,07%, la jubilación mínima subirá de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la PUAM de $ 16.457.
La fórmula de movilidad no contempla ninguna compensación si los aumentos son inferiores a la inflación. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años que ronda entre el 15 y 25%, según los rangos de haberes. Pero no impide que se otorguen bonos extraordinarios, que no se integran al haber del jubilado, como pasó en 2020. Esto significa que no se consideran como base para los futuros aumentos.
El bono abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados con haberes un poco por encima de la mínima porque – argumentan en el Gobierno– son los mayores perjudicados por la inflación ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, que es el rubro que más aumentó y más incide en el IPC promedio y en el valor de la canasta básica de pobreza.
De todos modos, el resto de los jubilados y pensionados tuvieron pérdidas entre 2018 y 2020 de hasta el 25% y con el 8,07% volverán a perder frente a la inflación.
En el caso de la AUH, en el Gobierno argumentan que los padres y madres con hijos menores de 6 años- tienen una compensación por el aumento de la tarjeta Alimentar que, desde este mes, pasó de $ 4.000 a $ 6.000 por hijo y de $ 6.000 a $ 9.000 con 2 o más hijos.
Sergio Massa adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto. Se avanza para que los sueldos de hasta 150.000 brutos no paguen cuando cobren el salario complementario
La semana que viene podría comenzar el tratamiento del proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cual se busca modificar el piso salarial a partir del que se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.
La iniciativa, que recogió apoyos del oficialismo y de la oposición, establece un nuevo piso de $150.000 bruto por el cual se empieza a pagar el tributo. Sin embargo, en el proceso de discusión de las diferentes comisiones se irán haciendo modificaciones que apuntan a ampliar los beneficios para los trabajadores que tengan que pagarlo.
Habrá cambios y se ampliarán los beneficios (fuentes del massismo)
Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados aseguraron a Infobae que “habrá cambios y se ampliarán los beneficios” y que en ese orden de prioridades de modificaciones encabezan la lista las horas extras, los viáticos y el aguinaldo. Y se analiza lo que podría ser la mayor sorpresa del proyecto: los Autónomos. Se está terminando de estudiar el costo que tendría que una parte de quienes están encuadrados en esa categoría fueran alcanzados por la nueva norma.
“Se está trabajando para sumar que las horas extras y los viáticos de algunos sectores en donde estos dos ítems son cotidianos que no sumen para pagar Ganancias”, explicaron fuentes legislativas.
Lo que sucedió en Toyota días atrás, cuando la empresa que concentra el 50% de las exportaciones del sector automotriz frenó la producción porque sus empleados no aceptaron trabajar un feriado ya que perdían más de lo que ganaban por consecuencias del pago de Ganancias.
Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)
Otro punto importante que están trabajando en el equipo de Massa es el de los aguinaldos. “Buscamos que aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos no paguen Ganancias por pasarse con el aguinaldo”, describen cerca de Massa. Otro punto que se estudia lo propuso la oposición y tiene que ver con poder descontar los gastos en educación, como cuotas de colegios, libros, materiales y viajes, entre otros.
“El proyecto tiene que ser sustentable desde el punto de vista fiscal. El costo fiscal tiene que ser algo que esté dentro de ciertos parámetros. Algunas de las propuestas que ofrecen desde la oposición se podrían sumar y otras no por el costo que tienen”, explican desde el massismo. Ayer, el presidente de la Cámara baja se reunió con legisladores del Frente de Todos que representan a distintos gremios para analizar el proyecto.
Massa con los diputados de su bloque de extracción gremial
Aunque todos los bloques están de acuerdo con el cambio propuesto por el oficialismo y hubo un decreto por el cual se habilitó a que el tema sea debatido en el Congreso, recién comenzará la discusión luego de la apertura de las sesiones ordenarías.
“Para que quede bien el bordado, primero necesitamos tiempo para zurcir”, metaforizó una fuente del oficialismo que participó de las negociaciones técnicas previas a la presentación del proyecto. Y es que, a pesar de la buena recepción de la medida, que también establece que aquellos que cobren hasta 173.000 pesos brutos tengan menores descuentos que en la actualidad, el Frente de Todos recibió, en las últimas semanas, algunos reparos de la oposición y una parte del sindicalismo.
El proyecto fija un “nuevo piso” de remuneración mensual que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. El objetivo es proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados y potenciar el mercado interno.
La automotriz japonesa buscó producir un feriado y en medio de vacaciones, pero no consiguió el personal suficiente para poner en marcha su planta
Lentamente, el sector automotriz comienza a recuperar un poco del ritmo de producción que supo tener en otros tiempos. Sin embargo, la presión impositiva y las restricciones cambiarias empiezan a ponerle un freno que dificulta que comience a rodar.
El impuesto a la Ganancia que presiona sobre los salarios del sector y la falta de aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) para el ingreso de unidades fabricadas en el exterior está golpeando a una industria que aún se encuentra muy por debajo de la media en lo que se refiere al uso de la capacidad instalada y pelea por recuperar un mercado de ventas.
Como publicó Ámbito Financiero, Toyota no pudo producir porque entre vacaciones y el rechazo de los empleados a sumar horas extras en el feriado por el impacto que tiene el plus salarial en Ganancias, no logró completar la planta de trabajadores necesaria para poder poner la maquinaria en marcha.
La compañía asiática, que tiene una balanza superavitaria ya que exporta alrededor del 80% de lo que produce en el país, pretendió mantener la planta activa el pasado martes feriado de carnaval. Sin embargo, no logró reunir el número de trabajadores necesarios para poner en marcha la producción.
Hilux, la pickup que exporta Toyota desde la Argentina
Desde la empresa explican que “no solo es por el impacto del impuesto ya que hay gente de vacaciones”, pero también hicieron referencia a Ganancias al señalar que “está claro que mientras más se trabaja, más se gana y más se paga; en el sector automotriz se parte de salarios con pisos altos, por lo que rápidamente se pasa de escala”.
En el sector automotriz descartan de plano que sea un conflicto con Smata y recuerdan que hace unos años hubo un acuerdo con el sindicato para trabajar los fines de semana para cumplir con los cupos de producción que necesitaba la empresa. “No es la primera vez que le pasa y es porque los empleados entienden que, con el descuento y el esfuerzo de trabajar un feriado, pierden más de lo que ganan”, agregó.
Según la empresa, durante el 2020 la planta de la marca japonesa en la Argentina representó el 50% de las exportaciones de la industria automotriz local, con 32.724 unidades despachadas y USD 800 millones en ingreso de divisas.
Mercedes, también
En la otra punta del conflicto que vive el sector está la alemana Mercedes Benz, que asegura sufrir escasez de unidades pero, en este caso, por la falta de aprobación de importaciones. La marca tiene varadas alrededor de 700 unidades a la espera de la aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) por lo que lentamente se le está secando el mercado de unidades para vender.
A diferencia de Toyota, el problema de la alemana tiene que ver con la escasez de dólares y las trabas que tienen las empresas para acceder a los cupos que les permitan la importación de unidades. En general, las empresas de importados apuestan a incrementar ventas aprovechando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo porque, aunque las unidades cotizan en dólares, lo hacen al valor que fija el Banco Nación y se pagan en pesos. Por eso, quien tiene los dólares billete para comprar un auto de alta gama importado necesita cambiar menos dólares si utiliza la cotización del mercado paralelo.
Aunque Mercedes Benz fabrica en el país –tiene una planta donde hace la van Sprinter– no logra acceder al mercado cambiario para hacerse de dólares ni que la Aduana le libere las SIMI. Asegura tener unidades en los depósitos fiscales que “de estar en una concesionaria se venderían rápidamente”, aseguraron desde la empresa.