El anuncio del descongelamiento de tarifas a partir de junio realizado ayer por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aportó un indicio respecto de la agenda económica del Gobierno para el segundo semestre, una vez superado el trance de la reestructuración de la deuda al que se mantienen supeditadas todas las decisiones macroeconómicas de mediano plazo.

Sin lugar a dudas, junto con el valor del dólar y el control de cambios, la recomposición del cuadro tarifario es una de las tres ollas a presión a destapar, sin generar altos impactos en la inflación.

Para mediados de año, las tarifas llevarán más de un año de congelamiento, lo que según las empresas del sector implica un retraso superior al 50% desde que recibieron la última actualización en abril de 2019. Está claro que no está previsto que el Gobierno otorgue este año un aumento de esa magnitud. De hecho, en una reunión que mantuvieron la semana pasada el ministro de Producción, Matías Kulfas, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, con representantes del sector, el mensaje fue que las subas correrían por debajo de la inflación.

El objetivo es doble: por un lado, minimizar el costo político, para lo cual habría una ampliación de la tarifa social que, en el caso del gas por ejemplo, cubre a 20% de los usuarios pero cuyo alcance quedó muy restringido en los últimos seis meses a raíz de una menor flexibilidad de los requisitos a cumplir para acceder al beneficio. De acuerdo a los datos de las distribuidoras, casi 80% de los usuarios originalmente bajo la tarifa social pasaron al régimen común por la mayor rigurosidad de las condiciones.

Por el otro lado, resulta esencial para el Gobierno amortiguar el impacto en la inflación, cuya evolución a la baja se da, en gran medida, precisamente por el congelamiento de las tarifas. Y también gracias al dólar quieto.

El tipo de cambio estable desde agosto, en un marco de fuertes restricciones en el mercado, es la otra gran variable que permitiría, en estos meses, mantener la tendencia a la desaceleración de la suba de precios. Sin embargo, subsisten aún con los controles actuales presiones cambiarias que, se asume, una renegociación medianamente exitosa de la deuda con los acreedores privados ayudaría a descomprimir. En ese escenario, el desafío para el Gobierno, pasará por administrar la suba del tipo de cambio para evitar un atraso y, a la vez, evitar un correlato de ese ajuste en los precios.

Por eso, las posibilidad de recaer en un atraso cambiario que desaliente el nivel de exportaciones, ergo el ingreso de dólares, es un temor que se mantiene latente en muchos sectores productivos. Esto a pesar de que el Banco Central habilitó en las últimas semanas un leve movimiento. “El principal riesgo para la economía en el segundo semestre, resuelta la renegociación de la deuda en términos razonables, es el atraso cambiario”, afirma un analista de uno de los principales bancos internacionales que, como sus competidores, siguen de cerca las instancias de la reestructuración y el proceso de elección de las entidades asesoras y colocadoras en el futuro canje. “Se están dando señales de ajustes, aunque sean menores, en la cuestión de las tarifas. Ahí ya no se habla de aumentos de 150%, por lo que el impacto en la inflación es relativo. El riesgo, en cambio, es que se enamoren del dólar quieto y lo dejen como principal y único ancla inflacionaria”, afirmó.

La postura del Banco Central al respecto es aún confusa: en la entidad se minimiza el riesgo de atraso cambiario pero también se remarca el comunicado de mediados de enero, en el que se explicitó que la política monetaria y cambiaria implementada mientras se avanza en la resolución de la deuda, responde a “un período de transición” después del cual, eventualmente, habría modificaciones. Esa definición abre la puerta no sólo a permitir que suba el precio del dólar sino también a cambios en el esquema de controles cambiarios vigentes.

Despejado el panorama de la deuda, el formato que tendrá el set de restricciones que mantiene acotada la demanda de divisas es el otro de los embrollos urgentes que se deberán resolver en pos de normalizar el funcionamiento de la economía y allanar el camino, eventualmente, a nuevas inversiones desde el exterior. El caso de las petroleras en Vaca Muerta es el ejemplo más visible del impedimento que generan los controles actuales al ingreso de dólares frescos pero no es aislado sino todo lo contrario. Sin posibilidad de girar dividendos al mismo tipo de cambio al que traería sus dólares desde el exterior, difícilmente una compañía extranjera decida hacerlo.

Al mismo tiempo, una liberalización de esta restricción, lo mismo que las que pesan para la importación de servicios, permitiría clarificar cuál sería el nivel de tipo cambio y si, eventualmente, ese valor resulta compatible con las necesidades fiscales y de superávit comercial para volver al principio de la película: pagar la deuda y crecer. O a la inversa, como dice el presidente Alberto Fernández y repite su ministro de Economía, Martín Guzmán.

El paso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la Argentina le dejó al Gobierno un sabor muy dulce por haber logrado que el organismo dijera lo que quería escuchar: que la deuda no es sustentable.

Pero, más allá de la letra del comunicado, ¿cambió el FMI su posición tradicional? ¿Apoyó el pedido del Gobierno de postergar el pago de los USD 44 mil millones que le debe? ¿Cree que el Gobierno tiene un plan para que la economía pueda volver a crecer?

Las respuestas a estas preguntas pueden hallarse si se lee entrelíneas el comunicado de la misión técnica que vino a dialogar y no a negociar un nuevo acuerdo con el organismo multilateral. Por esta razón, faltan exigencias que habitualmente aparecen por parte del organismo, como la evaluación de las metas fiscales, clave para saber si el país puede repagar o no su deuda.

En una segunda lectura del comunicado aparecen 10 conclusiones tajantes:

“El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por el ministro de Economía, Martin Guzmán, en su presentación en el Congreso de la Nación”.

1-La fórmula del Frente de Todos había tenido una retórica muy beligerante con el Fondo desde la campaña electoral y este elogio inicial se entiende porque, en las reuniones desarrolladas en Buenos Aires, no se percibió esa hostilidad. En ningún momento estuvo en la mesa el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, respaldado por el presidente Alberto Fernández, de plantear una quita a la deuda argentina con el Fondo por haber permitido la “fuga de capitales”. Y de hecho el Gobierno tiene previsto pagarle al FMI los USD 1600 millones en intereses previstos para este año.

“Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”.

2-El lenguaje del Fondo se suele adaptar al de los gobiernos que lo reciben. Tiempo atrás apoyaban el planteo de política económica del gobierno de Mauricio Macri y ahora lo hacen con el de Fernández. El objetivo del organismo es cobrar su deuda y siempre podrá decir, como lo desean los diferentes gobiernos, que las medidas las deciden los países (“Ownership”) y no Washington.

“Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, que por lo general está dirigido a atender las necesidades de los más vulnerables”.

3-El apoyo del FMI a medidas para frenar el aumento de la pobreza no son nuevas: en el programa firmado con el gobierno de Macri había un porcentaje específico de los recursos girados desde Washington destinados a programas sociales.

“Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial. La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales”.

4-El FMI comparte el diagnóstico de gran parte de los analistas y de la oposición: se detuvo la posibilidad de una peligrosa aceleración inflacionaria con el cepo y otros controles, el aumento de impuestos y el congelamiento de la fórmula de movilidad jubilatoria. Pero esto no implica que el Gobierno haya derrotado la inercia inflacionaria y el verdadero desafío se verá cuando se empiecen a descongelar las tarifas y otros precios a mitad de año.

“Las autoridades también se encuentran en un proceso para garantizar una resolución sostenible y ordenada de su situación de deuda. El personal del FMI notó que la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública de Argentina se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, publicado en julio de 2019, en el contexto de la Cuarta Revisión bajo el Acuerdo Stand-By”

5- Esta definición no es novedosa. Por el contrario, el Fondo había arribado a este mismo diagnóstico el año pasado y por esta razón frenó los últimos desembolsos del préstamo de USD 57 mil millones acordados con la Argentina. El nuevo gobierno expresó que no quería este dinero, pero en realidad, para pedirlo, debería cumplir con una serie de requisitos que al Fondo le hagan pensar que puede devolverlos. El ministro tampoco dijo todavía cómo piensa devolver los USD 44 mil millones que sí llegaron a la Argentina; es decir que, más allá de los festejos en la Casa de Gobierno, un acuerdo formal entre las dos partes todavía está lejos.

“Además, dadas las profundas dificultades de financiamiento que surgieron, desde agosto 2019 se han adoptado medidas para mitigar la fuga de capitales y extender el vencimiento de ciertas deudas. Al mismo tiempo, se ha tenido que recurrir al Banco Central para financiar parte del déficit fiscal”.

6-El apoyo del Fondo a las medidas de control de capitales no es novedoso. Hace varios años que revisó su concepción más clásica que predicó en la década del 90 y acepta que los controles sirven, aunque también, como sostienen muchos economistas, el problema no es implementar los controles, sino saber cómo reducirlos en forma ordenada para fomentar la inversión y el crecimiento.

“El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible”.

7-El mensaje de este párrafo implica una ratificación del término fetiche del ministro Martín Guzmán: “La deuda no es sostenible”. Vale reiterarlo, por esta razón el Fondo no le prestó más dinero al país. Y tampoco confía en que el Gobierno esté en condiciones de recuperar el equilibrio fiscal con la rapidez necesaria como para pagarla. Es decir, cree que las medidas adoptadas son necesarias, pero no suficientes.

“En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”.

8- La postura del Fondo de pedir quitas al sector privado en las reestructuraciones de deuda tiene un historial de, al menos, un par de décadas, por lo que tampoco en este párrafo aparece ninguna innovación conceptual. Cuando negoció el aporte para el “blindaje” en el gobierno de la Alianza, el FMI consideró que los acreedores privados debían hacer su propio aporte a través del “Private sector involvement”. Y cuando el país cayó en default en 2001, no intercedió en favor de los bonistas porque el Tesoro de EEUU opinó que debían aceptar una fuerte pérdida por haberle prestado dinero a un país insolvente. Ahora el FMI reiteró que quiere cobrar el 100% y que, como no hay recursos suficientes, quienes deben aceptar una quita son los bonistas que no le prestaban al país desde principios del 2017 mientras el Fondo evitaba con sus recursos que se produjera un default. Esto no implica que los acreedores acepten una quita significativa, ya que podrían optar por esperar y cobrar más adelante, con una oferta mejor o por medio de un juicio.

“El personal del FMI y las autoridades continuarán dialogando estrechamente a medida que las autoridades continúen avanzando en la concreción de sus planes y políticas económicas”.

9-El FMI tuvo estos días el privilegio de ver las proyecciones que el Gobierno todavía no le mostró al resto de la sociedad en términos del déficit fiscal, crecimiento económico, inflación y tipo de cambio, entre otras variables. Pero todavía queda por comprobar si estas cifras son verosímiles. Por esta razón el comunicado no menciona la existencia de un plan económico consistente.

“En el contexto de la próxima reunión de Ministros de Finanzas del G20, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunirá con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, a efectos de definir los próximos pasos de la relación entre el FMI y la República Argentina”.

10-Este párrafo final deja en claro que no hubo diálogo entre ambas partes sobre una negociación formal, pero que el diálogo comenzó en buenos términos. No es poco haber arrancado con el pie derecho, pero tampoco es demasiado como para festejar.