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El Gobierno refuerza su reclamo a Gran Bretaña por las islas Malvinas

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También promoverá por ley la creación de un Consejo para fijar políticas de Estado

En un nuevo gesto tendiente a reafirmar los derechos de soberanía sobre las islas Malvinas y endurecer los reclamos al Reino Unido, el Gobierno anunció este miércoles que enviará al Congreso tres proyectos de ley de alto voltaje político para fijar la demarcación de la plataforma continental marítima, establecer un nuevo régimen de sanciones a la pesca ilegal en aguas cercanas a las islas y crear un Consejo Nacional de Asuntos relativos al archipiélago para establecer políticas de Estado a largo plazo.

Esta batería de proyectos de ley que se elaboraron desde la Cancillería bajo el auspicio del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, se presentó en la residencia de Olivos con el canciller Felipe Solá y el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, precisamente por la conmemoración del 191° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las islas. Es que en 1829 el gobierno de la provincia de Buenos Aires designó como gobernador de las Malvinas a Luis Vernet y fijó su posición de soberanía en las islas.

El presidente Alberto Fernández ratificó esta mañana el “reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía”, al conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas. En su cuenta de Twitter el jefe de Estado sostuvo: “En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ratificamos nuestro reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía sobre dichos territorios”.

Tras reunirse con Alberto Fernández y mostrarle el nuevo mapa de la plataforma continental marítima de la Argentina el canciller Felipe Solá dijo: “Una de las prioridades de la política exterior argentina en la evolución de las negociaciones sobre el derecho del mar ha sido y continúa siendo consolidar nuestros derechos de soberanía sobre la plataforma continental”.

De esta manera, Solá consideró que “tanto el proyecto de ley de demarcación del límite de la plataforma continental, como el de incremento de las sanciones por pesca ilegal y el de creación del Consejo Nacional, tienen como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y promover la memoria con hechos concretos, por los héroes de Malvinas y por otros que dieron la vida en la Antártida”.

A la vez, Filmus dijo tras presentar los proyectos de ley en la quinta de Olivos que “estas iniciativas establecen una mirada integral de reclamo de soberanía de Argentina en las Malvinas pero también la proyección económica del país en el Atlántico Sur”.

“En un día histórico como el de hoy en que se conmemora el nombramiento de Vernet como gobernador de Malvinas la Argentina refuerza y reafirma los derechos de las Malvinas porque hay constancia jurídica e histórica de la posesión de las islas por parte de la Argentina”, dijo el secretario de Malvinas en relación a la conmemoración del Día de Afirmación de los derechos de Malvinas.

En este contexto, mañana se publicarán en el Boletín Oficial dos de los tres proyectos de ley que fueron presentados y pasado mañana el tercero.

El Gobierno avanzará en primer lugar con la presentación en el Congreso del proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Se busca “consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo”. Es que el 11 de marzo de 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en la ONU adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada el 21 de abril de 2009. Así, confirmó que la plataforma continental del país ahora tiene 1.633.000 kilómetros cuadrados más y reconoció que las aguas de Malvinas están en disputa con el Reino Unido. Esto se agregó a los 4.500.000 kilometros cuadrados que ya tenía el país.

Para esto se presentó el nuevo mapa de la plataforma continental marina que fue avalado por la ONU y que se ratificará por ley para que se incorporen en los colegios como material didáctico de los nuevos espacios limítrofes de la Argentina.

“Se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional”, sostiene en los fundamentos el proyecto de ley que girará el Gobierno.

Y en relación al reclamo de soberanía de las islas Malvinas por parte de la Argentina, la Cancillería cree que la inclusión de los puntos que refieren a la demarcación de la plataforma continental proveniente de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur resultará imprescindible ya que se tratará de “un nuevo acto de reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre tales áreas y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina reviste una importancia fundamental por razones políticas y económicas”.

Es que con este proyecto de ley sustentado en el fallo de la ONU la Argentina podrá avanzar con la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias en el suelo continental submarino ampliado aunque no de las aguas superiores.

La intención de la Argentina de avanzar con esta iniciativa fue duramente cuestionada hace 10 días por la Cancillería de Chile que envió una carta al ministro Felipe Solá para objetar la decisión “unilateral” de promover esta demarcación que, al entender de la administración de Sebastián Piñera, atenta contra la zona limítrofe del Canal de Beagle.

Por otra parte, el Gobierno promoverá desde hoy por ley la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El objetivo de esta comisión conformada por especialistas, académicos, ex combatientes, representantes del gobierno de Tierra del Fuego, parlamentarios del oficialismo y de la oposición y el Poder Ejecutivo es el de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, conformado de manera amplia, multipartidaria y con la participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática de Malvinas. Es la primera vez que los veteranos de guerra de las Malvinas forman parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo con proyecciones a largo plazo e injerencia en las políticas de las islas.

Por último, el Gobierno impulsará un proyecto de modificación de la ley que fija un régimen de sanciones por la pesca ilegal en aguas lindantes con Malvinas.

Según el Gobierno, la Ley Federal de Pesca 24.922 estaba desactualizada, con montos que databan de 1997 (con una actualización para las causales agravantes del año 2008), lo que generaba que las sanciones monetarias no cumplieran con el objetivo de desalentar las prácticas ilícitas por parte de los buques pesqueros. El proyecto de ley que ahora se promueve tiene como objetivo actualizar y endurecer el régimen de sanciones contra la pesca ilegal de la Ley Federal de Pesca, perpetrada contra nuestros recursos, muchas veces por buques extranjeros, incluso en el área de Malvinas, otorgando herramientas normativas más dinámicas para combatir ese flagelo.

“Existe una vasta gama de intereses nacionales en juego, los cuales además deben apreciarse a la luz de la existencia de la disputa de soberanía con el Reino Unido por nuestras Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, dado que dicho país continúa otorgando ilegítimas licencias de pesca en el área de Malvinas persistiendo en la ejecución de actos unilaterales, ignorando sistemáticamente el mandato de la Organización de las Naciones Unidas”, sostiene la iniciativa oficial.

Filmus acotó a la vez que la actual ley de pesca “estaba muy desactualizada en términos de pagos de sanciones y multas a las empresas que extraen recursos del mar argentino”.

Así, el proyecto de ley propone un régimen variable basado en unidades de valor relacionadas al monto del combustible, que contempla su actualización. La iniciativa también posibilita restituir todos los gastos en que incurre el Estado una vez cometida la infracción. Este régimen es aplicable a todos los espacios marítimos argentinos, por lo que contribuye a afianzar la soberanía en las zonas en disputa y al cumplimiento de los compromisos internacionales de la República Argentina, en particular, el Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS) 14.4 de las Naciones Unidas, que establece que antes de 2020 los Estados deben reglamentar eficazmente la explotación pesquera.

Las propuestas que presentará el gobierno se dan en un contexto de dureza de parte de los isleños respecto de la política argentina hacia las islas y la ratificación de su alianza con Londres.

En su mensaje a la Asamblea Legislativa de las islas, el gobernador puesto por Gran Bretaña en las Malvinas, Nigle Phillips, expresó ayer que “las Islas Falkland (Malvinas) cuentan con el apoyo del gobierno británico incluyendo la defensa de su soberanía y del derecho a la autodeterminación”. También instó a “trabajar muy de cerca con Londres en asegurar los intereses de las Islas en las negociaciones del Brexit”.

En el mensaje de Phillips se presentó el presupuesto de las Islas para el ejercicio 2020/21, a la vez que rindió cuentas sobre “logros y errores” durante los últimos doce meses y adelantó las políticas y metas para el futuro.

En este sentido, Phillips dijo que entre los proyectos a ejecutar se cuentan la construcción de un puerto nuevo de aguas profundas, el mejoramiento de los caminos rurales y muelles en distintas localidades de las Islas, asfaltar otro tramo de la arteria que conecta Puerto Argentino con el aeropuerto internacional y complejo de Mount Pleasant, la ampliación del hospital KEMH, proyectos de viviendas y la adquisición de un par de aviones para el servicio interno, entre otras cosas.

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Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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Alberto Fernández y López Obrador se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, fijaron una estrategia común frente al COVID-19 y cuestionaron a la OEA

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Los presidentes de Argentina y México firmaron una declaración conjunta que ratifica la voluntad política de actuar juntos en América Latina con una agenda abierta vincula a la pandemia y al rol de la Organización de Estados Americanos en los procesos electorales

(Enviado especial – Ciudad de México) Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordaron fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países con una agenda común que incluye la economía post pandemia, la necesidad de acceder sin trabas a las vacunas contra el COVID-19 y la pretensión geopolítica de modificar el sentido de las misiones electorales que envía la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este sentido, a través de un documento que firmaron ambos, Alberto Fernández y AMLO “acordaron hacer frente común para atender la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos en la etapa post-pandemia, con la finalidad de mejorar las condiciones de las sociedades de ambos países y de la región en su conjunto”.

Desde esta perspectiva, el jefe de estado argentino y su par mexicano eligieron el G20 para proponer un nuevo sistema global tras los efectos devastadores sobre la economía y las instituciones causadas por el COVID-19.

El documento bilateral destaca además que “el papel del Grupo de los Veinte (G20) en la construcción de consensos globales en este sentido, y convinieron mantener y profundizar los esfuerzos que ambos gobiernos realizan de manera coordinada para impulsar un enfoque basado en la solidaridad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, en todos los temas de interés común en la agenda de este mecanismo”.

Durante la conferencia de prensa que compartieron, y a continuación en el desayuno de trabajo, Alberto Fernández y AMLO coincidieron en cuestionar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19 ejecutado por las potencias centrales. Los dos presidentes consideran que el acaparamiento profundiza las asimetrías entre países ricos y países pobres y acordaron actuar en conjunto en Naciones Unidas.

A partir de esta estrategia diplomática, el documento conjunto sostiene que Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que hoy, más que nunca, la pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de mantener a América Latina y el Caribe, fuerte, unida y solidaria, donde ningún país de la región quede excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos. Con este fin, continuarán colaborando estrechamente para que la región logre la autosuficiencia en la producción de vacunas y que éstas sean consideradas como bienes comunes globales, así como sus patentes”.

Al margen del trabajo conjunto en los organismos multilaterales para lograr un acceso directo a las vacunas y proponer un cambio de reglas en la gobernanza global, Alberto Fernández y AMLO ratificaron su voluntad de profundizar la relación bilateral en todos sus andariveles.

El acuerdo firmado hace instantes entre los dos mandatarios reconoce “el potencial de la relación económica entre la Argentina y México y coincidieron en la necesidad de incrementar las inversiones recíprocas, la diversificación e intensificación del comercio bilateral, tanto para productos primarios como manufacturas agropecuarias, industriales y servicios, así como también a partir de la promoción de asociaciones estratégicas entre empresarios argentinos y mexicanos, como por ejemplo en la economía del conocimiento, con miras a seguir construyendo un vínculo maduro entre los sectores productivos de ambas naciones”.

Hacia el final del documento conjunto, Alberto Fernández y López Obrador analizaron la actual situación de la OEA. Ambos jefes de Estado ratificaron el valor geopolítico de este foro regional, pero plantearon un cambio de lógica al momento de enviar misiones de observación de los comicios en América Latina.

Alberto Fernández está convencido de que Luis Almagro, secretario General de la OEA, envió una misión en las penúltimas elecciones de Bolivia para perjudicar a Evo Morales, y ese cuestionamiento se puede observar en el último párrafo del documento bilateral.

Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que las Misiones de Observación Electoral de la OEA deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos, así como fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral. Los mandatarios pusieron de relieve el peligro de que estas misiones extralimiten sus facultades y alcances, y evitar que se repita lo ocurrido en Bolivia en 2019. Asimismo, acordaron seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que éste culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”, sostiene el documento.

La firma de este comunicado bilateral fue la última actividad oficial de Alberto Fernández en México. Cerca de las once de la noche de Argentina (tres horas menos en México), el presidente abordará un avión privado que lo llevará sin escalas a Yapeyú, en la provincia de Corrientes, adonde retomará su agenda local.

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Robaron el histórico anillo que Carlos Menem utilizó durante su presidencia y en sus últimos días de vida

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La joya es de oro, contiene una piedra de ónix y tiene grabados los nombres de sus cuatro hijos. “Es inminente” la detención de los sospechosos del robo, dijo el abogado de la familia del ex presidente

La Justicia investiga el robo del histórico anillo del ex presidente Carlos Menem, quien murió este domingo a los 90 años luego de enfrentar diversos problemas de salud. Se trata de la joya de oro con una piedra de ónix que el ex mandatario usaba prácticamente todo el tiempo y que lo acompañó durante toda su presidencia y el tiempo que se desempeñó como senador nacional.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, que está cargo del fiscal Carlos Velarde, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal Correccional Nº 42, y de la División de Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, el robo habría ocurrido entre el 6 y 16 de diciembre en la casa que tenía el ex jefe de Estado en la calle Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano, mientras estaba internado por primera vez en el Sanatorio Los Arcos.

La foto del anillo que publicó "Zulemita" cuando Menem aún pelaba por su vidaLa foto del anillo que publicó “Zulemita” cuando Menem aún pelaba por su vida

Diego Storto, abogado de la familia Menem, fue quien confirmó la investigación penal en diálogo con el canal C5N. “Estamos muy avanzados en la investigación. Creo que se está yendo por buen camino”, dijo el letrado, que aseguró, además, que “es inminente” el allanamiento y detención de la o las personas involucradas en el robo. El expediente fue calificado como hurto y ya declararon 15 personas, entre enfermeros, asistentes y empleados del ex presidente.

El anillo en realidad no era el original que le había regalado su padre Saúl, respetando una tradición familiar árabe. De hecho, el hombre también le dio una joya de ese estilo a los hermanos del ex presidente. El que se conoció popularmente y que hoy es el objeto de la investigación judicial es una réplica, cuyo origen se dio irónicamente también durante un desafortunado episodio.

Menem exhibía el anillo en todo momentoMenem exhibía el anillo en todo momento

El 19 de diciembre de 1989, cuando asumió como mandatario de los argentinos, Menem perdió la joya. Fue a partir de este hecho que Zulemita, su hija, mandó a hacerle la réplica, que es la que usó durante todo el período como jefe de Estado y como senador nacional. Se trataba de una pieza con un gran valor emocional y había que reponerla. Todas las fotografías durante su máximo esplendor político son con aquel anillo. Era tanta la importancia que tenía la pieza para el ex presidente que en ella tenía grabados los nombres de sus cuatro hijos: Carlitos Junior, Zulemita, Nair y Máximo.

Prácticamente no se lo sacaba; solo cuando iba a dormir. En las noches Menem colocaba el anillo dentro del estuche de uno de los dos anteojos que usaba a diario, lo dejaba en su mesa de luz y al otro día volvía a ponérselo en su mano izquierda. Era un rutina casi irrenunciable que por la internación del diciembre pasado se vio abruptamente modificada.

Acá en su tiempos como senador. El anillo siempre con élAcá en su tiempos como senador. El anillo siempre con él

La denuncia fue radicada por Zulemita el 17 de diciembre en la comisaría 14B, luego de que se descubriera que el anillo había desaparecido. Sucedió cuando Menem pidió que le trajeran sus anteojos, ya que quería ver un partido de fútbol. Cuando su enfermero personal le llevó los estuches con los anteojos desde la casa del barrio de Belgrano, notó que la joya no estaba. El anillo había sido utilizado por última vez el día 4 de diciembre del 2020 por el ex presidente, en una sesión legislativa.

Al momento de la internación, que comenzó el 15 de diciembre con el traslado del ex presidente al Sanatorio Los Arcos, en el domicilio porteño de Menem trabajaban, además de los custodios, tres enfermeros, dos empleados y una asistente. También ingresaron trabajadores que hicieron algunos arreglos en la vivienda.

Menem durante las EleccionesMenem durante las Elecciones

“Descartamos cualquier tipo de conexión familiar y con la gente cercana que trabajó con él durante toda la vida, la Justicia está poniendo la lupa sobre algunas personas que durante la investigación quedaron más al descubierto probatoriamente, que fueron llamadas a declarar y se notó que falsearon su declaración”, expresó el letrado.

Emilio Méndez Villanueva es uno de los enfermeros que cuidaba a Menem los siete días de la semana. Había iniciado sus vacaciones el 5 de diciembre y fue reemplazado por otros tres por una empresa de medicina prepaga, que atendían al ex presidente en su domicilio. Según indicó el canal TN, previo a notar que faltaba el anillo, el profesional de la salud se había dado cuenta de que él mismo había sufrido un robo en el domicilio: el de su teléfono celular.

Menem en el Senado

Menem en el Senado

Según trascendió, mientras Menem estaba en el sanatorio del barrio de Palermo, el enfermero fue hasta la casa de la calle Echeverría y notó que su teléfono había desaparecido. Cuando la familia del ex presidente se percató de que la joya también había sido robada, Méndez Villanueva ahí sí reveló lo que había pasado con el celular. Ahora, la Justicia deberá determinar si ambos hurtos tienen algún tipo de relación. Los que se sabe hasta el momento -según la señal de noticias- es que uno de los empleados que trabajaba en la casa de Menem tiene antecedentes por robo.

Al respecto, el abogado que representa a Zulemita, explicó esta mañana que la denuncia no se había dado a conocer hasta este momento por el estado de salud delicado en el que se encontraba el ex presidente, pero que la causa “está avanzando” y “está yendo por buen camino”. Según dijo un asistente de Menem al enfermero, la última vez que vio el anillo en la mesa de luz fue el 13 de diciembre. Eso reduce el período del presunto robo a tres días.

Tras la denuncia, la Policía de la Ciudad inició las investigaciones para determinar los domicilios de los nuevos enfermeros (dos mujeres y un hombre). Además, por orden del fiscal interviniente, el 12 de febrero se realizaron tres allanamientos: dos en la Ciudad y uno en la Provincia, con resultados negativos.

La Policía de la Ciudad también solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del domicilio de Menem entre el 6 y el 17 de diciembre, pero en esas fechas las cámaras no funcionaron.

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