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El Gobierno refuerza su reclamo a Gran Bretaña por las islas Malvinas

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También promoverá por ley la creación de un Consejo para fijar políticas de Estado

En un nuevo gesto tendiente a reafirmar los derechos de soberanía sobre las islas Malvinas y endurecer los reclamos al Reino Unido, el Gobierno anunció este miércoles que enviará al Congreso tres proyectos de ley de alto voltaje político para fijar la demarcación de la plataforma continental marítima, establecer un nuevo régimen de sanciones a la pesca ilegal en aguas cercanas a las islas y crear un Consejo Nacional de Asuntos relativos al archipiélago para establecer políticas de Estado a largo plazo.

Esta batería de proyectos de ley que se elaboraron desde la Cancillería bajo el auspicio del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, se presentó en la residencia de Olivos con el canciller Felipe Solá y el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, precisamente por la conmemoración del 191° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las islas. Es que en 1829 el gobierno de la provincia de Buenos Aires designó como gobernador de las Malvinas a Luis Vernet y fijó su posición de soberanía en las islas.

El presidente Alberto Fernández ratificó esta mañana el “reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía”, al conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas. En su cuenta de Twitter el jefe de Estado sostuvo: “En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ratificamos nuestro reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía sobre dichos territorios”.

Tras reunirse con Alberto Fernández y mostrarle el nuevo mapa de la plataforma continental marítima de la Argentina el canciller Felipe Solá dijo: “Una de las prioridades de la política exterior argentina en la evolución de las negociaciones sobre el derecho del mar ha sido y continúa siendo consolidar nuestros derechos de soberanía sobre la plataforma continental”.

De esta manera, Solá consideró que “tanto el proyecto de ley de demarcación del límite de la plataforma continental, como el de incremento de las sanciones por pesca ilegal y el de creación del Consejo Nacional, tienen como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y promover la memoria con hechos concretos, por los héroes de Malvinas y por otros que dieron la vida en la Antártida”.

A la vez, Filmus dijo tras presentar los proyectos de ley en la quinta de Olivos que “estas iniciativas establecen una mirada integral de reclamo de soberanía de Argentina en las Malvinas pero también la proyección económica del país en el Atlántico Sur”.

“En un día histórico como el de hoy en que se conmemora el nombramiento de Vernet como gobernador de Malvinas la Argentina refuerza y reafirma los derechos de las Malvinas porque hay constancia jurídica e histórica de la posesión de las islas por parte de la Argentina”, dijo el secretario de Malvinas en relación a la conmemoración del Día de Afirmación de los derechos de Malvinas.

En este contexto, mañana se publicarán en el Boletín Oficial dos de los tres proyectos de ley que fueron presentados y pasado mañana el tercero.

El Gobierno avanzará en primer lugar con la presentación en el Congreso del proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Se busca “consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo”. Es que el 11 de marzo de 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en la ONU adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada el 21 de abril de 2009. Así, confirmó que la plataforma continental del país ahora tiene 1.633.000 kilómetros cuadrados más y reconoció que las aguas de Malvinas están en disputa con el Reino Unido. Esto se agregó a los 4.500.000 kilometros cuadrados que ya tenía el país.

Para esto se presentó el nuevo mapa de la plataforma continental marina que fue avalado por la ONU y que se ratificará por ley para que se incorporen en los colegios como material didáctico de los nuevos espacios limítrofes de la Argentina.

“Se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional”, sostiene en los fundamentos el proyecto de ley que girará el Gobierno.

Y en relación al reclamo de soberanía de las islas Malvinas por parte de la Argentina, la Cancillería cree que la inclusión de los puntos que refieren a la demarcación de la plataforma continental proveniente de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur resultará imprescindible ya que se tratará de “un nuevo acto de reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre tales áreas y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina reviste una importancia fundamental por razones políticas y económicas”.

Es que con este proyecto de ley sustentado en el fallo de la ONU la Argentina podrá avanzar con la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias en el suelo continental submarino ampliado aunque no de las aguas superiores.

La intención de la Argentina de avanzar con esta iniciativa fue duramente cuestionada hace 10 días por la Cancillería de Chile que envió una carta al ministro Felipe Solá para objetar la decisión “unilateral” de promover esta demarcación que, al entender de la administración de Sebastián Piñera, atenta contra la zona limítrofe del Canal de Beagle.

Por otra parte, el Gobierno promoverá desde hoy por ley la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El objetivo de esta comisión conformada por especialistas, académicos, ex combatientes, representantes del gobierno de Tierra del Fuego, parlamentarios del oficialismo y de la oposición y el Poder Ejecutivo es el de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, conformado de manera amplia, multipartidaria y con la participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática de Malvinas. Es la primera vez que los veteranos de guerra de las Malvinas forman parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo con proyecciones a largo plazo e injerencia en las políticas de las islas.

Por último, el Gobierno impulsará un proyecto de modificación de la ley que fija un régimen de sanciones por la pesca ilegal en aguas lindantes con Malvinas.

Según el Gobierno, la Ley Federal de Pesca 24.922 estaba desactualizada, con montos que databan de 1997 (con una actualización para las causales agravantes del año 2008), lo que generaba que las sanciones monetarias no cumplieran con el objetivo de desalentar las prácticas ilícitas por parte de los buques pesqueros. El proyecto de ley que ahora se promueve tiene como objetivo actualizar y endurecer el régimen de sanciones contra la pesca ilegal de la Ley Federal de Pesca, perpetrada contra nuestros recursos, muchas veces por buques extranjeros, incluso en el área de Malvinas, otorgando herramientas normativas más dinámicas para combatir ese flagelo.

“Existe una vasta gama de intereses nacionales en juego, los cuales además deben apreciarse a la luz de la existencia de la disputa de soberanía con el Reino Unido por nuestras Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, dado que dicho país continúa otorgando ilegítimas licencias de pesca en el área de Malvinas persistiendo en la ejecución de actos unilaterales, ignorando sistemáticamente el mandato de la Organización de las Naciones Unidas”, sostiene la iniciativa oficial.

Filmus acotó a la vez que la actual ley de pesca “estaba muy desactualizada en términos de pagos de sanciones y multas a las empresas que extraen recursos del mar argentino”.

Así, el proyecto de ley propone un régimen variable basado en unidades de valor relacionadas al monto del combustible, que contempla su actualización. La iniciativa también posibilita restituir todos los gastos en que incurre el Estado una vez cometida la infracción. Este régimen es aplicable a todos los espacios marítimos argentinos, por lo que contribuye a afianzar la soberanía en las zonas en disputa y al cumplimiento de los compromisos internacionales de la República Argentina, en particular, el Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS) 14.4 de las Naciones Unidas, que establece que antes de 2020 los Estados deben reglamentar eficazmente la explotación pesquera.

Las propuestas que presentará el gobierno se dan en un contexto de dureza de parte de los isleños respecto de la política argentina hacia las islas y la ratificación de su alianza con Londres.

En su mensaje a la Asamblea Legislativa de las islas, el gobernador puesto por Gran Bretaña en las Malvinas, Nigle Phillips, expresó ayer que “las Islas Falkland (Malvinas) cuentan con el apoyo del gobierno británico incluyendo la defensa de su soberanía y del derecho a la autodeterminación”. También instó a “trabajar muy de cerca con Londres en asegurar los intereses de las Islas en las negociaciones del Brexit”.

En el mensaje de Phillips se presentó el presupuesto de las Islas para el ejercicio 2020/21, a la vez que rindió cuentas sobre “logros y errores” durante los últimos doce meses y adelantó las políticas y metas para el futuro.

En este sentido, Phillips dijo que entre los proyectos a ejecutar se cuentan la construcción de un puerto nuevo de aguas profundas, el mejoramiento de los caminos rurales y muelles en distintas localidades de las Islas, asfaltar otro tramo de la arteria que conecta Puerto Argentino con el aeropuerto internacional y complejo de Mount Pleasant, la ampliación del hospital KEMH, proyectos de viviendas y la adquisición de un par de aviones para el servicio interno, entre otras cosas.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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Hidrovía: en medio de la presión del kirchnerismo por estatizarla, el Gobierno prorrogó la concesión

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Lo hizo con una resolución que lleva la firma del ministro Gabriel Katopodis. Se llamará a licitación.

por el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, quien quedó temporalmente con la firma del Ministerio de Transporte mientras se define el nombre del sucesor del fallecido Mario Meoni.

La prorroga iba a hacerse por decreto presidencial. Pero al quedar Katopodis con la delegación de la firma, el funcionario pudo dictar la resolución.

Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

La decisión del Poder Ejecutivo se conoce en medio de la ofensiva de la bancada oficialista del Senado para que se estatice esa vía navegable, puerta de salida del 80% de las exportaciones argentinas.

Pero el Gobierno se encamina a toda marcha en otra dirección.

En la resolución firmada en la noche de este miércoles por Katopodis se señala que el Ministerio de Transporte puede “adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la vía navegable troncal hasta que los adjudicatarios del nuevo llamado a licitación asuman la operación de tales servicios”.

Igual, se mantiene la presión desde integrantes clave del Instituto Patria la bancada oficialista del Senado, que no se mueve sin el aval de Cristina Kirchner, para que se avance en otro esquema.

Argumentan que es una oportunidad histórica para que el Estado “recupere” el control de la Hidrovía.

José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, habló en los últimos días con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. También con Máximo Kirchner, titular del bloque kirchnerista de Diputados.

El senador formoseño le trasmitió a ambos que “el bloque está en contra” del esquema en el que se avanzaría de concesión a una empresa privada -como hasta ahora- pero con la novedad de un mayor control del Estado.

Lo que quieren los senadores es que directamente la Hidrovía pase a ser manejada por el Estado y que sea éste el que cobre los peajes a los barcos.

La tarifa actual es de alrededor de 3 dólares por tonelada de carga que transportan.

En total el negocio factura más de 300 millones de dólares por año, según estiman fuentes oficiales.

Además de senadores, también hay provincias con intereses en la Hidrovía que presionan por un cambio de fondo del actual esquema. Es el caso del gobierno de Axel Kicillof.

Peaje

Un ministro de una provincia que impulsa que la Hidrovía pase a manos del Estado apuntó: “El control del cobro del peaje es central”.

Y explicó que lo que proponen es tercerizar el dragado, balizamiento y señalización de la vía navegable.

“Sería como cuando licitas el servicio de recolección de basura y el Estado cobra y paga el servicio”, describió ese funcionario.

En esa provincia también sostienen que lo acordado hasta ahora sería justamente eso, que el Estado cobre los peajes.

Pero en la Casa Rosada, otras gobernaciones y en el massismo -el recientemente fallecido ministro de Transporte Mario Meoni respondía a Sergio Massa- repiten que se avanzará es en una nueva licitación.

“Es una decisión exclusiva del Presidente. Alberto quiere licitar“, dijeron a Clarín en el Poder Ejecutivo.

Y completaron: “Los sectores que proponen lo contrario no tienen ni injerencia ni peso”.

Las mismas fuentes dijeron que se mantendrá el “equilibrio” en la coalición gobernante y que el Ministerio de Transporte seguirá bajo control del massismo.

Sergio Massa con el fallecido ministro Mario Meoni.

Sergio Massa con el fallecido ministro Mario Meoni.

Las cerealeras y las empresas exportadoras se resisten a que el Estado cobre los peajes. Sostienen que con el actual esquema la concesionaria cuenta con fondos para la realización de las obras necesarias.

“Las empresas lo que dicen es que con el Estado las trabas burocráticas serían grandes y las obras se demorarían”, confiaron en una provincia del interior.

Entre los sectores que impulsan que el Estado cobre el peaje argumentan que de esta manera se conocerá al detalle lo que se transporta y se evitaría la evasión.

Sería como un control aduanero”, señaló un defensor de la estatización.

De lo que nadie habla por el momento es de cambiar el actual esquema de tarifa plana de peaje.

La concesión está en manos hace 25 años del consorcio formado por la belga Jan de Nul y la local Emepa.

De acuerdo con versiones, Jan de Nul no mantendría su sociedad con Emepa en la futura licitación.

Su propietario, Gabriel Romero, declaró en la Justicia como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas y sería una “carga” para los belgas.

Aunque falta definir los pliegos para la nueva licitación, hay presión de las empresas navieras y de las cerealeras para profundizar el calado del río Paraná y llevarlo de los actuales 34 a 38 o, incluso, 40 pies.

La mayor profundidad le permitiría navegar a los barcos supercargueros de la clase Panamax.

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