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Economia

IFE, ATP y aguinaldos: el Gobierno pisa el freno y achica los programas de asistencia

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El alto costo fiscal obliga a reducir las partidas después de tres meses de cuarentena.

De camino a los cien días de cuarentena el gobierno pisa el freno y empieza a achicar los programas de asistencia armados para contener la emergencia social en medio de la pandemia del coronavirus. Ya con menos restricciones para circular y trabajar los funcionarios buscan ponerle coto al agujero fiscal al que se enfrenta el país este año, cercano al 7% del PBI según estimaciones privadas.

La piedra angular de la ayuda social en este período es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se puso en marcha junto con la primera fase de la cuarentena, a fines de marzo. La radiografía de la pobreza que el gobierno tenía hasta ese momento estaba llena de baches. A tal punto que arrancaron estimando que el bono de $ 10.000 alcanzaría a 3,6 millones de personas y se encontraron con una demanda de 12 millones de argentinos. Al organizar el padrón quedaron adentro casi 9 millones de beneficiarios. Así, lo que en las planillas iba a ser una partida de $ 36.000 millones se transformó en pocos días en un gasto de $ 90.000 millones. Y eso solo fue la primera fase. Con la extensión de la cuarentena y ya con la pobreza escalando, el gobierno tuvo que sumar una segunda ronda. Para junio el gasto ya era de $ 180.000 millones.

A punto de terminar el primer semestre el pico del coronavirus en Argentina aún no aparece. El gobierno se enfrenta ahora a la definición de una tercera fase del IFE y la restricción presupuestaria empieza a hacer efecto. A diferencia de otros países de la región que también implementan paquetes de ayuda, Argentina no puede endeudarse para enfrentar la pandemia. Mientras Chile toma deuda al 2,5% anual y Paraguay al 5%, Argentina tiene los mercados cerrados y una única alternativa: la emisión monetaria. La maquinita del Banco Central volcó a la calle $ 250.000 millones por mes, una situación potencialmente explosiva en una economía que va por su tercer año seguido de inflación por encima del 40% anual.

Desde el gobierno prometen que cuando llegue la reactivación en el segundo semestre irán esterilizando los pesos que abundan en el mercado para bajar la presión sobre los precios y a la vez ajustarán el gasto público. Pero el pronóstico oficial de cerrar 2020 con un déficit primario del 3,1% parece ilusorio. Las consultoras privadas están llevando ese cálculo al 7% del PBI.

Lo que viene

“Aún no sabemos si habrá un nuevo pago del IFE. No hay ninguna precisión”, indican desde Anses. Sin embargo, tanto desde esa repartición como desde otras vinculadas a la atención social admiten que cuando la cuarentena termine la pobreza habrá subido y que esto requerirá mantener algún tipo de asistencia al menos para los sectores más sumergidos.

De las 9 millones de personas que cobran IFE la mitad está en la economía informal y apenas 500.000 son monotributistas de las categorías A y B, las más bajas.

Con ese escenario, Anses avanza para que con IFE o sin IFE dejar armada la estructura para que quienes estaban fuera del radar del estado ahora sean incorporados a las estadísticas y así sea más fácil implementar otro tipo de ayuda en la fase que viene. Por eso empujan la bancarización de los beneficiarios que hasta ahora no tenían cuentas. El plan es que dentro de un mes todos tengan CBU.

Por lo que se sabe hasta ahora habría una tercera fase del IFE pero sería más acotada que la actual. En principio lo que se maneja es mantener la prestación en el AMBA, donde la cuarentena es más rígida, y acotarla en las provincias que tiene ya la actividad en marcha, al menos en las familias que no están golpeadas por la pobreza profunda. Pero aun no hay una decisión final. Tienen tiempo para resolverlo hasta fin de mes y utilizarán este período para evaluar cómo viene funcionando el IFE. Desde las oficinas públicas manejan datos claves: sostienen que la primera tanda del bono de $ 10.000 evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de argentinos de clase media baja cayeran en al pobreza.

De este modo, lo que viene para la tercera fase del IFE sería en la misma tónica de lo que ya se resolvió para el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), la otra pata central de la ayuda en la emergencia.

Se trata del programa a través del cual el estado paga hasta el 50% de los sueldos del sector privado. Alcanza a 2 millones de trabajadores de 245.000 empresas. Y demanda $ 59.000  millones al mes. Ya hubo cubrió el pago de sueldos de abril y mayo. Y se confirmó que habrá una tercera, pero con cambios. Se achicarán los desembolsos públicos de modo que con el sueldo de junio el porcentaje del salario que solventa el estado sea menor al 50% que hubo en los meses previos. Y se buscará reemplazar esa ayuda por créditos blandos para las empresas que por la flexibilización de la cuarentena volvieron a producir y necesitan pagar cuentas atrasadas o invertir en insumos.

Además para reducir el costo, se dejó fuera a las empresas de más de 800 empleados que representan el 0,1% del total pero engloban al 12,7% de los trabajadores registrados.

Junto con esto viene la tercera pata en la que el gobierno pisó el freno. Pese a la demanda recurrente de las asociaciones empresarias, la administración de Alberto Fernández se plantó y anunció que no habrá ayudas para el pago de los aguinaldos, que deberían empezar a liquidarse la semana próxima. Desde el sector privado dicen que sin asistencia estatal la única alternativa es negociar el pago en cuotas. En las discusiones con el sector empresario, los sindicatos están más focalizados en mantener los puestos de trabajo que en negociar paritarias. Por lo pronto, el gobierno ya avanzó sobre el fraccionamiento de los aguinaldos públicos más altos sin que los gremios opusieran resistencia.

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Jubilaciones: el aumento de marzo será del 8,07% y habrá un bono extra para compensar la pérdida frente a la inflación

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El incremento será menor a la inflación, que se estima en 11% para el primer trimestre. Quiénes podrían cobrarlo y cuándo se define.

A partir de marzo el monto de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales se incrementará el 8,07% y para compensar la pérdida frente a la inflación habrá un bono extraordinario.

Así adelantaron a Clarín fuentes del Gobierno quienes agregaron que el alcance y el valor del bono serán definidos por el Presidente Alberto Fernández, entre mañana y el viernes.

Se estima que, como se aplicó el año pasado, el bono alcanzará a los que ganan la jubilación mínima o un poco más, a las pensiones no contributivas que cobran el 70% del haber mínimo y los que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En total un universo de casi 5 millones de personas.

La decisión se tomó porque, con el 8,07%, el primer aumento en base a la nueva fórmula de movilidad, que se aplicará por tres meses (marzo-mayo) tuvo un mal debut para los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales, como AUH, Asignaciones Familiares) que suman 18 millones de personas.

De todos modos, en Casa Rosada insistieron que con la fórmula del anterior Gobierno, el aumento hubiera sido más bajo, del 7,18%.

Punto más, punto menos, el aumento de las jubilaciones y pensiones sería inferior a la inflación del primer trimestre de este año, incluso estimando una inflación descendente (3,5% en febrero y 3,1% en marzo) ya que acumularía una suba de los precios del 11%, afectando a las 18 millones de personas alcanzadas por la movilidad.

Además de las jubilaciones y pensiones, el aumento comprende a las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y la fórmula de movilidad no prevé una compensación si la inflación es mayor que el incremento de los haberes.

Cuánto aumenta la jubilacion mínima​

Con el aumento del 8,07%, la jubilación mínima subirá de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la PUAM de $ 16.457.

La fórmula de movilidad no contempla ninguna compensación si los aumentos son inferiores a la inflación. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años que ronda entre el 15 y 25%, según los rangos de haberes. Pero no impide que se otorguen bonos extraordinarios, que no se integran al haber del jubilado, como pasó en 2020. Esto significa que no se consideran como base para los futuros aumentos.

El bono abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados con haberes un poco por encima de la mínima porque – argumentan en el Gobierno– son los mayores perjudicados por la inflación ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, que es el rubro que más aumentó y más incide en el IPC promedio y en el valor de la canasta básica de pobreza.

De todos modos, el resto de los jubilados y pensionados tuvieron pérdidas entre 2018 y 2020 de hasta el 25% y con el 8,07% volverán a perder frente a la inflación.

En el caso de la AUH, en el Gobierno argumentan que los padres y madres con hijos menores de 6 años- tienen una compensación por el aumento de la tarjeta Alimentar que, desde este mes, pasó de $ 4.000 a $ 6.000 por hijo y de $ 6.000 a $ 9.000 con 2 o más hijos.

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Más cambios en Ganancias: no pagarían aguinaldo, horas extras y viáticos y estudian beneficiar a los Autónomos

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Sergio Massa adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto. Se avanza para que los sueldos de hasta 150.000 brutos no paguen cuando cobren el salario complementario

La semana que viene podría comenzar el tratamiento del proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cual se busca modificar el piso salarial a partir del que se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.

La iniciativa, que recogió apoyos del oficialismo y de la oposición, establece un nuevo piso de $150.000 bruto por el cual se empieza a pagar el tributo. Sin embargo, en el proceso de discusión de las diferentes comisiones se irán haciendo modificaciones que apuntan a ampliar los beneficios para los trabajadores que tengan que pagarlo.

Habrá cambios y se ampliarán los beneficios (fuentes del massismo)

Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados aseguraron a Infobae que “habrá cambios y se ampliarán los beneficios” y que en ese orden de prioridades de modificaciones encabezan la lista las horas extras, los viáticos y el aguinaldo. Y se analiza lo que podría ser la mayor sorpresa del proyecto: los Autónomos. Se está terminando de estudiar el costo que tendría que una parte de quienes están encuadrados en esa categoría fueran alcanzados por la nueva norma.

“Se está trabajando para sumar que las horas extras y los viáticos de algunos sectores en donde estos dos ítems son cotidianos que no sumen para pagar Ganancias”, explicaron fuentes legislativas.

Lo que sucedió en Toyota días atrás, cuando la empresa que concentra el 50% de las exportaciones del sector automotriz frenó la producción porque sus empleados no aceptaron trabajar un feriado ya que perdían más de lo que ganaban por consecuencias del pago de Ganancias.

Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)

Otro punto importante que están trabajando en el equipo de Massa es el de los aguinaldos. “Buscamos que aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos no paguen Ganancias por pasarse con el aguinaldo”, describen cerca de Massa. Otro punto que se estudia lo propuso la oposición y tiene que ver con poder descontar los gastos en educación, como cuotas de colegios, libros, materiales y viajes, entre otros.

“El proyecto tiene que ser sustentable desde el punto de vista fiscal. El costo fiscal tiene que ser algo que esté dentro de ciertos parámetros. Algunas de las propuestas que ofrecen desde la oposición se podrían sumar y otras no por el costo que tienen”, explican desde el massismo. Ayer, el presidente de la Cámara baja se reunió con legisladores del Frente de Todos que representan a distintos gremios para analizar el proyecto.

Massa con los diputados de su bloque de extracción gremialMassa con los diputados de su bloque de extracción gremial

Aunque todos los bloques están de acuerdo con el cambio propuesto por el oficialismo y hubo un decreto por el cual se habilitó a que el tema sea debatido en el Congreso, recién comenzará la discusión luego de la apertura de las sesiones ordenarías.

“Para que quede bien el bordado, primero necesitamos tiempo para zurcir”, metaforizó una fuente del oficialismo que participó de las negociaciones técnicas previas a la presentación del proyecto. Y es que, a pesar de la buena recepción de la medida, que también establece que aquellos que cobren hasta 173.000 pesos brutos tengan menores descuentos que en la actualidad, el Frente de Todos recibió, en las últimas semanas, algunos reparos de la oposición y una parte del sindicalismo.

El proyecto fija un “nuevo piso” de remuneración mensual que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. El objetivo es proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados y potenciar el mercado interno.

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Presión impositiva extrema: los operarios de Toyota prefirieron no trabajar horas extras para no pagar Ganancias

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La automotriz japonesa buscó producir un feriado y en medio de vacaciones, pero no consiguió el personal suficiente para poner en marcha su planta

Lentamente, el sector automotriz comienza a recuperar un poco del ritmo de producción que supo tener en otros tiempos. Sin embargo, la presión impositiva y las restricciones cambiarias empiezan a ponerle un freno que dificulta que comience a rodar.

El impuesto a la Ganancia que presiona sobre los salarios del sector y la falta de aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) para el ingreso de unidades fabricadas en el exterior está golpeando a una industria que aún se encuentra muy por debajo de la media en lo que se refiere al uso de la capacidad instalada y pelea por recuperar un mercado de ventas.

Como publicó Ámbito FinancieroToyota no pudo producir porque entre vacaciones y el rechazo de los empleados a sumar horas extras en el feriado por el impacto que tiene el plus salarial en Ganancias, no logró completar la planta de trabajadores necesaria para poder poner la maquinaria en marcha.

La compañía asiática, que tiene una balanza superavitaria ya que exporta alrededor del 80% de lo que produce en el país, pretendió mantener la planta activa el pasado martes feriado de carnaval. Sin embargo, no logró reunir el número de trabajadores necesarios para poner en marcha la producción.

Hilux, la pickup que exporta Toyota desde la ArgentinaHilux, la pickup que exporta Toyota desde la Argentina

Desde la empresa explican que “no solo es por el impacto del impuesto ya que hay gente de vacaciones”, pero también hicieron referencia a Ganancias al señalar que “está claro que mientras más se trabaja, más se gana y más se paga; en el sector automotriz se parte de salarios con pisos altos, por lo que rápidamente se pasa de escala”.

En el sector automotriz descartan de plano que sea un conflicto con Smata y recuerdan que hace unos años hubo un acuerdo con el sindicato para trabajar los fines de semana para cumplir con los cupos de producción que necesitaba la empresa. “No es la primera vez que le pasa y es porque los empleados entienden que, con el descuento y el esfuerzo de trabajar un feriado, pierden más de lo que ganan”, agregó.

Según la empresa, durante el 2020 la planta de la marca japonesa en la Argentina representó el 50% de las exportaciones de la industria automotriz local, con 32.724 unidades despachadas y USD 800 millones en ingreso de divisas.

Mercedes, también

En la otra punta del conflicto que vive el sector está la alemana Mercedes Benz, que asegura sufrir escasez de unidades pero, en este caso, por la falta de aprobación de importaciones. La marca tiene varadas alrededor de 700 unidades a la espera de la aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) por lo que lentamente se le está secando el mercado de unidades para vender.

A diferencia de Toyota, el problema de la alemana tiene que ver con la escasez de dólares y las trabas que tienen las empresas para acceder a los cupos que les permitan la importación de unidades. En general, las empresas de importados apuestan a incrementar ventas aprovechando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo porque, aunque las unidades cotizan en dólares, lo hacen al valor que fija el Banco Nación y se pagan en pesos. Por eso, quien tiene los dólares billete para comprar un auto de alta gama importado necesita cambiar menos dólares si utiliza la cotización del mercado paralelo.

Aunque Mercedes Benz fabrica en el país –tiene una planta donde hace la van Sprinter– no logra acceder al mercado cambiario para hacerse de dólares ni que la Aduana le libere las SIMI. Asegura tener unidades en los depósitos fiscales que “de estar en una concesionaria se venderían rápidamente”, aseguraron desde la empresa.

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