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La Cámara del Crimen consideró inconstitucional el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno

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Los jueces que la integran apuntaron contra las modificaciones en el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones) de la Capital Federal

La reforma judicial que encara el Gobierno todavía no comenzó a andar y ya tiene la primera crítica importante. Los integrantes de la Cámara del Crimen manifestaron sus diferencias con el proyecto de ley que el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso en el que se plantea la reforma del fuero federal con la clara intención política de licuar el poder de los jueces asentados en Comodoro Py. Y consideraron que es inconstitucional.

La Cámara del Crimen fijó posición en contra de la parte de la reforma que toca el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones, etc.) de la Capital. En ese sentido, fijó posición en contra de la reforma mediante un Acuerdo General firmado a distancia por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

Los camaristas integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico. Serán 46 juzgados y la mitad se llenará con los jueces y juezas actuales y el resto con los magistrados de Instrucción que decidan anotarse para subrogar. Y en la reforma se prevé el traspaso de las competencias que tiene ese fuero a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así como el no llamado a concurso para llenar las vacantes, el paso voluntario de jueces y juezas a la Justicia de la Ciudad y la disolución de los juzgados y tribunales que fueran quedando vacantes a medida que avanza la reforma.

La primera de las críticas al proyecto es de característica general. Los camaristas –que analizaron artículo por artículo el contenido del proyecto de ley– dijeron; “El fuero –computando también los tribunales orales– registra actualmente setenta y cinco vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que la ocupación de 23 juezas y jueces del fuero en las mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados federales ha de resentir la administración de justicia. Esto con el agravante de la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia, constituida por los hechos que en mayor medida afectan a los ciudadanos comunes, en tanto víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el resguardo de las personas detenidas contra los abusos e indebidas penurias a los que pudieran encontrarse expuestos”.

Otro de los cuestionamientos generales se refiere a la situación de los empleados y funcionarios del fuero criminal y correccional de la Capital. “El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados (el art. 40 sólo se refiere a funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados), que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias (art 28)”. Y agregaron que “en el caso de los funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas sólo se hace referencia a que serán reubicados (art. 40, párrafo 2do), sin especificación alguna relativa a su destino, ni siquiera si habrán de integrar los Juzgados y Tribunales del fuero que no se encuentren vacantes o si serán transferidos a los organismos del nuevo fuero federal, así como tampoco se ha contemplado ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”.

Los camaristas concluyeron: “Lo señalado en los puntos anteriores traduce una afectación a la estabilidad en las condiciones del empleo de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas, como también imprevisión respecto de las futuras funciones de juezas y jueces, aspectos que requerirían un mayor grado de precisión en las normas de forma tal de evitar un trato que pueda ser interpretado como lesivo de derechos laborales y constitucionales”.

El plenario de la Cámara, presidido por el juez Seijas, señaló que es inconstitucional el traslado de magistrados a la Justicia local. Dijeron que “…las únicas causales para el cese –además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente– de las juezas y los jueces de la Nación en el cargo son su renuncia actual, expresa e incondicional, presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las juezas y los jueces Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del traspaso de las competencias locales. Sobre el punto corresponde aclarar que el traspaso de las magistradas y los magistrados de la Justicia Nacional podría generar reparos de índole constitucional, en la medida en que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces”.

También consideraron que no es acorde a la Constitución y a las Convenciones el hecho de dejar sin atribuciones al fuero de Instrucción. Lo explicaron así: “Análoga objeción (…) merece la pretensión de privar a los tribunales de nuestro fuero de toda competencia y, consecuentemente, de jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de puesta en comisión de las juezas y los jueces. Es indiferente que ello sea consumado a plazo –por cierto cercano– en tanto el proyecto lo supone como resultado inexorable, y no contiene recaudo alguno relativo a la continuidad de sus funciones, como podría haber sido la asignación –eventualmente también progresiva– del conocimiento en todas o parte de las materias de competencia federal. Por ello, sería razonable y plausible una previsión en la normativa proyectada para que una vez que acepte el convenio de transferencias la legislatura de la CABA se les asigne competencia en asuntos de índole federal. Como lo señalamos antes, ello supone tanto la afectación a las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial –que son reaseguros de su imparcialidad–, como un trato desigual hacia el conjunto de las juezas y los jueces afectados”.

Para los camaristas del crimen no es legal el sistema de subrogancias que establece el proyecto de ley para ocupar los 23 cargos que se crean en el nuevo Fuero Federal Penal. Al respecto los jueces señalaron: “Por otra parte, las funciones de subrogancia que habrían de cumplir las juezas y los jueces de nuestro fuero en los 23 nuevos juzgados concebidos en el proyecto, en tanto tales tribunales no sean habilitados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no cuenten con sus titulares, designados previo concurso, resultan contrarias a la previsión expresa del art. 14 de la Ley 27.439 que establece que “será nula, de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares designados conforme al procedimiento constitucional ordinario”. Asimismo, el sistema de selección directa, independientemente de las mayorías que han de exigirse en el Consejo de la Magistratura o de la previsión del acuerdo del Senado, se aparta de la regla del sorteo (artículos 5to y 7mo), mecanismo fundamental de tal ordenamiento”.

Y agregaron: “De la misma manera, la pretensión de retrotraer las reglas consolidadas con la sanción de la Ley 27.439, importa además la violación de los principios de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos y su tutela merced a la garantía de imparcialidad y objetividad en la designación de las magistradas y los magistrados que deben velar por su vigencia. Si un Estado ha reconocido un derecho, como la mayor transparencia y garantía de imparcialidad en la designación de juezas o jueces y tribunales, no puede más que ampliarlo, mas nunca puede retroceder restringiéndolo. En esto consiste el principio de no regresividad contemplado en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de Derechos Humanos al establecer que toda regresividad es ilegítima…”.

También consideraron “discrecional” y contrario a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el hecho de que los jueces subrogantes que pasen de Instrucción al Fuero Penal Federal se queden con los casos nuevos durante el primer año de funcionamiento del fuero unificado, tal como lo establece el proyecto de ley.

La Cámara del Crimen criticó al proyecto de reforma judicial por carecer de información respecto al funcionamiento de los fueros involucrados en la fusión. Y hablaron de ignorancia. En el Acuerdo señalaron que “tal ignorancia ha conducido, a su vez, a postular una reforma de las jurisdicciones que la Nación ejerce en la Ciudad de Buenos Aires, que supone el completo desguace de nuestro fuero, con la consecuente dilapidación de recursos que semejante acto implica, en particular frente a las flaquezas que la República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al ciudadano”.

Los camaristas explicaron que dejaron sentada su opinión sobre la parte de la reforma que afecta al fuero nacional criminal y correccional. Y fue difundida un día antes del inicio de la exposiciones en el Senado de la Nación de distintos actores consultados por la reforma judicial. Uno de los que vía Zoom hablarán mañana en el Senado es Seijas, el presidente de la Cámara del Crimen que firmó el Acuerdo.

El Acuerdo firmado por los camaristas fue enviado a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a asociaciones profesionales, y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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Hidrovía: en medio de la presión del kirchnerismo por estatizarla, el Gobierno prorrogó la concesión

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Lo hizo con una resolución que lleva la firma del ministro Gabriel Katopodis. Se llamará a licitación.

por el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, quien quedó temporalmente con la firma del Ministerio de Transporte mientras se define el nombre del sucesor del fallecido Mario Meoni.

La prorroga iba a hacerse por decreto presidencial. Pero al quedar Katopodis con la delegación de la firma, el funcionario pudo dictar la resolución.

Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

La decisión del Poder Ejecutivo se conoce en medio de la ofensiva de la bancada oficialista del Senado para que se estatice esa vía navegable, puerta de salida del 80% de las exportaciones argentinas.

Pero el Gobierno se encamina a toda marcha en otra dirección.

En la resolución firmada en la noche de este miércoles por Katopodis se señala que el Ministerio de Transporte puede “adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la vía navegable troncal hasta que los adjudicatarios del nuevo llamado a licitación asuman la operación de tales servicios”.

Igual, se mantiene la presión desde integrantes clave del Instituto Patria la bancada oficialista del Senado, que no se mueve sin el aval de Cristina Kirchner, para que se avance en otro esquema.

Argumentan que es una oportunidad histórica para que el Estado “recupere” el control de la Hidrovía.

José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, habló en los últimos días con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. También con Máximo Kirchner, titular del bloque kirchnerista de Diputados.

El senador formoseño le trasmitió a ambos que “el bloque está en contra” del esquema en el que se avanzaría de concesión a una empresa privada -como hasta ahora- pero con la novedad de un mayor control del Estado.

Lo que quieren los senadores es que directamente la Hidrovía pase a ser manejada por el Estado y que sea éste el que cobre los peajes a los barcos.

La tarifa actual es de alrededor de 3 dólares por tonelada de carga que transportan.

En total el negocio factura más de 300 millones de dólares por año, según estiman fuentes oficiales.

Además de senadores, también hay provincias con intereses en la Hidrovía que presionan por un cambio de fondo del actual esquema. Es el caso del gobierno de Axel Kicillof.

Peaje

Un ministro de una provincia que impulsa que la Hidrovía pase a manos del Estado apuntó: “El control del cobro del peaje es central”.

Y explicó que lo que proponen es tercerizar el dragado, balizamiento y señalización de la vía navegable.

“Sería como cuando licitas el servicio de recolección de basura y el Estado cobra y paga el servicio”, describió ese funcionario.

En esa provincia también sostienen que lo acordado hasta ahora sería justamente eso, que el Estado cobre los peajes.

Pero en la Casa Rosada, otras gobernaciones y en el massismo -el recientemente fallecido ministro de Transporte Mario Meoni respondía a Sergio Massa- repiten que se avanzará es en una nueva licitación.

“Es una decisión exclusiva del Presidente. Alberto quiere licitar“, dijeron a Clarín en el Poder Ejecutivo.

Y completaron: “Los sectores que proponen lo contrario no tienen ni injerencia ni peso”.

Las mismas fuentes dijeron que se mantendrá el “equilibrio” en la coalición gobernante y que el Ministerio de Transporte seguirá bajo control del massismo.

Sergio Massa con el fallecido ministro Mario Meoni.

Sergio Massa con el fallecido ministro Mario Meoni.

Las cerealeras y las empresas exportadoras se resisten a que el Estado cobre los peajes. Sostienen que con el actual esquema la concesionaria cuenta con fondos para la realización de las obras necesarias.

“Las empresas lo que dicen es que con el Estado las trabas burocráticas serían grandes y las obras se demorarían”, confiaron en una provincia del interior.

Entre los sectores que impulsan que el Estado cobre el peaje argumentan que de esta manera se conocerá al detalle lo que se transporta y se evitaría la evasión.

Sería como un control aduanero”, señaló un defensor de la estatización.

De lo que nadie habla por el momento es de cambiar el actual esquema de tarifa plana de peaje.

La concesión está en manos hace 25 años del consorcio formado por la belga Jan de Nul y la local Emepa.

De acuerdo con versiones, Jan de Nul no mantendría su sociedad con Emepa en la futura licitación.

Su propietario, Gabriel Romero, declaró en la Justicia como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas y sería una “carga” para los belgas.

Aunque falta definir los pliegos para la nueva licitación, hay presión de las empresas navieras y de las cerealeras para profundizar el calado del río Paraná y llevarlo de los actuales 34 a 38 o, incluso, 40 pies.

La mayor profundidad le permitiría navegar a los barcos supercargueros de la clase Panamax.

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