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La Cámara del Crimen consideró inconstitucional el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno

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Los jueces que la integran apuntaron contra las modificaciones en el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones) de la Capital Federal

La reforma judicial que encara el Gobierno todavía no comenzó a andar y ya tiene la primera crítica importante. Los integrantes de la Cámara del Crimen manifestaron sus diferencias con el proyecto de ley que el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso en el que se plantea la reforma del fuero federal con la clara intención política de licuar el poder de los jueces asentados en Comodoro Py. Y consideraron que es inconstitucional.

La Cámara del Crimen fijó posición en contra de la parte de la reforma que toca el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones, etc.) de la Capital. En ese sentido, fijó posición en contra de la reforma mediante un Acuerdo General firmado a distancia por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

Los camaristas integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico. Serán 46 juzgados y la mitad se llenará con los jueces y juezas actuales y el resto con los magistrados de Instrucción que decidan anotarse para subrogar. Y en la reforma se prevé el traspaso de las competencias que tiene ese fuero a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así como el no llamado a concurso para llenar las vacantes, el paso voluntario de jueces y juezas a la Justicia de la Ciudad y la disolución de los juzgados y tribunales que fueran quedando vacantes a medida que avanza la reforma.

La primera de las críticas al proyecto es de característica general. Los camaristas –que analizaron artículo por artículo el contenido del proyecto de ley– dijeron; “El fuero –computando también los tribunales orales– registra actualmente setenta y cinco vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que la ocupación de 23 juezas y jueces del fuero en las mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados federales ha de resentir la administración de justicia. Esto con el agravante de la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia, constituida por los hechos que en mayor medida afectan a los ciudadanos comunes, en tanto víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el resguardo de las personas detenidas contra los abusos e indebidas penurias a los que pudieran encontrarse expuestos”.

Otro de los cuestionamientos generales se refiere a la situación de los empleados y funcionarios del fuero criminal y correccional de la Capital. “El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados (el art. 40 sólo se refiere a funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados), que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias (art 28)”. Y agregaron que “en el caso de los funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas sólo se hace referencia a que serán reubicados (art. 40, párrafo 2do), sin especificación alguna relativa a su destino, ni siquiera si habrán de integrar los Juzgados y Tribunales del fuero que no se encuentren vacantes o si serán transferidos a los organismos del nuevo fuero federal, así como tampoco se ha contemplado ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”.

Los camaristas concluyeron: “Lo señalado en los puntos anteriores traduce una afectación a la estabilidad en las condiciones del empleo de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas, como también imprevisión respecto de las futuras funciones de juezas y jueces, aspectos que requerirían un mayor grado de precisión en las normas de forma tal de evitar un trato que pueda ser interpretado como lesivo de derechos laborales y constitucionales”.

El plenario de la Cámara, presidido por el juez Seijas, señaló que es inconstitucional el traslado de magistrados a la Justicia local. Dijeron que “…las únicas causales para el cese –además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente– de las juezas y los jueces de la Nación en el cargo son su renuncia actual, expresa e incondicional, presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las juezas y los jueces Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del traspaso de las competencias locales. Sobre el punto corresponde aclarar que el traspaso de las magistradas y los magistrados de la Justicia Nacional podría generar reparos de índole constitucional, en la medida en que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces”.

También consideraron que no es acorde a la Constitución y a las Convenciones el hecho de dejar sin atribuciones al fuero de Instrucción. Lo explicaron así: “Análoga objeción (…) merece la pretensión de privar a los tribunales de nuestro fuero de toda competencia y, consecuentemente, de jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de puesta en comisión de las juezas y los jueces. Es indiferente que ello sea consumado a plazo –por cierto cercano– en tanto el proyecto lo supone como resultado inexorable, y no contiene recaudo alguno relativo a la continuidad de sus funciones, como podría haber sido la asignación –eventualmente también progresiva– del conocimiento en todas o parte de las materias de competencia federal. Por ello, sería razonable y plausible una previsión en la normativa proyectada para que una vez que acepte el convenio de transferencias la legislatura de la CABA se les asigne competencia en asuntos de índole federal. Como lo señalamos antes, ello supone tanto la afectación a las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial –que son reaseguros de su imparcialidad–, como un trato desigual hacia el conjunto de las juezas y los jueces afectados”.

Para los camaristas del crimen no es legal el sistema de subrogancias que establece el proyecto de ley para ocupar los 23 cargos que se crean en el nuevo Fuero Federal Penal. Al respecto los jueces señalaron: “Por otra parte, las funciones de subrogancia que habrían de cumplir las juezas y los jueces de nuestro fuero en los 23 nuevos juzgados concebidos en el proyecto, en tanto tales tribunales no sean habilitados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no cuenten con sus titulares, designados previo concurso, resultan contrarias a la previsión expresa del art. 14 de la Ley 27.439 que establece que “será nula, de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares designados conforme al procedimiento constitucional ordinario”. Asimismo, el sistema de selección directa, independientemente de las mayorías que han de exigirse en el Consejo de la Magistratura o de la previsión del acuerdo del Senado, se aparta de la regla del sorteo (artículos 5to y 7mo), mecanismo fundamental de tal ordenamiento”.

Y agregaron: “De la misma manera, la pretensión de retrotraer las reglas consolidadas con la sanción de la Ley 27.439, importa además la violación de los principios de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos y su tutela merced a la garantía de imparcialidad y objetividad en la designación de las magistradas y los magistrados que deben velar por su vigencia. Si un Estado ha reconocido un derecho, como la mayor transparencia y garantía de imparcialidad en la designación de juezas o jueces y tribunales, no puede más que ampliarlo, mas nunca puede retroceder restringiéndolo. En esto consiste el principio de no regresividad contemplado en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de Derechos Humanos al establecer que toda regresividad es ilegítima…”.

También consideraron “discrecional” y contrario a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el hecho de que los jueces subrogantes que pasen de Instrucción al Fuero Penal Federal se queden con los casos nuevos durante el primer año de funcionamiento del fuero unificado, tal como lo establece el proyecto de ley.

La Cámara del Crimen criticó al proyecto de reforma judicial por carecer de información respecto al funcionamiento de los fueros involucrados en la fusión. Y hablaron de ignorancia. En el Acuerdo señalaron que “tal ignorancia ha conducido, a su vez, a postular una reforma de las jurisdicciones que la Nación ejerce en la Ciudad de Buenos Aires, que supone el completo desguace de nuestro fuero, con la consecuente dilapidación de recursos que semejante acto implica, en particular frente a las flaquezas que la República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al ciudadano”.

Los camaristas explicaron que dejaron sentada su opinión sobre la parte de la reforma que afecta al fuero nacional criminal y correccional. Y fue difundida un día antes del inicio de la exposiciones en el Senado de la Nación de distintos actores consultados por la reforma judicial. Uno de los que vía Zoom hablarán mañana en el Senado es Seijas, el presidente de la Cámara del Crimen que firmó el Acuerdo.

El Acuerdo firmado por los camaristas fue enviado a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a asociaciones profesionales, y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

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Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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Alberto Fernández y López Obrador se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, fijaron una estrategia común frente al COVID-19 y cuestionaron a la OEA

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Los presidentes de Argentina y México firmaron una declaración conjunta que ratifica la voluntad política de actuar juntos en América Latina con una agenda abierta vincula a la pandemia y al rol de la Organización de Estados Americanos en los procesos electorales

(Enviado especial – Ciudad de México) Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordaron fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países con una agenda común que incluye la economía post pandemia, la necesidad de acceder sin trabas a las vacunas contra el COVID-19 y la pretensión geopolítica de modificar el sentido de las misiones electorales que envía la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este sentido, a través de un documento que firmaron ambos, Alberto Fernández y AMLO “acordaron hacer frente común para atender la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos en la etapa post-pandemia, con la finalidad de mejorar las condiciones de las sociedades de ambos países y de la región en su conjunto”.

Desde esta perspectiva, el jefe de estado argentino y su par mexicano eligieron el G20 para proponer un nuevo sistema global tras los efectos devastadores sobre la economía y las instituciones causadas por el COVID-19.

El documento bilateral destaca además que “el papel del Grupo de los Veinte (G20) en la construcción de consensos globales en este sentido, y convinieron mantener y profundizar los esfuerzos que ambos gobiernos realizan de manera coordinada para impulsar un enfoque basado en la solidaridad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, en todos los temas de interés común en la agenda de este mecanismo”.

Durante la conferencia de prensa que compartieron, y a continuación en el desayuno de trabajo, Alberto Fernández y AMLO coincidieron en cuestionar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19 ejecutado por las potencias centrales. Los dos presidentes consideran que el acaparamiento profundiza las asimetrías entre países ricos y países pobres y acordaron actuar en conjunto en Naciones Unidas.

A partir de esta estrategia diplomática, el documento conjunto sostiene que Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que hoy, más que nunca, la pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de mantener a América Latina y el Caribe, fuerte, unida y solidaria, donde ningún país de la región quede excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos. Con este fin, continuarán colaborando estrechamente para que la región logre la autosuficiencia en la producción de vacunas y que éstas sean consideradas como bienes comunes globales, así como sus patentes”.

Al margen del trabajo conjunto en los organismos multilaterales para lograr un acceso directo a las vacunas y proponer un cambio de reglas en la gobernanza global, Alberto Fernández y AMLO ratificaron su voluntad de profundizar la relación bilateral en todos sus andariveles.

El acuerdo firmado hace instantes entre los dos mandatarios reconoce “el potencial de la relación económica entre la Argentina y México y coincidieron en la necesidad de incrementar las inversiones recíprocas, la diversificación e intensificación del comercio bilateral, tanto para productos primarios como manufacturas agropecuarias, industriales y servicios, así como también a partir de la promoción de asociaciones estratégicas entre empresarios argentinos y mexicanos, como por ejemplo en la economía del conocimiento, con miras a seguir construyendo un vínculo maduro entre los sectores productivos de ambas naciones”.

Hacia el final del documento conjunto, Alberto Fernández y López Obrador analizaron la actual situación de la OEA. Ambos jefes de Estado ratificaron el valor geopolítico de este foro regional, pero plantearon un cambio de lógica al momento de enviar misiones de observación de los comicios en América Latina.

Alberto Fernández está convencido de que Luis Almagro, secretario General de la OEA, envió una misión en las penúltimas elecciones de Bolivia para perjudicar a Evo Morales, y ese cuestionamiento se puede observar en el último párrafo del documento bilateral.

Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que las Misiones de Observación Electoral de la OEA deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos, así como fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral. Los mandatarios pusieron de relieve el peligro de que estas misiones extralimiten sus facultades y alcances, y evitar que se repita lo ocurrido en Bolivia en 2019. Asimismo, acordaron seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que éste culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”, sostiene el documento.

La firma de este comunicado bilateral fue la última actividad oficial de Alberto Fernández en México. Cerca de las once de la noche de Argentina (tres horas menos en México), el presidente abordará un avión privado que lo llevará sin escalas a Yapeyú, en la provincia de Corrientes, adonde retomará su agenda local.

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Robaron el histórico anillo que Carlos Menem utilizó durante su presidencia y en sus últimos días de vida

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La joya es de oro, contiene una piedra de ónix y tiene grabados los nombres de sus cuatro hijos. “Es inminente” la detención de los sospechosos del robo, dijo el abogado de la familia del ex presidente

La Justicia investiga el robo del histórico anillo del ex presidente Carlos Menem, quien murió este domingo a los 90 años luego de enfrentar diversos problemas de salud. Se trata de la joya de oro con una piedra de ónix que el ex mandatario usaba prácticamente todo el tiempo y que lo acompañó durante toda su presidencia y el tiempo que se desempeñó como senador nacional.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, que está cargo del fiscal Carlos Velarde, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal Correccional Nº 42, y de la División de Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, el robo habría ocurrido entre el 6 y 16 de diciembre en la casa que tenía el ex jefe de Estado en la calle Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano, mientras estaba internado por primera vez en el Sanatorio Los Arcos.

La foto del anillo que publicó "Zulemita" cuando Menem aún pelaba por su vidaLa foto del anillo que publicó “Zulemita” cuando Menem aún pelaba por su vida

Diego Storto, abogado de la familia Menem, fue quien confirmó la investigación penal en diálogo con el canal C5N. “Estamos muy avanzados en la investigación. Creo que se está yendo por buen camino”, dijo el letrado, que aseguró, además, que “es inminente” el allanamiento y detención de la o las personas involucradas en el robo. El expediente fue calificado como hurto y ya declararon 15 personas, entre enfermeros, asistentes y empleados del ex presidente.

El anillo en realidad no era el original que le había regalado su padre Saúl, respetando una tradición familiar árabe. De hecho, el hombre también le dio una joya de ese estilo a los hermanos del ex presidente. El que se conoció popularmente y que hoy es el objeto de la investigación judicial es una réplica, cuyo origen se dio irónicamente también durante un desafortunado episodio.

Menem exhibía el anillo en todo momentoMenem exhibía el anillo en todo momento

El 19 de diciembre de 1989, cuando asumió como mandatario de los argentinos, Menem perdió la joya. Fue a partir de este hecho que Zulemita, su hija, mandó a hacerle la réplica, que es la que usó durante todo el período como jefe de Estado y como senador nacional. Se trataba de una pieza con un gran valor emocional y había que reponerla. Todas las fotografías durante su máximo esplendor político son con aquel anillo. Era tanta la importancia que tenía la pieza para el ex presidente que en ella tenía grabados los nombres de sus cuatro hijos: Carlitos Junior, Zulemita, Nair y Máximo.

Prácticamente no se lo sacaba; solo cuando iba a dormir. En las noches Menem colocaba el anillo dentro del estuche de uno de los dos anteojos que usaba a diario, lo dejaba en su mesa de luz y al otro día volvía a ponérselo en su mano izquierda. Era un rutina casi irrenunciable que por la internación del diciembre pasado se vio abruptamente modificada.

Acá en su tiempos como senador. El anillo siempre con élAcá en su tiempos como senador. El anillo siempre con él

La denuncia fue radicada por Zulemita el 17 de diciembre en la comisaría 14B, luego de que se descubriera que el anillo había desaparecido. Sucedió cuando Menem pidió que le trajeran sus anteojos, ya que quería ver un partido de fútbol. Cuando su enfermero personal le llevó los estuches con los anteojos desde la casa del barrio de Belgrano, notó que la joya no estaba. El anillo había sido utilizado por última vez el día 4 de diciembre del 2020 por el ex presidente, en una sesión legislativa.

Al momento de la internación, que comenzó el 15 de diciembre con el traslado del ex presidente al Sanatorio Los Arcos, en el domicilio porteño de Menem trabajaban, además de los custodios, tres enfermeros, dos empleados y una asistente. También ingresaron trabajadores que hicieron algunos arreglos en la vivienda.

Menem durante las EleccionesMenem durante las Elecciones

“Descartamos cualquier tipo de conexión familiar y con la gente cercana que trabajó con él durante toda la vida, la Justicia está poniendo la lupa sobre algunas personas que durante la investigación quedaron más al descubierto probatoriamente, que fueron llamadas a declarar y se notó que falsearon su declaración”, expresó el letrado.

Emilio Méndez Villanueva es uno de los enfermeros que cuidaba a Menem los siete días de la semana. Había iniciado sus vacaciones el 5 de diciembre y fue reemplazado por otros tres por una empresa de medicina prepaga, que atendían al ex presidente en su domicilio. Según indicó el canal TN, previo a notar que faltaba el anillo, el profesional de la salud se había dado cuenta de que él mismo había sufrido un robo en el domicilio: el de su teléfono celular.

Menem en el Senado

Menem en el Senado

Según trascendió, mientras Menem estaba en el sanatorio del barrio de Palermo, el enfermero fue hasta la casa de la calle Echeverría y notó que su teléfono había desaparecido. Cuando la familia del ex presidente se percató de que la joya también había sido robada, Méndez Villanueva ahí sí reveló lo que había pasado con el celular. Ahora, la Justicia deberá determinar si ambos hurtos tienen algún tipo de relación. Los que se sabe hasta el momento -según la señal de noticias- es que uno de los empleados que trabajaba en la casa de Menem tiene antecedentes por robo.

Al respecto, el abogado que representa a Zulemita, explicó esta mañana que la denuncia no se había dado a conocer hasta este momento por el estado de salud delicado en el que se encontraba el ex presidente, pero que la causa “está avanzando” y “está yendo por buen camino”. Según dijo un asistente de Menem al enfermero, la última vez que vio el anillo en la mesa de luz fue el 13 de diciembre. Eso reduce el período del presunto robo a tres días.

Tras la denuncia, la Policía de la Ciudad inició las investigaciones para determinar los domicilios de los nuevos enfermeros (dos mujeres y un hombre). Además, por orden del fiscal interviniente, el 12 de febrero se realizaron tres allanamientos: dos en la Ciudad y uno en la Provincia, con resultados negativos.

La Policía de la Ciudad también solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del domicilio de Menem entre el 6 y el 17 de diciembre, pero en esas fechas las cámaras no funcionaron.

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