El aumento en las tarifas de gas será del 6% y se oficializará hacia fin de mes. El incremento regirá en todo el país desde junio. El próximo mes también se sentirá el incremento del 9% en distribución eléctrica (luz), aunque este nivel de aumento solo rige para Buenos Aires.

El aumento del 9% en luz será el “único”, según explican en el Gobierno,dejando claro que se adoptará la postura de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, postergando el deseo de una recomposición del 15% que sostenía el ministerio de Economía, que también pensaba en dos subas.

En gas, quedó abierta una posibilidad que haya otro incremento, aunque después de las elecciones. La secretaría de Energía -que depende del ministerio de Economía- puede buscar una recomposición de una parte de la tarifa. Pero, para aplicarla, el Enargas (el ente regulador) debe convocar a una audiencia pública.

Aunque Economía puede tratar de impulsar ese aumento en cualquier momento, todo indica que será después de las elecciones.

El proceso de recomposición de las tarifas de gas, que será del 6%, estará listo para la última semana de mes, según estima Federico Bernal, interventor del Enargas. “Ya está el OK de las distribuidoras, ahora falta el proceso de trámites internos dentro del Poder Ejecutivo nacional”, puntualiza.

La recomposición de tarifas de gas arrancó su proceso antes que la de distribución eléctrica. La secretaría de Energía y el Enargas celebraron sus audiencias públicas a mediados de marzo, mientras que el Enre lo hizo a fin de ese mes. Sin embargo, en distribución eléctrica ya se implementó a través del Boletín Oficial, mientras que en gas eso no sucedió.

La explicación reside en que hubo “falta de acuerdo” entre el Enre y la secretaría de Energía Eléctrica, que gestionaban el aumento de luz, con las distribuidoras (Edesur y Edenor). Por esa ausencia de concordancia, el Poder Ejecutivo salió con un decreto que estableció su posición. En gas, en cambio, habrá acuerdo con las licenciatarias, según fuentes oficiales, y no hará falta que un decreto salde los desacuerdos entre las partes.

En distribución eléctrica, el Poder Ejecutivo salió del procedimiento establecido, en parte por los desacuerdos entre el ministro de Economía (Martin Guzmán) y el subsecretario Basualdo. El secretario de Energía Darío Martínez depende de Guzmán y Basualdo es su segundo. Sin embargo, los intentos de Economía de desplazar a Basualdo chocaron contra el férreo respaldo del Instituto Patria (que solo responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) a ese funcionario. Basualdo continuará con sus funciones, y este miércoles se mostró en una reunión con sindicatos.

Federico Basualdo, sociólogo de profesión, estuvo en el Enre en la segunda gestión de Fernández de Kirchner como presidente. Eduardo, su padre es un historiador y economista muy escuchado por la vicepresidenta y La Cámpora.

“En las tarifas de gas, estoy cumpliendo a rajatabla el decreto de necesidad y urgencia 1020 (inicio de la renegociación de las revisión tarifaria integral para prestadores de servicios públicos) y el marco regulatorio”, dice Bernal.

El aumento del 6% en el gas también será el único que alcanzará a transporte y distribución, es decir las empresas que llevan gas a hogares y comercios. Pero Economía puede decidir un incremento por el precio del gas en si mismo (el nombre técnico es PIST).

A través de la boleta, los clientes pagan una parte del costo del gas que consumen. El resto lo subsidia el Gobierno. Si Economía quiere que los usuarios paguen mayor proporción del costo del gas (para achicar las subvenciones), puede proponerlo a través de la secretaría de Energía. De allí se convoca a una audiencia pública. “El traspaso o no a tarifa se define a partir de la audiencia pública y un estudio del precio del gas, conforme lo establece la reglamentación de la ley 24.076 (marco regulatorio del gas)”, expresa Bernal.

Las tarifas de luz de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano estuvieron congeladas desde febrero de 2019 hasta mayo de 2021. Las de gas no tienen aumentos desde abril de 2019, pero lo tendrán en mayo de 2021.

Desde Economía dejaron trascender que la disconformidad con Basualdo tenía que ver con la falta de elaboración de “subsidios segmentados”. Sin embargo, entre los reguladores específicos se refuta que esas planillas (y simulaciones de quita de subsidios) fueran hechas y están en Jefatura de Gabinete.

En su campaña electoral que lo llevó a la presidencia, el Frente de Todos prometió una postura contraria a la adoptada por la administración anterior, que autorizó fuertes aumentos en tarifas. El congelamiento de tarifas es una de las razones que acercó a ciertos sectores de clase media al Frente de Todos.

Federico Basualdo parece ser hoy una pieza clave en el esquema energético actual. Los Basualdo conforman una familia exitosa. Su hermano Eduardo (mismo nombre que el padre) es un exitoso artista plástico, ganador de múltiples premios. Sus bisabuelos eran los duelos de lo que hoy se conoce como el Palacio Ortiz Basualdo, sede actual de la embajada de Francia.

Los aumentos en las tarifas de servicios públicos estaban previstos para abril. Sin embargo, no llegarán hasta mayo, según explicaron fuentes oficiales a Clarín. Una de las razones es que las audiencias públicas se hicieron a mediados de marzo y fines de ese mes, y los reguladores necesitan un tiempo para procesar lo allí volcado. La otra es que subsisten desacuerdos internos sobre el nivel de incremento de tarifas.

La secretaría de Energía realizó una audiencia pública para el precio del gas que pagará a los productores el 15 de marzo. Al día siguiente, Enargas hizo lo propio, donde escuchó los pedidos de recomposiciones tarifarias de las distribuidoras. Eso fue a mediados de marzo. Federico Bernal, titular del Enargas, ya había anticipado que creía que no llegaría a tener nuevos cuadros tarifarios para el primer día de abril. Ahora, desde esa dependencia apuntan a fines de abril o comienzos de mayo.

En el caso de distribución eléctrica, la competencia del Enre es sobre las tarifas de Edesur y Edenor, que operan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Sus audiencias se hicieron el 29 y 30 de marzo. Las empresas también solicitaron recomponer sus márgenes de distribución. El cuadro tarifario recién estará en mayo, según fuentes oficiales.

Si los cuadros tarifarios llegan en mayo, se estima que los hogares y los comercios recién comenzarán a pagarlo en junio. De esa forma, el Gobierno lograría escalonar el impacto de los aumentos energéticos, a uno por mes. Entre marzo y mayo, habrá tres subas en los precios de combustibles (ya la hubo en marzo y el fin de semana llegaría la de abril). En mayo llegaría el último retoque en surtidores. Para esa fecha, quizás ya estén los nuevos cuadros tarifarios, pero los usuarios recién tendrán que pagarlo en octubre.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntó a dos subas de los servicios, una por cada semestre. Soledad Manin, interventora del Enre (distribución eléctrica) también mencionó esa posibilidad. Pero Bernal (Enargas) se opone, ya que es partidario de un único aumento.

Además, el ministro ve un rango de aumentos de entre 30% y 40%, mientras que los interventores se vuelcan a una franja del 7% al 9%.

Ese desacuerdo entre funcionarios también se traslada al nivel de subsidios energéticos, para mantener las tarifas bajas. Guzmán lo definió en un 1,7%. Los interventores de los entes reguladores creen que puede haber “reasignación de partidas” y modificar ese número.

El congelamiento de tarifas está en un limbo legal, según ex funcionarios y abogados especialistas en Energía. La primera ley que frenó todo aumento de tarifas (de diciembre de 2019) duró 6 meses y luego fue prorrogada vía decreto por otros seis meses. Después, hubo otro decreto de necesidad y urgencia (número 1020/20) que concedió 90 días más. Pero eso también venció.

“Sería deseable que quien vino a cumplir la Constitución Nacional y la ley del gas (como lo dijo en la audiencia pública de la semana pasada) cumpla con la ley 24.076 [de regulación de las concesiones de gas]. Lo mismo aplica para la interventora del ENRE (Soledad Manín) y la ley 24.065 [regulación de las concesiones eléctricas]. En ambos casos se trata de un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Juan José Aranguren, ex ministro de Energía.

“El mantenimiento sigue de facto, hasta que entre a regir la tarifa de transición. Hubiera sido mejor que se hubiera extendido, por supuesto”, razona un funcionario de la actual administración.

Al nuevo régimen tarifario “deberían haberlo tenido listo -con audiencias previstas anticipadamente-, para que entrara en vigor a la finalización del plazo de 90 días del decreto que congeló tarifas. Tendrían que haberlo tenido listo el día 91”, según Aranguren.

El artículo 11 del último decreto presidencial al respecto (del que se aferran los actuales responsables) hablaba de mantener las tarifas actuales por 90 días corridos o hasta que entren en vigencia “los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de Transición para los Servicios Públicos (…) lo que ocurra primero”.