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La lucha de Rosa Sabena: su hijo desapareció sin dejar rastro, ella se recibió de abogada y llevó a la Justicia a los culpables y a los policías involucrados

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Nicolás Sabena, un joven de 21 años con un retraso madurativo, se fue de su casa en septiembre de 2008 después de una discusión y desapareció en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Su mamá, cansada de que la investigación no avanzara, estudió Derecho, logró la condena de los tres secuestradores de su hijo y ahora será querellante en los juicios contra policías acusados de encubrimiento

El lunes 1° de septiembre de 2008, Rosa Sabena se enfureció con su hijo mayor. Llevaba varios días disgustada con él porque Nicolás –de 21 años entonces, pero con un retraso madurativo por el cual se comportaba como un adolescente de 15 o 16– había empezado a salir mucho de noche, volvía a su casa tarde, durante la madrugada, y al otro día no quería despertarse para ir al taller mecánico en donde trabajaba con su papá. Había hecho un nuevo amigo que su familia no conocía y, según le había confiado a su padre por esa época, estaba enamorado de una mujer casi 10 años mayor que él.

Ese lunes de septiembre, como su hijo no se levantaba, Rosa tuvo que llegar tarde a su trabajo como docente y ayudar a su marido a remolcar un vehículo. Cuando volvió a su casa, Rosa y Nicolás discutieron muy fuerte y, en el medio de su enojo, su madre le dijo que si no iba a presentarse a trabajar o a acatar las reglas de la familia era mejor que se fuera de la casa. Pretendía hacerle una advertencia, una llamada de atención, marcarle su conducta. “Me fui a hacer unos trámites y esa fue la última vez que lo vi”, recuerda Rosa 12 años después, en diálogo con Infobae.

En los días que siguieron, mientras Rosa lo buscaba, Nicolás habló por mensajes de texto con su hermano menor y volvió algunas veces a su casa cuando no había nadie para buscar ropa. A su hermano le decía que estaba bien, que estaba parando en la quinta donde vivía la familia de su amigo en las afueras de la ciudad, y la mujer que, según su mamá, “lo tenía embelesado”. “Mi hijo tenía locura con esas cosas del campo, le gustaban mucho los caballos, seguramente le pareció algo bueno”, piensa Rosa.

Nicolas Sabena tenía un retraso madurativo. Se fue de su casa el 1 de septiembre de 2008 y nunca más volvióNicolas Sabena tenía un retraso madurativo. Se fue de su casa el 1 de septiembre de 2008 y nunca más volvió

El 14 de septiembre, cuando Rosa intentó una vez más contactarse con su hijo, el teléfono de Nicolás dejó de funcionar. “Me dijeron que el chip había sido extraído del aparato y ahí ya me di cuenta, mi corazón me decía que a mi hijo le había pasado algo grave”.

El cuerpo de Nicolás Sabena nunca apareció, pero su mamá tiene la certeza de que su hijo no sólo está muerto sino que fue asesinado.

Seis años más tarde, en septiembre de 2014, José “Pepe” Vargas Parra –a quien Rosa describe como un “peso pesado”, con antecedentes penales y señalado como un “cabecilla” de la venta de drogas en la zona– fue encontrado culpable de la desaparición de Nicolás y la Cámara del Crimen N° 2 de Río Cuarto lo condenó a 18 años de prisión por el delito de “privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por la participación de tres o más personas”. También fueron condenados como coautores sus dos hijos, José “Yaca” Vargas Flores y Lucía “Cori” Vargas Flores –el amigo y la chica con la que Nicolás se había relacionado en el último tiempo antes de su desaparición– que recibieron penas de 17 y 16 años, respectivamente. La mujer de “Pepe” Vargas, Ade­li­na Inés Flo­res, estaba igualmente involucrada en la causa pero murió un año antes de ser juzgada. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó las sentencias.

José “Pepe” Vargas Parra y sus dos hijos, José “Yaca” Vargas Flores y Lucía “Cori” Vargas Flores fueron condenados en 2014 por el delito de “privación ilegítima de la libertad coactiva agravada” (https://postercentral.com.ar/)José “Pepe” Vargas Parra y sus dos hijos, José “Yaca” Vargas Flores y Lucía “Cori” Vargas Flores fueron condenados en 2014 por el delito de “privación ilegítima de la libertad coactiva agravada” (https://postercentral.com.ar/)

Para Rosa, sin embargo, la búsqueda de justicia no terminó del todo. En 2010, ella empezó a sospechar que la investigación era muy lenta, que todas las medidas y los allanamientos que se hacían en la quinta de los Vargas, de muy difícil acceso y rodeada de una treintena de perros dogo entrenados por ellos, siempre les resultaban favorables, casi como si supieran, como si estuvieran siempre un paso antes que la Justicia. Gracias a un informe de entrecruzamiento de llamadas, Rosa descubrió que había policías de Río Cuarto que protegían a la familia Vargas.

Durante todo ese tiempo, Rosa recibió llamadas de números de distintas provincias donde le brindaban pistas falsas del paradero de su hijo. “Recorrí toda la Argentina buscándolo. Eran los Vargas que me llamaban y me decían que mi hijo estaba en San Luis, en Mar del Plata, en San Juan, en Santiago del Estero. Era tal la desesperación que íbamos y lo buscábamos. A una madre que le falta su hijo no hay quien la detenga, no hay miedo, no hay nada”, dice Rosa del otro lado del teléfono, con la voz entrecortada.

En 2011, entonces, Rosa decidió estudiar Derecho para tomar las riendas de la causa y tener conocimientos técnicos que le permitieran comprender cada aspecto de los 14 cuerpos de expediente. Tan solo cuatro años y dos meses después, a sus 60 años, Rosa Sabena se recibió y comenzó a ejercer e intervenir como abogada no sólo en su propia causa sino también en las de otras familias que se acercaban a ella en busca de alguien que comprendiera su dolor. En marzo de 2017, por este trabajo, fue distinguida como Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Rosa Sabena se recibió de abogada a los 60 años y en 2017 fue distinguida Doctora Honoris Causa de la Universidad de Rio CuartoRosa Sabena se recibió de abogada a los 60 años y en 2017 fue distinguida Doctora Honoris Causa de la Universidad de Rio Cuarto

“Decidí ponerme a estudiar Derecho para hacerme cargo de la causa porque acá los abogados no quieren ir en contra del poder político, judicial o policial”, dice Rosa. “A mí no me importan ni me dan miedo, yo estoy buscando a mi hijo y voy a buscar justicia por él hasta el último día de mi vida”. A pesar de que aún no tenía el título cuando los Vargas fueron juzgados, Rosa asistió cómo auxiliar a su abogado y ahora será querellante en dos próximos juicios contra dos policías acusados de encubrimiento.

Una de ellas es Nancy Salinas, la suboficial de la Policía de Córdoba del área de Investigaciones que el 16 de septiembre de 2008, dos días después de la desaparición de Nicolás, recibió a Rosa. “Se mostró muy dulce, muy comprensiva. Me dio su numero de celular particular, me dijo que ella iba a salir personalmente a buscarlo, que cualquier cosa que supiera le avisara”, cuenta ahora ella. “Yo confié plenamente porque jamás tuvimos ningún problema, nosotros éramos ciudadanos comunes y trabajadores, y le contaba todo: lo que pensaba hacer, las medidas que iba a solicitar. Lo que yo no sabía es que por ella los Vargas tenían toda la información antes de que yo me moviera, porque yo le contaba a esta mujer perversa en la que confíe tanto. Antes de cada procedimiento ella los llamaba y les avisaba lo que iba a pasar”.

El juicio por “encubrimiento agravado” a Salinas, a cargo de la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto, tenía fecha de inicio este miércoles, pero debió posponerse una vez más –ya se había pospuesto en marzo por el inicio de la cuarentena– porque su marido dio positivo de COVID-19. Varias escuchas judiciales, que forman parte de la causa, prueban lo que sospechaba Rosa, que Salinas –que sigue en funciones y fue recientemente ascendida de cabo a sargento– tenía diálogo cordial y permanente con “Pepe” Vargas y le dio aviso de algunas de las medidas judiciales que se tomaron en su contra durante la investigación.

Nicolás Sabena tenía 21 años cuando desapareció en 2008Nicolás Sabena tenía 21 años cuando desapareció en 2008

Otro policía que será juzgado por encubrimiento es el ex jefe de policía de Río Cuarto Gustavo Oyarzábal, uno de los primeros en ser acusados por Rosa de encubrir a los Vargas. La causa contra Oyarzábal ya fue elevada a juicio pero el ex comisario está detenido acusado de encubrir el crimen de Claudio Torres, conocido como el “zar de la droga” en la ciudad cordobesa, quien además era marido de Lucía “Cory” Vargas. Otro policía, el comisario Fernando Pereyra, también fue denunciado por la familia Sabena y es investigado por su vínculo con los Vargas.

A pesar de las condenas y de las pruebas que constan en la causa, Rosa Sabena no tiene más que hipótesis y rumores dichos por lo bajo de lo que le pasó a su hijo. En el juicio, un remisero declaró que el 12 de septiembre de 2008 llevó a Nicolás hasta un hipermercado, donde el joven quería dejar un currículum para aplicar a un trabajo. El chofer contó que lo esperó para llevarlo de vuelta a la quinta de la familia Vargas, que Nicolás salió contentó porque lo habían contratado y que le dijo que iba a llamarlo para que lo buscara más tarde y lo llevara hasta su casa porque se había dado cuenta de que los Vargas “eran gente rara” y le parecía que eran delincuentes. Sin embargo, Nicolás nunca lo volvió a llamar.

Rosa cree que cuando su hijo se quiso ir, los Vargas –de quienes ella sospecha que querían involucrar a Nicolás en la venta de drogas– lo golpearon, lo mataron y se deshicieron del cuerpo. Según Vargas, Nicolás efectivamente se fue de la casa ese día mientras él dormía, por sus propios medios y sano y salvo. En un operativo en la quinta de la familia Vargas, la Policía Científica encontró en un procedimiento con luminol sangre humana que había sido lavada en un cuchillo y dentro de un balde que había en la casa. La sangre, además, correspondía al grupo sanguíneo 0+, el mismo de su hijo.

"La verdad nunca prescribe": el retrato de Nicolás Sabena que su madre tiene en su despacho“La verdad nunca prescribe”: el retrato de Nicolás Sabena que su madre tiene en su despacho

El 15 de septiembre de 2008, “Pepe” Vargas había sido detenido, aunque aún no estaba acusado de la desaparición de Nicolás. “Los efectivos que lo detuvieron contaron en el juicio que mientras hacían un recorrido de guardia por la zona de la quinta, Vargas vio el patrullero desde su auto y empezó a huir. Entonces los policías lo persiguen, en un momento lo pierden y lo encuentran escondido en una casa, donde había dejado su auto prendido, con las luces encendidas y la puerta abierta”, cuenta Rosa.

“Lo encontraron adentro del garaje, escondido detrás de unas cajas, y se resistió a que lo agarren, hasta golpeó a los policías. Cuando lo detuvieron estaba tan nervioso que se defecó encima. Horas después los policías Salinas y Pereyra lo liberaron sin ningún cargo, ni siquiera resistencia a la autoridad. Ese mismo día, el día que según Vargas mi hijo se fue de su casa mientras él estaba durmiendo, él estaba detenido”.

Vargas padre y sus dos hijos están detenidos, pero Rosa siente que todavía le faltan respuestas. “Cuando por primera vez me llegó el dato de que mi hijo había estado con los Vargas fui hasta la quinta, lo enfrenté”, recuerda ahora. “Le pregunté directamente qué había hecho con mi hijo. En ese momento bajó la cabeza y no me supo responder. Ahí me di cuenta, en su mirada, que ellos lo habían matado”.

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“Está todo perdonado, no tengo rencor”, aseguró el padre de una de las víctimas del choque en Tigre

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Guillermo Rossi despidió a su hijo Franco y le dedicó palabras a Joaquín Duhalde Bisi, quien manejaba borracho y sin registro.

El papá de uno de los jóvenes fallecidos en el trágico accidente en el Camino de los Remeros de Tigre, cuando el conductor del Audi A4 manejaba alcoholizado y chocó contra un guardarrail, hizo un conmovedor descargo por Twitter: “No tengo rencor“.

Guillermo Rossi es padre de una de las víctimas, Franco Rossi (18), y escribió en su cuenta de Twitter (@guillermo4398) motivado por defender la memoria de su hijo y aclarar que él no estaba alcoholizado.

“Uno de los fallecidos es mi hijo Franco Rossi. Espero que entiendan que el no manejaba. Solo pido que respeten el dolor de mi familia en memoria de los muertos. Mi vida se apaga“, tuiteó en primera instancia.

Inmediatamente comenzaron a llegarle mensajes de aliento y, como siempre en Twitter, también respuestas polémicas, a las que los demás usuarios se encargaban de señalar.

Rossi les contestó a varios de los que lo saludaron y entre esas respuestas también contó varios detalles y habló del autor del accidente, Joaquín Duhalde Bisi.

Lamento el escrache mi hijo, no tenía alcohol en sangre, manchan su memoria. Abrazo y gracias”, le contestó a uno. “Franchu no estaba alcoholizado y sin embargo se fue”, le dijo a otro.

Joaquín Alimonda (19) y Franco Rossi (18) murieron en el acto.

Joaquín Alimonda (19) y Franco Rossi (18) murieron en el acto.

“En la autopista a mi hijo le dio 0. Estaba aparentemente dormido y Franco no manejaba y tenía mi autorización. Dos veces a EE.UU. una a Sudáfrica el solito, y vos crees que me carga culpa? No ninguna”, le respondió a otra.

Luego, en otros tuits negó una supuesta fiesta. “Ni hubo fiesta ni nada, eran 5 amigos y el destino los enfrentó”, agregó.

En otro mensaje, Rossi dijo que lo que atraviesa es muy duro. “Hoy quisiera que me lleve a su lado, pero Franchu tiene 4 hermanos, no puedo viajar todavía y esa paz espero encontrarla”, se descargó en otro escrito.

Por último, dijo que “ya está todo perdonado eran amigos y no tengo ningún rencor“, en relación al conductor del auto, quien se encuentra detenido en la comisaría de Villa La Ñata.

El caso

Joaquín Duhalde Bisi (19) estaba borracho y manejaba sin registro la madrugada del domingo, cuando perdió el control del Audi A4 de su papá en Tigre y chocó. En el incidente murieron dos de sus amigos, Franco Rossi (18) y Joaquín Alimonda (19).

En el auto también iba Mateo Lezama (18), quien se salvó por estar en el asiento de atrás del conductor.

Duhalde Bisi está acusado de “doble homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una condena de 8 a 25 años de cárcel, y, subsidiariamente, de “doble homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, el consumo de alcohol y la alta velocidad a la que conducía”, con penas de 3 a 6 años de prisión.

Joaquín Alimonda, Joaquín Duhalde BIssi - el conductor del vehículo- y Franco Rossi eran amigos desde el colegio secundario.

Joaquín Alimonda, Joaquín Duhalde BIssi – el conductor del vehículo- y Franco Rossi eran amigos desde el colegio secundario.

Cuando el Audi A4 impactó contra el guardarrail, lo arrancó completo. “Luego de ingresar por la parte trasera de la rueda delantera derecha, los 25 metros que tiene de largo cruzaron el coche en sentido hacia la izquierda, y salieron”, detallaron fuentes de la investigación.

La pericia del alcoholemia, cuyo test certificado ya está en manos del fiscal, había arrojado que Duhalde Bisi manejó esa madrugada fatal con 1,39 gramos de alcohol por litro de sangre: casi el triple de lo permitido.

Duhalde Bisi no tenía registro. El 31 de octubre pasado se lo retuvieron por no tener la VTV al día del Hyundai a nombre de su mamá que manejaba.

Aunque desde su entorno argumentaron que poseía la licencia digital en la aplicación Mi Argentina, fuentes de la investigación explicaron que en este caso ese registro digital no tiene validez, ya que había quedado incautado por la infracción.

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El calvario de Lucía: el juicio contra el suboficial de la Armada acusado de violarla se postergó para 2024

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La víctima batalló durante cinco años para lograr que la causa llegara al debate oral, suspendido dos veces. El imputado está libre.

“Se me va la vida esperando Justicia”, dice Lucía, como pidió esta ex marinera que la llamen allá por 2016. Por ese entonces, se conoció el calvario que padecía desde 2013 cuando, según su denuncia, un superior comenzó a acosarla y, luego, eso derivó en una situación de abuso en la Base Naval de Ushuaia.

Ahora, a más de 7 años de que comenzara el acoso y a 5 de que ella lo denunciara, Lucía otra vez grita por ayuda: le pidió este miércoles a la Justicia de Tierra del Fuego que revise la decisión de postergar hasta 2024 el juicio contra el acusado

Según le dijo la ex marinera a la agencia de noticias Télam, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia decidió una nueva postergación para el inicio de las audiencias hasta el 16 de mayo de 2024.

La Justicia quiere empezar el juicio en tres años, cuando se cumplirán 11 del inicio de los supuestos abusos contra Lucía, de 32 años.

2016. Se conoce un caso del acoso sexual en la base Naval de Uhuaia.

2016. Se conoce un caso del acoso sexual en la base Naval de Uhuaia.

El caso involucra al suboficial Reinaldo Cardozo, de 56 años, a quien le imputan haber abusado de la mujer cuando ella tenía 25 años. Lucía debió someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Cardozo está acusado de “abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas y mediando violencia de género“.

Según especialistas, la causa puede sentar un precedente histórico porque “ventila hechos sucedidos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la Fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses”, explicaron fuentes judiciales.

A 17 días

La fecha prevista para el inicio del juicio era el 29 de junio de 2020, pero debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, el Tribunal suspendió las audiencias.

Luego, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvieron esta nueva postergación.

Lucía denunció a un superior.

Lucía denunció a un superior.

Lucía, como pidió siempre que se la identifique para resguardar su identidad, batalló durante 7 años hasta lograr que la justicia procesara a Cardozo por un rosario de delitos que incluyen el abuso sexual, amenazas y la violencia de género, según surge del expediente judicial.

“Se me va la vida esperando Justicia. Me costó mucho romper las cadenas del silencio para poder denunciar lo que me pasó. Fueron años de lucha y padecimientos, tanto físicos como psicológicos, que tuve que atravesar”, contó Lucía.

Lucía y su abogada, Sofía Barbisan, realizaron una presentación para solicitar que se adelante el juicio y no tenga que esperar otros tres años.

“Me genera una angustia tremenda saber que este abusador sigue libre, viviendo una vida normal y en actividad dentro de la Armada, donde yo sufrí su violencia y también la violencia institucional. Confío plenamente en la justicia fueguina, y por ello pido a los jueces que revean esta situación“, sostuvo la ex marinera.

También dijo que solicitó la intervención del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.

“Necesito que mi caso siente un precedente dentro de las fuerzas armadas, que se termine la violencia de género y la violencia institucional. Y también quiero justicia y tranquilidad“, expresó Lucía, que sigue viviendo en Ushuaia y tiene otro empleo.

Un sueño roto

“Ingresé a la Armada en 2011 porque ser militar era un sueño y un anhelo. Yo veía los uniformes y sentía orgullo. Creía que podía servir a la Patria”, recordó.

Dos años después, comenzó el infierno. Lucía afirma que los abusos se produjeron a partir de 2013, cuando su superior, quien casi la doblaba en edad, estaba casado y tenía hijos, comenzó a acosarla sexualmente, hasta que en uno de esos hechos la encerró en un depósito y la violó. Cardozo era su jefe directo.

Otros abusos y persecuciones se habrían producido en 2014, luego de un período en el que el suboficial no estuvo destacado en Ushuaia. Según Lucía, todavía se paraliza cuando ve un uniforme militar.

“No puedo evitarlo. De hecho junté toda mi ropa castrense y la tiré a la basura. Necesito cerrar esta etapa“, concluyó.

Para entrar a la Armada, Lucía tuvo que realizar el curso en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Luego regresó a Ushuaia, donde su primer trabajo dentro de la fuerza fue el de camarera en la casa de suboficiales, a quienes les servía la comida.

La mujer comenzó denunciando los hechos ante el superior del suboficial, un militar con el grado de teniente, quien de inmediato le hizo sentir cómo sería la situación.

Tu palabra contra la de él no tiene valor. Además, la Armada te está dando trabajo, una casa, una obra social y la atención para tu hijo (que estaba siendo tratado por una enfermedad en Buenos Aires). No te conviene hacer nada“, le advirtió, según recordó Lucía en un reportaje de 2020.

Como la marinera insistía, comenzaron las “amenazas y persecuciones“: el acusado le bajó todos los conceptos de su legajo personal, por lo que al poco tiempo fue despedida como militar y reincorporada como personal civil.

En 2014, Cardozo fue trasladado a otro destino, pero al año siguiente regresó a Ushuaia y comenzó a acosarla otra vez. Fue ahí cuando la joven decidió hacer la denuncia ante la justicia.

Primero intervino la Justicia Federal, que se declaró incompetente, y después un juez provincial que no halló pruebas contra el acusado, quien fue beneficiado con dos “faltas de mérito”, hasta que el expediente quedó “en reserva” por falta de nuevas evidencias.

Lucía cambió de abogado y logró que la Cámara de Apelaciones apartara al juez y designara a una jueza, María Cristina Barrionuevo, que le dio un nuevo enfoque a la investigación.

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Autorizan la inscripción de semillas de cannabis para su uso medicinal

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Desde el Gobierno destacan que la medida permite avanzar en el “cultivo ordenado y controlado” para tratamientos y evitar “el mercado ilegal”.

El Gobierno anunció que permitirá la inscripción de semillas de la especie Cannabis sativa L. para su uso medicinal. El anuncio fue rubricado por los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Los funcionarios nacionales resaltaron que la medida permite avanzar en el “cultivo ordenado y controlado” de cannabis para tratamientos y evitar “el mercado ilegal”.

“Hasta el momento, para los proyectos de investigación y cultivo de cannabis medicinal había que importar semillas. Esto se debía a que las semillas autóctonas con las que contaban las universidades locales no se podían registrar en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)”, explica a Clarín el coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis, Marcelo Morante.

A partir de esta resolución, el INASE “va a poder realizar un seguimiento en relación a la calidad de la materia prima”, agrega. Según Morante, “se trata de acciones concretas para mejorar el acceso a un producto seguro y de origen conocido”.

La resolución de ambos ministerios especifica que estas semillas se usarán asimismo para la investigación en el Registro Nacional de Cultivares y/o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.

“Es un paso más en el desarrollo de herramientas tendientes a facilitar el acceso a la planta de cannabis y sus derivados como tratamiento“, expresaron los ministros.

El documento fue firmado también por el presidente del INASE, Joaquín Serrano.

“La resolución posibilitará avanzar en la estandarización de las genéticas obtenidas y someterlas a certificaciones nacionales para su utilización como insumos en la producción de cultivos controlados, lo cual tendrá efectos en la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal, además de evitar el mercado ilegal”, destaca el comunicado oficial.

Al respecto, la ministra Vizzotti aseguró que el Estado “cambió su mirada” y que con esta medida están “contribuyendo a solucionarle la vida a un número de familias que tiene una problemática de salud”.

Añadió: “Darles un camino legal es algo que era nuestra responsabilidad y no es menor que haya pasado a pesar de la pandemia”.

El ministro Basterra, por su parte, entendió que la resolución “permite avanzar en cultivo ordenado y controlado, para que no haya puntos débiles en la instrumentación de la producción”.

¿Cómo inscribirse?

Todos aquellos que tramiten la inscripción deberán presentar “un informe con el fundamento técnico de la inscripción en los registros del INASE, el cual tendrá carácter de declaración jurada, a los fines de verificar que la misma se encuentra dentro del marco de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario número 883/20″.

Lo deberán hacer ante el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales del Ministerio de Salud.

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