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Las pruebas y los testimonios que podrían llevar a Roberto Giordano a la cárcel

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Para el juez Marcelo Aguinsky, que procesó al peluquero y determinó un embargo por 30 millones de pesos, la pruebas son contundentes. Por tener una condena previa en 2014 -evasión simple- si fuera encontrado culpable debería cumplir la pena tras las rejas

Roberto Giordano, el peluquero que supo tener de clientas a las mujeres más famosas del país, está contra las cuerdas en tribunales. No le quedarían muchas opciones de escapatoria. Eso al menos piensan en los tribunales.

En los últimos seis años la justicia acumuló una gran cantidad de pruebas y de testimonios que lo ubicarían como el único responsable de un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros que tenía como objetivo esconder sus bienes, evitar juicios laborales y evadir el pago de cargas sociales de sus empleados.

Giordano ya fue procesado y embargado por 30 millones de pesos por el juez Marcelo Aguinsky.

El delito por el cual fue procesado -insolvencia fraudulenta- tiene una pena de 2 a 6 años según el Código Penal. “Es muy difícil que alguien vaya preso por algo así, salvo que tenga una condena previa”, dicen en los pasillos de la justicia. Pero Roberto Giordano la tiene: en 2014 fue condenado en un juicio abreviado a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso por el delito de evasión simple. Ese antecedente es el que hace que cualquier pena que le apliquen en el futuro juicio, deba cumplirla indefectiblemente en un penal.

“Lo que hizo Giordano en esta causa que se investiga fue, básicamente, crear una serie de empresas falsas y sellos de goma que puso a nombre de conocidos suyos, en su mayoría empleados sin capacidad financiera. Empresas que en realidad él manejaba desde las sombras. Es decir, usó testaferros. El objetivo fue esconder en esas sociedades fantasmas 17 bienes para evitar perderlos, ya que la AFIP lo estaba investigando y él lo sabía”, explica una fuente en los tribunales del fuero penal económico.

Según la reconstrucción judicial, al verse acorralado por las requisas fiscales de la AFIP sobre su peluquería, que tenía bajo la sociedad ASPIL S.A, Giordano habría utilizado testaferros para crear empresas paralelas en las cuales él no tenía ningún tipo de responsabilidad en los papeles pero que seguía dirigiendo en la práctica. A esas empresas, llamadas Nilamar S.A, Big Brands S.A, Arimis S.R.L y Unidor S.RL, entre otras, trasladó personal y sobre todo bienes.

“Una vez que hizo todo eso, la empresa que él reconoce como propia, Aspil S.A, quedó vacía, es decir solo quedó el cascarón: sin empleados, sin bienes, sin absolutamente nada. Mientras tanto seguía ahí acumulando deudas, no pagaba impuestos, evitaba abonar las cargas sociales. Si le hacían juicio, ya no tenía nada a su nombre, lo había pasado todo a las empresas truchas. Esa es la maniobra. La realidad es que es muy común que se haga esto solo que él lo llevó al paroxismo”, afirma a Infobae una fuente que conoce los tribunales y sobre todo conoce a Giordano.

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En total son 17 los bienes que el peluquero habría pasado de su empresa a las sociedades fantasmas manejadas por sus conocidos. Lo hacía a través de ventas a valores nulos, bajos o transferidos directamente a personas carentes de solvencia económica. Luego los desapoderaba de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.

Cuando el peluquero tuvo la oportunidad de defenderse en indagatoria dijo desconocer esas maniobras. Dijo que era un simple empleado. Aseguró que las empresas falsas lo habían contratado a él y que no tenía ningún tipo de responsabilidad: “Las presuntas evasiones fueron llevadas a cabo por sociedades de las cuales yo no tengo ninguna participación societaria”.

“Debido a la inmensa cantidad de juicios laborales que tuve que afrontar y pagar, sumado a los bajos ingresos de la peluquería, decidí dejar de explotar los diversos salones y ofrecer mis servicios como asesor en marketing, profesor de peinado y cortes de cabellos a diferentes empresas. Mi beneficio económico era por ese asesoramiento. A su vez le vendí a esas sociedades mi nombre (marca) para que promocionen sus comercios. Por eso no es extraño que en los tickets aparezca mi nombre”, declaró Giordano frente al magistrado.

El juez Aguinsky no le creyó. Básicamente porque en el expediente hay una serie de pruebas que contradicen a Giordano en varios aspectos.

El magistrado construyó en base a eso su hipótesis: “Sin perjuicio de que Roberto Leonardo Giordano no integraba formalmente las empresas Unidor, Arimis, Big brands y Nilamar era quien en los hechos dirigía y tomaba las decisiones inherentes al funcionamiento de aquellas, es decir era el verdadero responsable de la explotación de la cadena de peluquerías y que los cargos directivos de tales empresas se encontrarían ocupados a título formal por personas relacionadas con aquel”.

Las pruebas que complican al peluquero

Un cotejo realizado por la AFIP en cuanto a los empleados en relación de dependencia que trabajaron para Giordano develó que ASPIL, la empresa que el acusado reconoce como propia, traspasó 227 empleados a Big Brands, 55 a Arimis y 3 a Unidor, mientras que luego hubo pases de empleados entre las propias sociedades. Para el magistrado esto no parece lo más común si se tiene en cuenta que Giordano nada tenía que ver con las nuevas sociedades.

Otro dato fundamental que llamó la atención al juez tuvo que ver con el resultado de un allanamiento. El 8 de marzo de 2012 se realizó un operativo en una oficina de la calle Montevideo al 700 perteneciente al escribano Juan José Almirón, hermano de Mirtha Selva Servando de Almirón, esposa de Giordano. Allí se encontró documentación vinculada a Big Brands y a Unidor.

¿Por que el cuñado de Giordano tendría en su estudio voluminosa documentación de dos empresas en las que el peluquero era, según su declaración, un simple empleado?, se preguntaron los investigadores.

Más pruebas en contra del hombre de los desfiles, según la investigación: la empresa Televisión Federal (Telefe) informó al juzgado que para celebrar contratos con la empresa Unidor y Big Brands se contactó con Roberto Giordano.

A todo esto se suman los testimonios de muchos de los empleados que Giordano tuvo durante varios años. Una peluquera, M.J.C, dijo en en el juzgado: “A mi entender el dueño y el que dirigía la empresa era Roberto Giordano. Se comentaba entre los empleados que tenía varios testaferros”.

Por su parte, una colorista, S.F, que fue empleada de ASPIL hasta 2007, y luego lo fue de Big Brands y posteriormente de Unidor, relató:“Los empleados nos enterábamos que cambiaba la razón social porque figuraba en el recibo de sueldo pero siempre trabajábamos igual en las peluquerías de Roberto Giordano. Las condiciones no cambiaban, era todo lo mismo. Se notaba que para decidir algo las encargadas de los locales debían consultar a Giordano. Él estaba a la cabeza de todo”.

“Cada vez que le transmitíamos a alguna de las encargadas un pedido relacionado a dinero ellas nos decían que debían consultarlo con Giordano. La máxima autoridad de cada local era el gerente, salvo que estuviese Giordano. Una vez, cuando trabajábamos para Big Brands, vino Roberto a una reunión del local de Paseo Alcorta y despidió en el mismo momento a cinco personas juntas porque se rumoreaba que estaban armando su propia peluquería”.

En el documento el juez enumera alguno de los inmuebles que Roberto Giordano intentó esconderle a la AFIP y a sus acreedores: un departamento en calle Arenales 1251, las unidades funcionales 1 y 2 del edificio de Libertador 4880 y tres vehículos.

Sobre el final del procesamiento, Aguinsky, que se trata del mismo magistrado que lo condenó en 2014, es contundente en cuanto a la responsabilidad de Giordano: “El acusado no habría desconocido la existencia de las diversas fiscalizaciones que le fueron iniciadas por la AFIP, ni la constitución de las sociedades indicadas ni mucho menos las distintas transferencias de bienes de su patrimonio que se hicieron a estas empresas las cuales, pese a no encontrarse formalmente designado como autoridad, eran manejadas por el imputado. Todas estas circunstancias permiten inferir que Roberto Giordano habría obrado con conocimiento y voluntad”.

La defensa del peluquero apeló el procesamiento y el embargo y ahora la suerte del imputado quedó en mano de la sala B de la Cámara Federal. En caso de que se rechace el planteo, el juez Aguinsky enviará inmediatamente la causa a juicio oral.

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La amenazó de muerte por WhatsApp y la mató 48 horas después: la trama detrás del brutal femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura

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La joven de 21 años fue asesinada a puñaladas por su ex pareja en plena calle y delante de vecinos y turistas. La víctima había presentado varias denuncias por violencia de género: tal como con Úrsula Bahillo, su femicida tenía dos restricciones perimetrales

Al menos 48 horas antes de ser asesinada a puñaladas en pleno centro de Villa La AngosturaGuadalupe Curual había sido advertida por su femicida, Juan Bautista Quintriqueo, de que la iba a matar con un cuchillo.

Guadalupe, de 21 años, ya había presentado tres denuncias en un Juzgado de Familia y sobre el asesino, de 32, pesaban al menos dos restricciones perimetrales, según indicaron fuentes del caso a Infobae. Pero eso ya no parecía ser suficiente, tal como ocurrió en el caso de Úrsula Bahillo en Rojas y otros tantos femicidios en diferentes puntos del país. El sistema falló. Así, Guadalupe fue asesinada.

Durante los últimos cinco meses, Guadalupe compartía domicilio con su amiga Lucía Navarro, con quien durante el último año habían forjado un vínculo tan íntimo como necesario: ambas eran víctimas de actos de violencia de género por parte de sus ex parejas y Lucía representaba un soporte para Guadalupe a la hora de cuidar a la hija de Curual, de 1 año y 10 meses, que había nacido producto de la relación con el femicida.

Valeria Navarro, ex concejala de Villa La Angostura y hermana de Lucía, describió ante los medios locales el vínculo que habían formado las dos amigas como algo “inquebrantable”.

Guadalupe Curual tenía 21 añosGuadalupe Curual tenía 21 años

Curual se separó de Quintrinqueo seis meses atrás. Pocas semanas después, la joven decidió mudarse a un departamento alquilado junto a su hija y su amiga Lucía en el barrio Inacayal. Incluso, Guadalupe trabajaba en una panadería, cuyo dueño era otro hermano de la familia Navarro.

Además, cuando Curual acudía a su trabajo, Lucía se encargaba de cuidar a la bebé, que ya era para ella una suerte de sobrina.

Si bien los actos de violencia por parte de Quintrinqueo se habían iniciado en el lapso del último año, las amenazas y la violencia psicológica se habían intensificado durante los últimos seis meses.

Según pudo saber Infobae, a lo largo del último semestre, Guadalupe salía con miedo a la calle. Cada vez que iba al trabajo, miraba hacia afuera. Intentaba que alguien la pudiera llevar a la casa que compartía con su amiga para no encontrarse sola en la vía pública. Mientras, los mensajes del femicida se repetían. “Te estoy mirando. Sos mía. No sos de nadie más”, fue uno de los tantos chats de WhatsApp que le envió. El femicida no soportaba que la relación entre ambos se hubiera terminado.

La tensión aumentó en las últimas 48 horas. Quintrinqueo había viajado hacía una semana a Traful y tenía pensado regresar el martes. Así, el entorno de la víctima advirtió que tanto el domingo como el lunes, el femicida amenazó a Guadalupe mediante nuevos mensajes de WhatsApp. Le decía que apenas regresara a La Angostura la iba a matar con un cuchillo. También la amenazaba por el hecho de estar junto a Lucía: “Si están juntas, se van juntas”.

Lucía entendía y empatizaba con su amiga, ya que ella también es víctima de hostigamiento y violencia psicológica por parte de una ex pareja.

La joven asesinada tenía una hija de un año y 10 mesesLa joven asesinada tenía una hija de un año y 10 meses

Ayer por la noche cerca de las 21:30, ambas amigas vieron que Bautista Quintriqueo se encontraba en las afueras del domicilio con un cuchillo en la mano. De cara a las amenazas múltiples de las últimas 48 horas, Guadalupe sintió el peligro al que se enfrentaban ella y su hija y decidió salir corriendo para escaparse del agresor.

El femicida comenzó a perseguirla.

Después de unas cuadras, ambos llegaron a uno de los puntos más céntricos de Villa La Angostura, la esquina entre la avenida principal Arrayanes y el cruce con el Boulevard Nahuel Huapi, justo donde se encuentran la sede del Automóvil Club Argentino, la estación de servicio YPF y una juguetería emblemática de la zona. A 100 metros de esa esquina se ubica el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad, que es el lugar donde se cree que Guadalupe intentaba llegar antes de ser atacada por su ex pareja.

En ese punto neurálgico de la ciudad se encontraban en plena calle vecinos y turistas. Por eso, muchos fueron testigos del momento exacto en el que Quintrinqueo asesinó a la joven de 21 años.

“Estábamos con mi familia paseando en el auto en la avenida, cuando doblamos en el ACA como para la plaza de los Pioneros, vemos que viene corriendo una chica a los gritos pidiendo ayuda, atrás venía un hombre con un cuchillo enorme persiguiéndola”, le explicó una testigo al Diario Andino.

La víctima y el femicida. Guadalupe Curual y Bautista Quintrinqueo, cuando eran parejaLa víctima y el femicida. Guadalupe Curual y Bautista Quintrinqueo, cuando eran pareja

“La chica corría desesperada, se los veía cansados, como que venían corriendo desde la plaza San Martín (…) El tipo le clavó el cuchillo en el medio del esternón, fue terrible. La chica estaba quieta. El tipo amenazaba con el cuchillo a quienes trataban de frenarlo”, completó el relato.

Una vez cometido el asesinato, Quintrinqueo intentó escaparse, pero en su huida se topó con una pareja de policías de la ciudad de Zapala, que se encontraban de vacaciones y paseando por las calles de La Angostura en remeras y pantalones cortos.

Los dos oficiales también portaban sus armas reglamentarias, por lo que lograron reducir al asesino en Paseo de los Artesanos a punta de pistola. Al verse encerrado, el femicida quiso quitarse la vida, pero apenas se realizó un corte superficial en el cuello.

Quintrinqueo fue derivado al hospital local Oscar Arraiz, donde se recupera de heridas superficiales sin gravedad bajo custodia policial.

El caso fue asumido por el fiscal Adrián De Lillo, del Juzgado Multifueros de Villa La Angostura, quien posiblemente imputará a Quintrinqueo por el delito de femicidio y ordenará la prisión preventiva cuando reciba el alta hospitalaria.

Por otra parte, se analiza la posible participación en el hecho de otro hombre que también fue internado en el hospital de Villa La Angostura minutos después del femicidio. Los investigadores intentan determinar si se trata de una actual pareja de Guadalupe que también fue atacado por el femicida en las inmediaciones del departamento alquilado.

Si bien este fue el primer femicidio registrado en Villa La Angostura en 2021, los casos de violencia de género en la ciudad neuquina parecieron incrementarse a lo largo del último año. Durante todo el 2020 se registraron 343 denuncias por violencia de género, un promedio de casi una denuncia por día.

Un posteo que había hecho Guadalupe Curual en su perfil de Facebook, en reclamo de justicia ante otros femicidiosUn posteo que había hecho Guadalupe Curual en su perfil de Facebook, en reclamo de justicia ante otros femicidios

En tanto, la propia Valeria Navarro criticó con dureza las políticas de atención a violencia contra la mujer por parte de los funcionarios.

“Hace dos años, yo estando como concejala de la localidad, juntamos más de 2.500 firmas para que un terreno que tenía el municipio pudiera ser destinado para la comisaria de la mujer; sin embargo, por unanimidad de los 7 concejales, se rechazó el pedido”, expresó Navarro, en declaraciones al medio El Cordillerano.

“La única comisaría que funciona es la 28, a veces con personal no preparado, por lo que es muy duro ir hacer una denuncia por violencia de género. Te tratan de una manera que te genera ganas de irte por la puerta y esperar que tu destino te llegue”, añadió.

Asimismo, en la mañana de hoy, el fiscal De Lillo y el fiscal jefe de San Martín de los Andes y Villa La Angostura, Fernando Rubio, intentaron dar explicaciones ante una multitud reunida en la puerta de la Comisaría 28. Los empleados judiciales fueron insultados e increpados por una comunidad desesperada en busca de justicia.

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Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer a metros de un hospital e investigan si la asesinaron

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Fue hallada esta mañana por un empleado del nosocomio. Vecinos de la zona alertaron que se trataría de un caso de violencia de género

Durante la mañana de este miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de alrededor de 25 años en las inmediaciones del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba. Investigan si fue asesinada.

El cadáver fue hallado colgado de un árbol por un empleado del hospital en un descampado a unos 50 metros de los consultorios externos del centro médico ubicado en el barrio Cáceres de la capital provincial. Estaba sobre un barranco, detrás de una playa de estacionamiento.

Tras ello, personal de la División Homicidios de la Policía de Córdoba montó un operativo y trabajó en el lugar. Si bien desde la Justicia no dieron mayores precisiones, los vecinos de la zona y en las redes sociales alertaron que se trataría de un caso de violencia de género. Aseguran que la mujer sufrió un ataque por parte de su pareja previo a dirigirse ambos hacia el sector donde ella fue encontrada sin vida más tarde.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La autopsia de rigor esclarecerá las causas del deceso.

Ivana Módico está desaparecida desde hace seis díasIvana Módico está desaparecida desde hace seis días

El hallazgo se produjo en medio de la desesperante búsqueda de Ivana Módico, quien se encuentra desaparecida desde la noche del pasado jueves en la localidad cordobesa de La Falda. A raíz de este caso, está detenido el novio de la mujer, Javier Galván, quien fue apresado el lunes a pedido de la fiscal de Cosquín, Jorgelina Gómez, y quedó acusado, en principio, de los delitos de “falso testimonio agravado y desobediencia a la autoridad”.

La detención surgió a partir de las contradicciones en la declaración testimonial y por violar la orden de distanciamiento que se le impuso meses atrás, luego de una denuncia que había realizado Módica por violencia de género.

Si bien se trata de un delito excarcelable, los investigadores prefieren mantener a Galván –un piloto de la Fuerza Aérea de Córdoba– detenido hasta tanto pueda ser hallada la mujer.

Mientras se aguarda para las próximas horas la indagatoria a Galván, continúan los rastrillajes para localizar a Ivana, con la participación de personal de Bomberos, de la Policía, Defensa Civil y de otros organismos. La búsqueda se centralizó hoy en una zona del Dique de esa ciudad del Valle de Punilla. En la tarde del martes, una nueva pista hizo que los rastrillajes se trasladaran a la zona de Pampa de Olaen, aunque debió suspenderse por la lluvia torrencial que se desató en ese lugar.

Según los investigadores, Ivana se comunicó por última vez con su hija Nicole el pasado jueves cerca de la medianoche, cuando intercambiaron mensajes con su teléfono celular. Galván realizó la denuncia policial por la desaparición el viernes, argumentando que él se había ido a trabajar a las 6.30 y cuando regresó por la tarde la mujer no estaba en la casa.

Galván había asegurado a la policía que, presuntamente, la mujer había salido a caminar en la zona del cerro La Banderita, en La Falda.

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Femicidio de Úrsula: el asesino debió haber estado preso, pero la burocracia judicial lo impidió

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Un fiscal había pedido su detención dos veces por abusar de una nena discapacitada. El insólito motivo por el que se lo denegaron.

Cuando Matías Ezequiel Martínez (25) mató a Úrsula Bahillo (18) la impotencia fue tanta que despertó la bronca colectiva -primero- de todo Rojas, después en el resto de la sociedad. Las denuncias previas, los pedidos que no se atendieron y el historial de violencia del oficial de la Bonaerense fueron el combustible de la bronca.

¿Cuántos alertas se desatendieron? ¿Cuánto antes se podría lo podría haber detenido? Lo cierto es que, por una denuncia previa, Martínez tendría que haber estado preso. Por una decisión burocrática de la Justicia de Mercedes evadió la cárcel, regresó a Rojas y mató a Úrsula.

Desde el comienzo de su carrera en la Fuerza, el prontuario de Martínez resultó cuestionado. Era policía desde abril de 2015 y estaba de licencia psiquiátrica desde el 8 de septiembre del 2020, una estrategia que -denuncian- había surgido para evadir la exoneración y continuar cobrando parte de su salario.

En cinco años con el uniforme de policía acumuló traslados y sanciones. Describen la suya como “una personalidad difícil”, minimizando su accionar.

Cuando Belén, su ex pareja, lo denunció por violencia y amenazas (en junio de 2017), lo notificaron de un traslado, que finalmente se concretó.

En Fotos: Femicidio en Rojas y pedido de justicia por Úrsula Bahillo

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Si me trasladan, tiro una bomba“, le advirtió por teléfono a una superior que lo notificó del cambio.

Ella, también policía, avisó de la reacción y se generó un sumario en Asuntos Internos de la Bonaerense para mayo de 2019.

Cuando llegó a 9 de Julio, su nuevo destino, conoció a otra mujer. La violencia se repitió, igual que con Belén, de la misma manera en que -más adelante- replicaría con Úrsula.

“A él lo trasladaron a 9 de Julio para cuidarlo, ahí fue cuando cometió la violación… me lo contó su mamá, que se comunicó conmigo”, denunció Belén en redes sociales.

Por esa causa es que Martínez tendría que haber estado preso.

Fue en junio de 2020 que su entonces pareja se presentó ante la Justicia para denunciar una violación. Según consta en la Fiscalía N° 2 de Mercedes, Martínez violó a la sobrina de esta joven, una nena con discapacidad. Tres meses después estaba de regreso en Rojas y pidiendo una licencia psiquiátrica.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que, por la pandemia de coronavirus, las pericias se demoraron, “aunque la causa avanzó con otras medidas de prueba”, indicaron.

Recién en diciembre la niña logró declarar y ratificar su calvario. Martínez estaba acusado de abuso sexual agravado en el Poder Judicial de Mercedes.

El fiscal Sebastián Villalba solicitó su detención el 7 de enero, un mes antes de que asesinara a Úrsula. Sin embargo, Facundo Guillermo Oliva, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, estaba de vacaciones.

El pedido de Villalba recayó en su reemplazo, Marcelo Enrique Romero, a cargo del Juzgado de Garantías N° 1, que se excusó de resolver el pedido de detención por encontrarse en feria judicial y no haber sido él el magistrado natural de la causa.

Pero los pedidos no terminaron ahí: finalizada la la feria judicial, Villalba reiteró el pedido de detención. Martínez tuvo otra oportunidad para terminar en la cárcel y de esa manera, podría haberse evitado el femicidio. Esa solicitud nunca se resolvió: cuatro días después, el agente de la Bonaerense mató a Úrsula Bahillo de al menos 15 puñaladas y después intentó quitarse la vida.

Femicidio de Úrsula, cronología. Video: de los mensajes dramáticos hasta el terrible final

En todas estas instancias, Martínez estuvo a punto de ser desafectado de la Bonaerense, algo que tampoco se concretó a pesar de su historial.

Recién después de la denuncia por abuso sexual agravado le aplicaron la suspensión, lo restringieron a la realización tareas administrativas y le sacaron el arma reglamentaria. Esa situación la evadió con la licencia médica.

Más tarde, llegaron las denuncias de Úrsula. Y ni siquiera estos antecedentes alcanzaron para que la Justicia de Junín ordenara medidas de protección para ella.

El 28 de enero, Patricia Nasutti (52), la mamá de la chica asesinada, había denunciado a Martínez por amenaza y desobediencia, tras romper las restricciones de acercamiento.

Ese expediente cayó en manos del fiscal Sergio Terrón, de la Fiscalía N° 5 de Junín, el mismo que ahora tiene a su cargo la causa por el femicidio. También la elevación a juicio por las denuncias de Belén, desde 2017.

El 5 de febrero Úrsula reiteró las denuncias porque continuaba el hostigamiento. El mismo lunes 8 de febrero, horas antes de matar, Martínez fue citado para ser notificado de las causas que se iniciaban en su contra. Y el 18 de febrero debía presentarse a una audiencia para iniciar el juicio por los ataques a Belén.

Este miércoles, la Justicia de Garantías convalidó la imputación por femicidio con los agravantes de “alevosía” y “ensañamiento” para el policía.

Las amenazas a la familia del femicida

En medio de la indignación colectiva por la ausencia de medidas de protección a la víctima, a pesar de las reiteradas denuncias por violencia y de los antecedentes registrados en la Justicia, la bronca también alcanzó a la familia de Martínez.

A través de redes sociales acusaron a sus hermanas de encubrirlo y de negar las denuncias previas. Tanto fue así que amenazaron incendiar su casa y, según advirtieron, tuvieron que escapar por miedo a las represalias.

El femicida tiene dos hermanas mellizas de 19 años, casi la misma edad que tenía Úrsula, con quien tuvo una relación durante siete meses. Están al cuidado de su mamá, que tiene una enfermedad. Loana Martínez dijo a C5N que su hermano “va a tener pagar por lo que hizo” y agregó que su familia “no tiene nada que ver con eso”.

“Estamos muy mal. Todavía no hemos caído de todo lo que está pasando. La familia está mal porque lo que pasó fue algo muy feo con Úrsula. Tuvimos que irnos de mi casa por amenazas. Somos víctimas y lo sentimos. Lo que hizo mi hermano, nadie lo defiende y lo va tener que pagar”, insistió.

También reconoció que sabía que su hermano tenía una restricción de acercamiento y denuncias previas, aunque negó haber visto situaciones de violencia entre ellos. “Yo en mi casa nunca vi algo violento, verbal o físico. Nunca vi nada”, expresó.

Preocupadas por la violencia que generó el femicidio, contó que se tuvieron que mudar por las amenazas. “Yo estoy igual que todos. Estamos en shock. Mi hermano no mataba una mosca, aunque sabíamos que tenía denuncia”, reconoció. Como en la mayoría de los casos de violencia de género, las agresiones ocurren en el ámbito privado para que el agresor pueda asegurarse impunidad.

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