El organismo ratificó que su prioridad es cobrar, que el Gobierno tomó medidas para frenar una aceleración inflacionaria pero no mostró un plan económico y que hace bastante tiempo que abandonó sus dogmas de la década del 90
El paso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la Argentina le dejó al Gobierno un sabor muy dulce por haber logrado que el organismo dijera lo que quería escuchar: que la deuda no es sustentable.
Pero, más allá de la letra del comunicado, ¿cambió el FMI su posición tradicional? ¿Apoyó el pedido del Gobierno de postergar el pago de los USD 44 mil millones que le debe? ¿Cree que el Gobierno tiene un plan para que la economía pueda volver a crecer?
Las respuestas a estas preguntas pueden hallarse si se lee entrelíneas el comunicado de la misión técnica que vino a dialogar y no a negociar un nuevo acuerdo con el organismo multilateral. Por esta razón, faltan exigencias que habitualmente aparecen por parte del organismo, como la evaluación de las metas fiscales, clave para saber si el país puede repagar o no su deuda.
En una segunda lectura del comunicado aparecen 10 conclusiones tajantes:
“El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por el ministro de Economía, Martin Guzmán, en su presentación en el Congreso de la Nación”.
1-La fórmula del Frente de Todos había tenido una retórica muy beligerante con el Fondo desde la campaña electoral y este elogio inicial se entiende porque, en las reuniones desarrolladas en Buenos Aires, no se percibió esa hostilidad.En ningún momento estuvo en la mesa el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, respaldado por el presidente Alberto Fernández, de plantear una quita a la deuda argentina con el Fondo por haber permitido la “fuga de capitales”. Y de hecho el Gobierno tiene previsto pagarle al FMI los USD 1600 millones en intereses previstos para este año.
El uso de los desembolsos del préstamo del FMI
“Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”.
2-El lenguaje del Fondo se suele adaptar al de los gobiernos que lo reciben. Tiempo atrás apoyaban el planteo de política económica del gobierno de Mauricio Macri y ahora lo hacen con el de Fernández. El objetivo del organismo es cobrar su deuda y siempre podrá decir, como lo desean los diferentes gobiernos, que las medidas las deciden los países (“Ownership”) y no Washington.
Macri y Lagarde, en el G20: otros tiempos, el mismo apoyo
“Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, que por lo general está dirigido a atender las necesidades de los más vulnerables”.
3-El apoyo del FMI a medidas para frenar el aumento de la pobreza no son nuevas: en el programa firmado con el gobierno de Macri había un porcentaje específico de los recursos girados desde Washington destinados a programas sociales.
“Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial. La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales”.
4-El FMI comparte el diagnóstico de gran parte de los analistas y de la oposición: se detuvo la posibilidad de una peligrosa aceleración inflacionaria con el cepo y otros controles, el aumento de impuestos y el congelamiento de la fórmula de movilidad jubilatoria. Pero esto no implica que el Gobierno haya derrotado la inercia inflacionaria y el verdadero desafío se verá cuando se empiecen a descongelar las tarifas y otros precios a mitad de año.
El elogio del FMI a las medidas de control de capitales no es nuevo
“Las autoridades también se encuentran en un proceso para garantizar una resolución sostenible y ordenada de su situación de deuda. El personal del FMI notó que la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública de Argentina se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, publicado en julio de 2019, en el contexto de la Cuarta Revisión bajo el Acuerdo Stand-By”
5- Esta definición no es novedosa. Por el contrario, el Fondo había arribado a este mismo diagnóstico el año pasado y por esta razón frenó los últimos desembolsos del préstamo de USD 57 mil millones acordados con la Argentina. El nuevo gobierno expresó que no quería este dinero, pero en realidad, para pedirlo, debería cumplir con una serie de requisitos que al Fondo le hagan pensar que puede devolverlos. El ministro tampoco dijo todavía cómo piensa devolver los USD 44 mil millones que sí llegaron a la Argentina; es decir que, más allá de los festejos en la Casa de Gobierno, un acuerdo formal entre las dos partes todavía está lejos.
“Además, dadas las profundas dificultades de financiamiento que surgieron, desde agosto 2019 se han adoptado medidas para mitigar la fuga de capitales y extender el vencimiento de ciertas deudas. Al mismo tiempo, se ha tenido que recurrir al Banco Central para financiar parte del déficit fiscal”.
6-El apoyo del Fondo a las medidas de control de capitales no es novedoso. Hace varios años que revisó su concepción más clásica que predicó en la década del 90 y acepta que los controles sirven, aunque también, como sostienen muchos economistas, el problema no es implementar los controles, sino saber cómo reducirlos en forma ordenada para fomentar la inversión y el crecimiento.
“El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible”.
La sesion extraordinaria en el Senado de la Nacion donde se debatió el proyecto de la restauracion de la sostenibilidad de la deuda publica externa, en el Congreso de la Nación,
7-El mensaje de este párrafo implica una ratificación del término fetiche del ministro Martín Guzmán: “La deuda no es sostenible”. Vale reiterarlo, por esta razón el Fondo no le prestó más dinero al país. Y tampoco confía en que el Gobierno esté en condiciones de recuperar el equilibrio fiscal con la rapidez necesaria como para pagarla. Es decir, cree que las medidas adoptadas son necesarias, pero no suficientes.
“En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”.
8- La postura del Fondo de pedir quitas al sector privado en las reestructuraciones de deuda tiene un historial de, al menos, un par de décadas, por lo que tampoco en este párrafo aparece ninguna innovación conceptual. Cuando negoció el aporte para el “blindaje” en el gobierno de la Alianza, el FMI consideró que los acreedores privados debían hacer su propio aporte a través del “Private sector involvement”. Y cuando el país cayó en default en 2001, no intercedió en favor de los bonistas porque el Tesoro de EEUU opinó que debían aceptar una fuerte pérdida por haberle prestado dinero a un país insolvente. Ahora el FMI reiteró que quiere cobrar el 100% y que, como no hay recursos suficientes, quienes deben aceptar una quita son los bonistas que no le prestaban al país desde principios del 2017 mientras el Fondo evitaba con sus recursos que se produjera un default. Esto no implica que los acreedores acepten una quita significativa, ya que podrían optar por esperar y cobrar más adelante, con una oferta mejor o por medio de un juicio.
“El personal del FMI y las autoridades continuarán dialogando estrechamente a medida que las autoridades continúen avanzando en la concreción de sus planes y políticas económicas”.
9-El FMI tuvo estos días el privilegio de ver las proyecciones que el Gobierno todavía no le mostró al resto de la sociedad en términos del déficit fiscal, crecimiento económico, inflación y tipo de cambio, entre otras variables. Pero todavía queda por comprobar si estas cifras son verosímiles. Por esta razón el comunicado no menciona la existencia de un plan económico consistente.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el ministro de Economía de Argentina, Martin Guzman, y el Papa Francisco en una conferencia en el Vaticano. Este fin de semana, Georgieva y Guzmán se volverán a ver en Arabia Saudita
“En el contexto de la próxima reunión de Ministros de Finanzas del G20, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunirá con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, a efectos de definir los próximos pasos de la relación entre el FMI y la República Argentina”.
10-Este párrafo final deja en claro que no hubo diálogo entre ambas partes sobre una negociación formal, pero que el diálogo comenzó en buenos términos. No es poco haber arrancado con el pie derecho, pero tampoco es demasiado como para festejar.
El incremento será menor a la inflación, que se estima en 11% para el primer trimestre. Quiénes podrían cobrarlo y cuándo se define.
A partir de marzo el monto de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales se incrementará el 8,07% y para compensar la pérdida frente a la inflación habrá un bono extraordinario.
Así adelantaron a Clarín fuentes del Gobierno quienes agregaron que el alcance y el valor del bono serán definidos por el Presidente Alberto Fernández, entre mañana y el viernes.
Se estima que, como se aplicó el año pasado, el bono alcanzará a los que ganan la jubilación mínima o un poco más, a las pensiones no contributivas que cobran el 70% del haber mínimo y los que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En total un universo de casi 5 millones de personas.
La decisión se tomó porque, con el 8,07%, el primer aumento en base a la nueva fórmula de movilidad, que se aplicará por tres meses (marzo-mayo) tuvo un mal debut para los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales, como AUH, Asignaciones Familiares) que suman 18 millones de personas.
De todos modos, en Casa Rosada insistieron que con la fórmula del anterior Gobierno, el aumento hubiera sido más bajo, del 7,18%.
Punto más, punto menos, el aumento de las jubilaciones y pensiones sería inferior a la inflación del primer trimestre de este año, incluso estimando una inflación descendente (3,5% en febrero y 3,1% en marzo) ya que acumularía una suba de los precios del 11%, afectando a las 18 millones de personas alcanzadas por la movilidad.
Además de las jubilaciones y pensiones, el aumento comprende a las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y la fórmula de movilidad no prevé una compensación si la inflación es mayor que el incremento de los haberes.
Cuánto aumenta la jubilacion mínima
Con el aumento del 8,07%, la jubilación mínima subirá de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la PUAM de $ 16.457.
La fórmula de movilidad no contempla ninguna compensación si los aumentos son inferiores a la inflación. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años que ronda entre el 15 y 25%, según los rangos de haberes. Pero no impide que se otorguen bonos extraordinarios, que no se integran al haber del jubilado, como pasó en 2020. Esto significa que no se consideran como base para los futuros aumentos.
El bono abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados con haberes un poco por encima de la mínima porque – argumentan en el Gobierno– son los mayores perjudicados por la inflación ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, que es el rubro que más aumentó y más incide en el IPC promedio y en el valor de la canasta básica de pobreza.
De todos modos, el resto de los jubilados y pensionados tuvieron pérdidas entre 2018 y 2020 de hasta el 25% y con el 8,07% volverán a perder frente a la inflación.
En el caso de la AUH, en el Gobierno argumentan que los padres y madres con hijos menores de 6 años- tienen una compensación por el aumento de la tarjeta Alimentar que, desde este mes, pasó de $ 4.000 a $ 6.000 por hijo y de $ 6.000 a $ 9.000 con 2 o más hijos.
Sergio Massa adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto. Se avanza para que los sueldos de hasta 150.000 brutos no paguen cuando cobren el salario complementario
La semana que viene podría comenzar el tratamiento del proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cual se busca modificar el piso salarial a partir del que se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.
La iniciativa, que recogió apoyos del oficialismo y de la oposición, establece un nuevo piso de $150.000 bruto por el cual se empieza a pagar el tributo. Sin embargo, en el proceso de discusión de las diferentes comisiones se irán haciendo modificaciones que apuntan a ampliar los beneficios para los trabajadores que tengan que pagarlo.
Habrá cambios y se ampliarán los beneficios (fuentes del massismo)
Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados aseguraron a Infobae que “habrá cambios y se ampliarán los beneficios” y que en ese orden de prioridades de modificaciones encabezan la lista las horas extras, los viáticos y el aguinaldo. Y se analiza lo que podría ser la mayor sorpresa del proyecto: los Autónomos. Se está terminando de estudiar el costo que tendría que una parte de quienes están encuadrados en esa categoría fueran alcanzados por la nueva norma.
“Se está trabajando para sumar que las horas extras y los viáticos de algunos sectores en donde estos dos ítems son cotidianos que no sumen para pagar Ganancias”, explicaron fuentes legislativas.
Lo que sucedió en Toyota días atrás, cuando la empresa que concentra el 50% de las exportaciones del sector automotriz frenó la producción porque sus empleados no aceptaron trabajar un feriado ya que perdían más de lo que ganaban por consecuencias del pago de Ganancias.
Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)
Otro punto importante que están trabajando en el equipo de Massa es el de los aguinaldos. “Buscamos que aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos no paguen Ganancias por pasarse con el aguinaldo”, describen cerca de Massa. Otro punto que se estudia lo propuso la oposición y tiene que ver con poder descontar los gastos en educación, como cuotas de colegios, libros, materiales y viajes, entre otros.
“El proyecto tiene que ser sustentable desde el punto de vista fiscal. El costo fiscal tiene que ser algo que esté dentro de ciertos parámetros. Algunas de las propuestas que ofrecen desde la oposición se podrían sumar y otras no por el costo que tienen”, explican desde el massismo. Ayer, el presidente de la Cámara baja se reunió con legisladores del Frente de Todos que representan a distintos gremios para analizar el proyecto.
Massa con los diputados de su bloque de extracción gremial
Aunque todos los bloques están de acuerdo con el cambio propuesto por el oficialismo y hubo un decreto por el cual se habilitó a que el tema sea debatido en el Congreso, recién comenzará la discusión luego de la apertura de las sesiones ordenarías.
“Para que quede bien el bordado, primero necesitamos tiempo para zurcir”, metaforizó una fuente del oficialismo que participó de las negociaciones técnicas previas a la presentación del proyecto. Y es que, a pesar de la buena recepción de la medida, que también establece que aquellos que cobren hasta 173.000 pesos brutos tengan menores descuentos que en la actualidad, el Frente de Todos recibió, en las últimas semanas, algunos reparos de la oposición y una parte del sindicalismo.
El proyecto fija un “nuevo piso” de remuneración mensual que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. El objetivo es proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados y potenciar el mercado interno.
La automotriz japonesa buscó producir un feriado y en medio de vacaciones, pero no consiguió el personal suficiente para poner en marcha su planta
Lentamente, el sector automotriz comienza a recuperar un poco del ritmo de producción que supo tener en otros tiempos. Sin embargo, la presión impositiva y las restricciones cambiarias empiezan a ponerle un freno que dificulta que comience a rodar.
El impuesto a la Ganancia que presiona sobre los salarios del sector y la falta de aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) para el ingreso de unidades fabricadas en el exterior está golpeando a una industria que aún se encuentra muy por debajo de la media en lo que se refiere al uso de la capacidad instalada y pelea por recuperar un mercado de ventas.
Como publicó Ámbito Financiero, Toyota no pudo producir porque entre vacaciones y el rechazo de los empleados a sumar horas extras en el feriado por el impacto que tiene el plus salarial en Ganancias, no logró completar la planta de trabajadores necesaria para poder poner la maquinaria en marcha.
La compañía asiática, que tiene una balanza superavitaria ya que exporta alrededor del 80% de lo que produce en el país, pretendió mantener la planta activa el pasado martes feriado de carnaval. Sin embargo, no logró reunir el número de trabajadores necesarios para poner en marcha la producción.
Hilux, la pickup que exporta Toyota desde la Argentina
Desde la empresa explican que “no solo es por el impacto del impuesto ya que hay gente de vacaciones”, pero también hicieron referencia a Ganancias al señalar que “está claro que mientras más se trabaja, más se gana y más se paga; en el sector automotriz se parte de salarios con pisos altos, por lo que rápidamente se pasa de escala”.
En el sector automotriz descartan de plano que sea un conflicto con Smata y recuerdan que hace unos años hubo un acuerdo con el sindicato para trabajar los fines de semana para cumplir con los cupos de producción que necesitaba la empresa. “No es la primera vez que le pasa y es porque los empleados entienden que, con el descuento y el esfuerzo de trabajar un feriado, pierden más de lo que ganan”, agregó.
Según la empresa, durante el 2020 la planta de la marca japonesa en la Argentina representó el 50% de las exportaciones de la industria automotriz local, con 32.724 unidades despachadas y USD 800 millones en ingreso de divisas.
Mercedes, también
En la otra punta del conflicto que vive el sector está la alemana Mercedes Benz, que asegura sufrir escasez de unidades pero, en este caso, por la falta de aprobación de importaciones. La marca tiene varadas alrededor de 700 unidades a la espera de la aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) por lo que lentamente se le está secando el mercado de unidades para vender.
A diferencia de Toyota, el problema de la alemana tiene que ver con la escasez de dólares y las trabas que tienen las empresas para acceder a los cupos que les permitan la importación de unidades. En general, las empresas de importados apuestan a incrementar ventas aprovechando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo porque, aunque las unidades cotizan en dólares, lo hacen al valor que fija el Banco Nación y se pagan en pesos. Por eso, quien tiene los dólares billete para comprar un auto de alta gama importado necesita cambiar menos dólares si utiliza la cotización del mercado paralelo.
Aunque Mercedes Benz fabrica en el país –tiene una planta donde hace la van Sprinter– no logra acceder al mercado cambiario para hacerse de dólares ni que la Aduana le libere las SIMI. Asegura tener unidades en los depósitos fiscales que “de estar en una concesionaria se venderían rápidamente”, aseguraron desde la empresa.