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Sociedad

Los bancos volverán a atender al público desde el lunes 13 pero solo con turno previo

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La atención para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales no requerirá de ninguna cita previa y continuará según lo determinado por la Anses

El Banco Central informó este lunes que los bancos volverán a atender al público desde el próximo lunes 13 pero lo harán únicamente con un turno previo, tanto para personas físicas como jurídicas.

A través de la Comunicación A6958 la entidad monetaria dispuso que “las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general –excepto para la atención por ventanilla– a partir del lunes 13 de abril de 2020 y hasta el viernes 17 de abril, extendiendo en dos horas la jornada habitual de atención al público según la jurisdicción de que se trate”.

El cronograma de atención será de la siguiente manera según la terminación del DNI de las personas y del CUIT de las empresas: lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9.

Las personas a ser atendidas deberán sacar previamente un turno a través de las páginas de Internet de las entidades, o por otro medio electrónico que los bancos pongan a disposición como el correo electrónico y los teléfonos.

 El comprobante del turno del banco servirá de permiso de circulación entre el domicilio y el banco.

Asimismo, las entidades deberán entregarles por vía electrónica un comprobante del turno acordado, indicando día de la cita, identificación de la persona y ubicación de la sucursal correspondiente. Ese comprobante servirá de permiso de circulación entre el domicilio y el banco.

El Banco Central afirmó que los clientes sólo podrán presentarse –en el día y sucursal indicados– con la constancia de turno emitida por la entidad financiera.

Y agregó que en el caso de la atención de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad de Buenos Aires, “será conforme al cronograma que la Anses o el correspondiente ente administrador establezca, no siendo necesaria la obtención de turno alguno”.

Tras la compleja reapertura de las sucursales bancarias para pagar jubilaciones y beneficios sociales el pasado viernes 2, que rompió con 14 días de cuarentena total, el Gobierno apunta a restablecer la actividad en determinados sectores.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central

Miguel Pesce, presidente del Banco Central

La atención al público en el sistema bancario está en el centro de la escena desde que el viernes pasado el sector volvió a abrir las puertas de las sucursales para permitir el operativo de pago a pensionados, jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficiarios de Anses. Ese día, desde la madrugada, se formaron extensas filas en muchos casos compuestas por personas que tienen más de 65 años, o sea población de riesgo en medio de la pandemia de Covid-19.

El episodio, que interrumpió 14 días de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado desde el Gobierno nacional, le valió retos al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al titular de la Anses, Alejandro Vanoli, de parte del presidente Alberto Fernández.

La decisión anunciada había sido tomada en una reunión de Directorio del Banco Central celebrada hoy, en la que las características de la atención bancaria al público había tenido un rol esencial. Cabe destacar que tanto desde el gobierno como desde la autoridad monetaria habían mostrado un claro malestar hacia los bancos por las demoras en colocar la línea crediticia para pymes. La necesidad de agilizar ese financiamiento pudo ser una de las razones que estuvo detrás de la decisión.

De todas formas, la medida no implica una normalización absoluta del funcionamiento de los bancos. Su vigencia, según detalla la comunicación del BCRA, solo está confirmada hasta el viernes 17 y no incluye la atención por ventanilla.

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Sociedad

“Está todo perdonado, no tengo rencor”, aseguró el padre de una de las víctimas del choque en Tigre

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Guillermo Rossi despidió a su hijo Franco y le dedicó palabras a Joaquín Duhalde Bisi, quien manejaba borracho y sin registro.

El papá de uno de los jóvenes fallecidos en el trágico accidente en el Camino de los Remeros de Tigre, cuando el conductor del Audi A4 manejaba alcoholizado y chocó contra un guardarrail, hizo un conmovedor descargo por Twitter: “No tengo rencor“.

Guillermo Rossi es padre de una de las víctimas, Franco Rossi (18), y escribió en su cuenta de Twitter (@guillermo4398) motivado por defender la memoria de su hijo y aclarar que él no estaba alcoholizado.

“Uno de los fallecidos es mi hijo Franco Rossi. Espero que entiendan que el no manejaba. Solo pido que respeten el dolor de mi familia en memoria de los muertos. Mi vida se apaga“, tuiteó en primera instancia.

Inmediatamente comenzaron a llegarle mensajes de aliento y, como siempre en Twitter, también respuestas polémicas, a las que los demás usuarios se encargaban de señalar.

Rossi les contestó a varios de los que lo saludaron y entre esas respuestas también contó varios detalles y habló del autor del accidente, Joaquín Duhalde Bisi.

Lamento el escrache mi hijo, no tenía alcohol en sangre, manchan su memoria. Abrazo y gracias”, le contestó a uno. “Franchu no estaba alcoholizado y sin embargo se fue”, le dijo a otro.

Joaquín Alimonda (19) y Franco Rossi (18) murieron en el acto.

Joaquín Alimonda (19) y Franco Rossi (18) murieron en el acto.

“En la autopista a mi hijo le dio 0. Estaba aparentemente dormido y Franco no manejaba y tenía mi autorización. Dos veces a EE.UU. una a Sudáfrica el solito, y vos crees que me carga culpa? No ninguna”, le respondió a otra.

Luego, en otros tuits negó una supuesta fiesta. “Ni hubo fiesta ni nada, eran 5 amigos y el destino los enfrentó”, agregó.

En otro mensaje, Rossi dijo que lo que atraviesa es muy duro. “Hoy quisiera que me lleve a su lado, pero Franchu tiene 4 hermanos, no puedo viajar todavía y esa paz espero encontrarla”, se descargó en otro escrito.

Por último, dijo que “ya está todo perdonado eran amigos y no tengo ningún rencor“, en relación al conductor del auto, quien se encuentra detenido en la comisaría de Villa La Ñata.

El caso

Joaquín Duhalde Bisi (19) estaba borracho y manejaba sin registro la madrugada del domingo, cuando perdió el control del Audi A4 de su papá en Tigre y chocó. En el incidente murieron dos de sus amigos, Franco Rossi (18) y Joaquín Alimonda (19).

En el auto también iba Mateo Lezama (18), quien se salvó por estar en el asiento de atrás del conductor.

Duhalde Bisi está acusado de “doble homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una condena de 8 a 25 años de cárcel, y, subsidiariamente, de “doble homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, el consumo de alcohol y la alta velocidad a la que conducía”, con penas de 3 a 6 años de prisión.

Joaquín Alimonda, Joaquín Duhalde BIssi - el conductor del vehículo- y Franco Rossi eran amigos desde el colegio secundario.

Joaquín Alimonda, Joaquín Duhalde BIssi – el conductor del vehículo- y Franco Rossi eran amigos desde el colegio secundario.

Cuando el Audi A4 impactó contra el guardarrail, lo arrancó completo. “Luego de ingresar por la parte trasera de la rueda delantera derecha, los 25 metros que tiene de largo cruzaron el coche en sentido hacia la izquierda, y salieron”, detallaron fuentes de la investigación.

La pericia del alcoholemia, cuyo test certificado ya está en manos del fiscal, había arrojado que Duhalde Bisi manejó esa madrugada fatal con 1,39 gramos de alcohol por litro de sangre: casi el triple de lo permitido.

Duhalde Bisi no tenía registro. El 31 de octubre pasado se lo retuvieron por no tener la VTV al día del Hyundai a nombre de su mamá que manejaba.

Aunque desde su entorno argumentaron que poseía la licencia digital en la aplicación Mi Argentina, fuentes de la investigación explicaron que en este caso ese registro digital no tiene validez, ya que había quedado incautado por la infracción.

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El calvario de Lucía: el juicio contra el suboficial de la Armada acusado de violarla se postergó para 2024

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La víctima batalló durante cinco años para lograr que la causa llegara al debate oral, suspendido dos veces. El imputado está libre.

“Se me va la vida esperando Justicia”, dice Lucía, como pidió esta ex marinera que la llamen allá por 2016. Por ese entonces, se conoció el calvario que padecía desde 2013 cuando, según su denuncia, un superior comenzó a acosarla y, luego, eso derivó en una situación de abuso en la Base Naval de Ushuaia.

Ahora, a más de 7 años de que comenzara el acoso y a 5 de que ella lo denunciara, Lucía otra vez grita por ayuda: le pidió este miércoles a la Justicia de Tierra del Fuego que revise la decisión de postergar hasta 2024 el juicio contra el acusado

Según le dijo la ex marinera a la agencia de noticias Télam, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia decidió una nueva postergación para el inicio de las audiencias hasta el 16 de mayo de 2024.

La Justicia quiere empezar el juicio en tres años, cuando se cumplirán 11 del inicio de los supuestos abusos contra Lucía, de 32 años.

2016. Se conoce un caso del acoso sexual en la base Naval de Uhuaia.

2016. Se conoce un caso del acoso sexual en la base Naval de Uhuaia.

El caso involucra al suboficial Reinaldo Cardozo, de 56 años, a quien le imputan haber abusado de la mujer cuando ella tenía 25 años. Lucía debió someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Cardozo está acusado de “abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas y mediando violencia de género“.

Según especialistas, la causa puede sentar un precedente histórico porque “ventila hechos sucedidos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la Fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses”, explicaron fuentes judiciales.

A 17 días

La fecha prevista para el inicio del juicio era el 29 de junio de 2020, pero debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, el Tribunal suspendió las audiencias.

Luego, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvieron esta nueva postergación.

Lucía denunció a un superior.

Lucía denunció a un superior.

Lucía, como pidió siempre que se la identifique para resguardar su identidad, batalló durante 7 años hasta lograr que la justicia procesara a Cardozo por un rosario de delitos que incluyen el abuso sexual, amenazas y la violencia de género, según surge del expediente judicial.

“Se me va la vida esperando Justicia. Me costó mucho romper las cadenas del silencio para poder denunciar lo que me pasó. Fueron años de lucha y padecimientos, tanto físicos como psicológicos, que tuve que atravesar”, contó Lucía.

Lucía y su abogada, Sofía Barbisan, realizaron una presentación para solicitar que se adelante el juicio y no tenga que esperar otros tres años.

“Me genera una angustia tremenda saber que este abusador sigue libre, viviendo una vida normal y en actividad dentro de la Armada, donde yo sufrí su violencia y también la violencia institucional. Confío plenamente en la justicia fueguina, y por ello pido a los jueces que revean esta situación“, sostuvo la ex marinera.

También dijo que solicitó la intervención del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.

“Necesito que mi caso siente un precedente dentro de las fuerzas armadas, que se termine la violencia de género y la violencia institucional. Y también quiero justicia y tranquilidad“, expresó Lucía, que sigue viviendo en Ushuaia y tiene otro empleo.

Un sueño roto

“Ingresé a la Armada en 2011 porque ser militar era un sueño y un anhelo. Yo veía los uniformes y sentía orgullo. Creía que podía servir a la Patria”, recordó.

Dos años después, comenzó el infierno. Lucía afirma que los abusos se produjeron a partir de 2013, cuando su superior, quien casi la doblaba en edad, estaba casado y tenía hijos, comenzó a acosarla sexualmente, hasta que en uno de esos hechos la encerró en un depósito y la violó. Cardozo era su jefe directo.

Otros abusos y persecuciones se habrían producido en 2014, luego de un período en el que el suboficial no estuvo destacado en Ushuaia. Según Lucía, todavía se paraliza cuando ve un uniforme militar.

“No puedo evitarlo. De hecho junté toda mi ropa castrense y la tiré a la basura. Necesito cerrar esta etapa“, concluyó.

Para entrar a la Armada, Lucía tuvo que realizar el curso en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Luego regresó a Ushuaia, donde su primer trabajo dentro de la fuerza fue el de camarera en la casa de suboficiales, a quienes les servía la comida.

La mujer comenzó denunciando los hechos ante el superior del suboficial, un militar con el grado de teniente, quien de inmediato le hizo sentir cómo sería la situación.

Tu palabra contra la de él no tiene valor. Además, la Armada te está dando trabajo, una casa, una obra social y la atención para tu hijo (que estaba siendo tratado por una enfermedad en Buenos Aires). No te conviene hacer nada“, le advirtió, según recordó Lucía en un reportaje de 2020.

Como la marinera insistía, comenzaron las “amenazas y persecuciones“: el acusado le bajó todos los conceptos de su legajo personal, por lo que al poco tiempo fue despedida como militar y reincorporada como personal civil.

En 2014, Cardozo fue trasladado a otro destino, pero al año siguiente regresó a Ushuaia y comenzó a acosarla otra vez. Fue ahí cuando la joven decidió hacer la denuncia ante la justicia.

Primero intervino la Justicia Federal, que se declaró incompetente, y después un juez provincial que no halló pruebas contra el acusado, quien fue beneficiado con dos “faltas de mérito”, hasta que el expediente quedó “en reserva” por falta de nuevas evidencias.

Lucía cambió de abogado y logró que la Cámara de Apelaciones apartara al juez y designara a una jueza, María Cristina Barrionuevo, que le dio un nuevo enfoque a la investigación.

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Autorizan la inscripción de semillas de cannabis para su uso medicinal

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Desde el Gobierno destacan que la medida permite avanzar en el “cultivo ordenado y controlado” para tratamientos y evitar “el mercado ilegal”.

El Gobierno anunció que permitirá la inscripción de semillas de la especie Cannabis sativa L. para su uso medicinal. El anuncio fue rubricado por los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Los funcionarios nacionales resaltaron que la medida permite avanzar en el “cultivo ordenado y controlado” de cannabis para tratamientos y evitar “el mercado ilegal”.

“Hasta el momento, para los proyectos de investigación y cultivo de cannabis medicinal había que importar semillas. Esto se debía a que las semillas autóctonas con las que contaban las universidades locales no se podían registrar en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)”, explica a Clarín el coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis, Marcelo Morante.

A partir de esta resolución, el INASE “va a poder realizar un seguimiento en relación a la calidad de la materia prima”, agrega. Según Morante, “se trata de acciones concretas para mejorar el acceso a un producto seguro y de origen conocido”.

La resolución de ambos ministerios especifica que estas semillas se usarán asimismo para la investigación en el Registro Nacional de Cultivares y/o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.

“Es un paso más en el desarrollo de herramientas tendientes a facilitar el acceso a la planta de cannabis y sus derivados como tratamiento“, expresaron los ministros.

El documento fue firmado también por el presidente del INASE, Joaquín Serrano.

“La resolución posibilitará avanzar en la estandarización de las genéticas obtenidas y someterlas a certificaciones nacionales para su utilización como insumos en la producción de cultivos controlados, lo cual tendrá efectos en la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal, además de evitar el mercado ilegal”, destaca el comunicado oficial.

Al respecto, la ministra Vizzotti aseguró que el Estado “cambió su mirada” y que con esta medida están “contribuyendo a solucionarle la vida a un número de familias que tiene una problemática de salud”.

Añadió: “Darles un camino legal es algo que era nuestra responsabilidad y no es menor que haya pasado a pesar de la pandemia”.

El ministro Basterra, por su parte, entendió que la resolución “permite avanzar en cultivo ordenado y controlado, para que no haya puntos débiles en la instrumentación de la producción”.

¿Cómo inscribirse?

Todos aquellos que tramiten la inscripción deberán presentar “un informe con el fundamento técnico de la inscripción en los registros del INASE, el cual tendrá carácter de declaración jurada, a los fines de verificar que la misma se encuentra dentro del marco de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario número 883/20″.

Lo deberán hacer ante el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales del Ministerio de Salud.

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