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Pese a las críticas, el Senado convertirá en ley el polémico proyecto sobre teletrabajo

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Será uno de los temas que se debatirán en la sesión virtual de esta tarde y se espera que sea aprobado por el Frente de Todos, que tiene una amplia mayoría. La iniciativa fija derechos y obligaciones para quienes desarrollen el trabajo remoto. Qué objeta el sector empleador

El proyecto de regulación del teletrabajo será convertido hoy en ley durante una sesión virtual del Senado. La amplia mayoría de los senadores del Frente de Todos permitirá que la iniciativa apoyada por el sindicalismo y criticada por el empresariado sea sancionada, pero entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio, como figura en el último artículo de la norma.

El texto que fija derechos y obligaciones para quienes desarrollen el trabajo remoto obtuvo dictamen favorable el jueves pasado con el aval del oficialismo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se negó a introducir modificaciones y ratificó el proyecto que había sido aprobado el 25 de junio por la Cámara de Diputados, con 214 votos a favor, uno negativo y 29 abstenciones.

El Interbloque de Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría en el que figuran cambios pedidos por el sector empleador y que fue firmado por los senadores María Belén Tapia, Julio Cobos, Silvia Giacoppo, Gladys González, Laura Rodríguez Machado y Guadalupe Tagliaferri.

Durante la sesión virtual, que comenzará a las 14 y será presidida por Cristina Kirchner, también se debatirá el proyecto de ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Argentina, una iniciativa que es esperada por el presidente Alberto Fernández para avanzar en la reestructuración.

Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo del SenadoDaniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado

El proyecto sobre teletrabajo establece la desconexión digital, la voluntariedad, la reversibilidad, la jornada laboral, la tarea de cuidados, la provisión de elementos de trabajo y la compensación de gastos. También contempla el control de higiene y seguridad, los derechos sindicales, el derecho a la intimidad y la preservación de la información laboral, entre otros puntos.

De acuerdo con la iniciativa que debatirá el Senado, los teletrabajadores tendrán los mismos derechos (salarios, licencias y vacaciones) que quienes cumplen sus tareas en forma presencial

El artículo referido al derecho a la desconexión digital afirma que el teletrabajador “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y prohíbe que el empleador se comunique con el trabajador fuera de la jornada laboral.

En otro punto del proyecto, sobre las tareas de cuidado, establece que quienes trabajen en forma remota y “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de menores de 14 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”. Igual permite que “las pautas específicas” de este derecho se pacten en los convenios colectivos.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA, opinó sobre el teletrabajo ante la Comisión de Trabajo del Senado Daniel Funes de Rioja, de la UIA, opinó sobre el teletrabajo ante la Comisión de Trabajo del Senado

En la iniciativa también figura la voluntariedad, que contempla que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

Otro aspecto polémico del proyecto es la reversibilidad, que permite que “el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación”. “En tal caso -dice-, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”.

El texto también fija la obligación por parte de las empresas de brindar el equipamiento (hardware y software), las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el trabajo a distancia, mientras que la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo “operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y quedará exenta del Impuesto a las Ganancias.

Contempla, además, que la jornada laboral “debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”, y establece que los teletrabajadores gozarán de “los mismos derechos y obligaciones” que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial.

“Coincidimos en el espíritu del proyecto, pero no en la forma”, advirtió Brenda Puig, de IDEA“Coincidimos en el espíritu del proyecto, pero no en la forma”, advirtió Brenda Puig, de IDEA

La iniciativa delega en el empleador la garantía de protección de la información laboral y le impide “hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad” y hay dos artículos que garantizan que los derechos sindicales de quienes ejercen el teletrabajo serán iguales a los que se desempeñan en la modalidad presencial.

Se dispone, por otra parte, que “los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio”.

También se establece en el proyecto aprobado que “la autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo” y se advierte que “el control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical”.

La iniciativa contempla “las prestaciones transnacionales de teletrabajo”: allí “se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”. Agrega que “en caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación” y que “los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”.

Para Luis Galeazzi, de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo"Para Luis Galeazzi, de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo”

Por último, se dispone que la ley entrará en vigor 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio y obliga a las empresas que desarrollen el teletrabajo a registrarse en el Ministerio de Trabajo, “acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. Y prevé que “esa información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.

Críticas de los empresarios

En la última reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el jueves pasado, pudieron opinar sobre el proyecto diversas entidades empresariales, que coincidieron en pedir modificaciones al texto aprobado en Diputados porque así como estaba redactado podría desalentar el teletrabajo en la Argentina y podría favorecer a la industria del juicio.

Uno de los que habló fue Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, quien planteó sus críticas a algunos artículos del proyecto, como el que prohíbe al empleador comunicarse con los empleados fuera del horario de trabajo, punto que consideró “impracticable” porque “debería acordarse en el marco de los convenios colectivos”. También objetó el que se refiere a la reversibilidad porque “la relación laboral es de confianza y credibilidad” y la posibilidad de revocar el teletrabajo “debería ser común” tanto para el empleado como para el trabajador.

Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de IDEA, destacó que “coincidimos en el espíritu, pero no en la forma” en que están redactados varios artículos, entre los que mencionó también el de la reversibilidad: “No es razonable que sea unilateral, sin preaviso ni adecuación consensuada ni plazo de adecuación”. Con respecto a los gastos por el teletrabajo, a cargo del empleador, aseguró que “es muy relevante aclarar que la provisión (de herramientas de trabajo) sea no remunerativa”.

El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el cotitular de la CGT Héctor Daer apoyaron el proyecto de teletrabajoEl líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el cotitular de la CGT Héctor Daer apoyaron el proyecto de teletrabajo

Para Luis Galeazzi, presidente de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo justo cuando se necesitan más empleos” y criticó, entre otros artículos, el referido a la reversibilidad: “El INVAP produce reactores nucleares que se exportan a Turquía, Holanda y Australia, y eso implica que hay equipos que viajan de Río Negro a esos países –ejemplificó–. ¿Qué pasa si en Turquía un empleado pide volver a trabajar a Bariloche? Eso debe ser de común acuerdo, no que sea unilateral”. También cuestionó que el proyecto “discrimine el trabajo extranjero cuando exportamos teletrabajo al mundo porque ese rubro es la tercera fuente de exportación argentina”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones de ADEPAPablo Deluca, indicó que “más del 80% de los empleos periodísticos hacen teletrabajo en este momento de crisis, sin inconvenientes y con una productividad muy buena” y le apuntó al artículo sobre la reversibilidad porque “en la práctica se hace inviable en la aplicación con fluidez y flexibilidad”, ya que “es complicado para las empresas porque implica duplicar costos en términos de cantidad de gente que ha decidido el teletrabajo respecto de guardar esa posición por si decidiera volver a hacerlo de manera presencial”.

La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto para regular el teletrabajoLa Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto para regular el teletrabajo

Otras entidades que habían podido hablar ante los diputados también expresaron sus reparos sobre el proyecto. El coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Esteban Mancuso, había advertido a Infobae que el proyecto oficial “podría favorecer la industria del juicio” porque la iniciativa “deja muchas lagunas legales”, mientras que el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo, sostuvo que “con una ley rígida” sobre teletrabajo los profesionales argentinos podrían elegir trabajar para empresas extranjeras y si eso sucediera, estimó que la Argentina podría perder unos 12.000 millones de pesos de recaudación anual.

La Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC), que representa a 30 empresas distribuidas en 11 provincias argentinas, le solicitó al presidente Fernández que, en caso de que el Senado convierta en ley el proyecto, “utilice la facultad que le otorga la Constitución Nacional para vetar la ley” al considerar que, “contrariamente a su objetivo, perjudicará e incluso desincentivará el real desarrollo de la modalidad de teletrabajo y la generación de empleo a nivel federal”.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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Alberto Fernández y López Obrador se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, fijaron una estrategia común frente al COVID-19 y cuestionaron a la OEA

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Los presidentes de Argentina y México firmaron una declaración conjunta que ratifica la voluntad política de actuar juntos en América Latina con una agenda abierta vincula a la pandemia y al rol de la Organización de Estados Americanos en los procesos electorales

(Enviado especial – Ciudad de México) Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordaron fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países con una agenda común que incluye la economía post pandemia, la necesidad de acceder sin trabas a las vacunas contra el COVID-19 y la pretensión geopolítica de modificar el sentido de las misiones electorales que envía la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este sentido, a través de un documento que firmaron ambos, Alberto Fernández y AMLO “acordaron hacer frente común para atender la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos en la etapa post-pandemia, con la finalidad de mejorar las condiciones de las sociedades de ambos países y de la región en su conjunto”.

Desde esta perspectiva, el jefe de estado argentino y su par mexicano eligieron el G20 para proponer un nuevo sistema global tras los efectos devastadores sobre la economía y las instituciones causadas por el COVID-19.

El documento bilateral destaca además que “el papel del Grupo de los Veinte (G20) en la construcción de consensos globales en este sentido, y convinieron mantener y profundizar los esfuerzos que ambos gobiernos realizan de manera coordinada para impulsar un enfoque basado en la solidaridad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, en todos los temas de interés común en la agenda de este mecanismo”.

Durante la conferencia de prensa que compartieron, y a continuación en el desayuno de trabajo, Alberto Fernández y AMLO coincidieron en cuestionar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19 ejecutado por las potencias centrales. Los dos presidentes consideran que el acaparamiento profundiza las asimetrías entre países ricos y países pobres y acordaron actuar en conjunto en Naciones Unidas.

A partir de esta estrategia diplomática, el documento conjunto sostiene que Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que hoy, más que nunca, la pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de mantener a América Latina y el Caribe, fuerte, unida y solidaria, donde ningún país de la región quede excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos. Con este fin, continuarán colaborando estrechamente para que la región logre la autosuficiencia en la producción de vacunas y que éstas sean consideradas como bienes comunes globales, así como sus patentes”.

Al margen del trabajo conjunto en los organismos multilaterales para lograr un acceso directo a las vacunas y proponer un cambio de reglas en la gobernanza global, Alberto Fernández y AMLO ratificaron su voluntad de profundizar la relación bilateral en todos sus andariveles.

El acuerdo firmado hace instantes entre los dos mandatarios reconoce “el potencial de la relación económica entre la Argentina y México y coincidieron en la necesidad de incrementar las inversiones recíprocas, la diversificación e intensificación del comercio bilateral, tanto para productos primarios como manufacturas agropecuarias, industriales y servicios, así como también a partir de la promoción de asociaciones estratégicas entre empresarios argentinos y mexicanos, como por ejemplo en la economía del conocimiento, con miras a seguir construyendo un vínculo maduro entre los sectores productivos de ambas naciones”.

Hacia el final del documento conjunto, Alberto Fernández y López Obrador analizaron la actual situación de la OEA. Ambos jefes de Estado ratificaron el valor geopolítico de este foro regional, pero plantearon un cambio de lógica al momento de enviar misiones de observación de los comicios en América Latina.

Alberto Fernández está convencido de que Luis Almagro, secretario General de la OEA, envió una misión en las penúltimas elecciones de Bolivia para perjudicar a Evo Morales, y ese cuestionamiento se puede observar en el último párrafo del documento bilateral.

Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que las Misiones de Observación Electoral de la OEA deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos, así como fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral. Los mandatarios pusieron de relieve el peligro de que estas misiones extralimiten sus facultades y alcances, y evitar que se repita lo ocurrido en Bolivia en 2019. Asimismo, acordaron seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que éste culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”, sostiene el documento.

La firma de este comunicado bilateral fue la última actividad oficial de Alberto Fernández en México. Cerca de las once de la noche de Argentina (tres horas menos en México), el presidente abordará un avión privado que lo llevará sin escalas a Yapeyú, en la provincia de Corrientes, adonde retomará su agenda local.

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