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Pese a las críticas, el Senado convertirá en ley el polémico proyecto sobre teletrabajo

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Será uno de los temas que se debatirán en la sesión virtual de esta tarde y se espera que sea aprobado por el Frente de Todos, que tiene una amplia mayoría. La iniciativa fija derechos y obligaciones para quienes desarrollen el trabajo remoto. Qué objeta el sector empleador

El proyecto de regulación del teletrabajo será convertido hoy en ley durante una sesión virtual del Senado. La amplia mayoría de los senadores del Frente de Todos permitirá que la iniciativa apoyada por el sindicalismo y criticada por el empresariado sea sancionada, pero entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio, como figura en el último artículo de la norma.

El texto que fija derechos y obligaciones para quienes desarrollen el trabajo remoto obtuvo dictamen favorable el jueves pasado con el aval del oficialismo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se negó a introducir modificaciones y ratificó el proyecto que había sido aprobado el 25 de junio por la Cámara de Diputados, con 214 votos a favor, uno negativo y 29 abstenciones.

El Interbloque de Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría en el que figuran cambios pedidos por el sector empleador y que fue firmado por los senadores María Belén Tapia, Julio Cobos, Silvia Giacoppo, Gladys González, Laura Rodríguez Machado y Guadalupe Tagliaferri.

Durante la sesión virtual, que comenzará a las 14 y será presidida por Cristina Kirchner, también se debatirá el proyecto de ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Argentina, una iniciativa que es esperada por el presidente Alberto Fernández para avanzar en la reestructuración.

Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo del SenadoDaniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado

El proyecto sobre teletrabajo establece la desconexión digital, la voluntariedad, la reversibilidad, la jornada laboral, la tarea de cuidados, la provisión de elementos de trabajo y la compensación de gastos. También contempla el control de higiene y seguridad, los derechos sindicales, el derecho a la intimidad y la preservación de la información laboral, entre otros puntos.

De acuerdo con la iniciativa que debatirá el Senado, los teletrabajadores tendrán los mismos derechos (salarios, licencias y vacaciones) que quienes cumplen sus tareas en forma presencial

El artículo referido al derecho a la desconexión digital afirma que el teletrabajador “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y prohíbe que el empleador se comunique con el trabajador fuera de la jornada laboral.

En otro punto del proyecto, sobre las tareas de cuidado, establece que quienes trabajen en forma remota y “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de menores de 14 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”. Igual permite que “las pautas específicas” de este derecho se pacten en los convenios colectivos.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA, opinó sobre el teletrabajo ante la Comisión de Trabajo del Senado Daniel Funes de Rioja, de la UIA, opinó sobre el teletrabajo ante la Comisión de Trabajo del Senado

En la iniciativa también figura la voluntariedad, que contempla que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

Otro aspecto polémico del proyecto es la reversibilidad, que permite que “el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación”. “En tal caso -dice-, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”.

El texto también fija la obligación por parte de las empresas de brindar el equipamiento (hardware y software), las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el trabajo a distancia, mientras que la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo “operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y quedará exenta del Impuesto a las Ganancias.

Contempla, además, que la jornada laboral “debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”, y establece que los teletrabajadores gozarán de “los mismos derechos y obligaciones” que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial.

“Coincidimos en el espíritu del proyecto, pero no en la forma”, advirtió Brenda Puig, de IDEA“Coincidimos en el espíritu del proyecto, pero no en la forma”, advirtió Brenda Puig, de IDEA

La iniciativa delega en el empleador la garantía de protección de la información laboral y le impide “hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad” y hay dos artículos que garantizan que los derechos sindicales de quienes ejercen el teletrabajo serán iguales a los que se desempeñan en la modalidad presencial.

Se dispone, por otra parte, que “los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio”.

También se establece en el proyecto aprobado que “la autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo” y se advierte que “el control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical”.

La iniciativa contempla “las prestaciones transnacionales de teletrabajo”: allí “se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”. Agrega que “en caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación” y que “los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”.

Para Luis Galeazzi, de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo"Para Luis Galeazzi, de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo”

Por último, se dispone que la ley entrará en vigor 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio y obliga a las empresas que desarrollen el teletrabajo a registrarse en el Ministerio de Trabajo, “acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. Y prevé que “esa información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.

Críticas de los empresarios

En la última reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el jueves pasado, pudieron opinar sobre el proyecto diversas entidades empresariales, que coincidieron en pedir modificaciones al texto aprobado en Diputados porque así como estaba redactado podría desalentar el teletrabajo en la Argentina y podría favorecer a la industria del juicio.

Uno de los que habló fue Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, quien planteó sus críticas a algunos artículos del proyecto, como el que prohíbe al empleador comunicarse con los empleados fuera del horario de trabajo, punto que consideró “impracticable” porque “debería acordarse en el marco de los convenios colectivos”. También objetó el que se refiere a la reversibilidad porque “la relación laboral es de confianza y credibilidad” y la posibilidad de revocar el teletrabajo “debería ser común” tanto para el empleado como para el trabajador.

Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de IDEA, destacó que “coincidimos en el espíritu, pero no en la forma” en que están redactados varios artículos, entre los que mencionó también el de la reversibilidad: “No es razonable que sea unilateral, sin preaviso ni adecuación consensuada ni plazo de adecuación”. Con respecto a los gastos por el teletrabajo, a cargo del empleador, aseguró que “es muy relevante aclarar que la provisión (de herramientas de trabajo) sea no remunerativa”.

El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el cotitular de la CGT Héctor Daer apoyaron el proyecto de teletrabajoEl líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el cotitular de la CGT Héctor Daer apoyaron el proyecto de teletrabajo

Para Luis Galeazzi, presidente de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo justo cuando se necesitan más empleos” y criticó, entre otros artículos, el referido a la reversibilidad: “El INVAP produce reactores nucleares que se exportan a Turquía, Holanda y Australia, y eso implica que hay equipos que viajan de Río Negro a esos países –ejemplificó–. ¿Qué pasa si en Turquía un empleado pide volver a trabajar a Bariloche? Eso debe ser de común acuerdo, no que sea unilateral”. También cuestionó que el proyecto “discrimine el trabajo extranjero cuando exportamos teletrabajo al mundo porque ese rubro es la tercera fuente de exportación argentina”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones de ADEPAPablo Deluca, indicó que “más del 80% de los empleos periodísticos hacen teletrabajo en este momento de crisis, sin inconvenientes y con una productividad muy buena” y le apuntó al artículo sobre la reversibilidad porque “en la práctica se hace inviable en la aplicación con fluidez y flexibilidad”, ya que “es complicado para las empresas porque implica duplicar costos en términos de cantidad de gente que ha decidido el teletrabajo respecto de guardar esa posición por si decidiera volver a hacerlo de manera presencial”.

La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto para regular el teletrabajoLa Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto para regular el teletrabajo

Otras entidades que habían podido hablar ante los diputados también expresaron sus reparos sobre el proyecto. El coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Esteban Mancuso, había advertido a Infobae que el proyecto oficial “podría favorecer la industria del juicio” porque la iniciativa “deja muchas lagunas legales”, mientras que el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo, sostuvo que “con una ley rígida” sobre teletrabajo los profesionales argentinos podrían elegir trabajar para empresas extranjeras y si eso sucediera, estimó que la Argentina podría perder unos 12.000 millones de pesos de recaudación anual.

La Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC), que representa a 30 empresas distribuidas en 11 provincias argentinas, le solicitó al presidente Fernández que, en caso de que el Senado convierta en ley el proyecto, “utilice la facultad que le otorga la Constitución Nacional para vetar la ley” al considerar que, “contrariamente a su objetivo, perjudicará e incluso desincentivará el real desarrollo de la modalidad de teletrabajo y la generación de empleo a nivel federal”.

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Arde la interna sindical: Héctor Daer, cotitular de la CGT, criticó a los Moyano por el bloqueo a Mercado Libre

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Dijo que “no se puede generar un pleito de encuadramiento por los hechos porque para algo están la Justicia y las normas”. Pablo Moyano respondió que “esas críticas carecen de toda moral” y le recordó que “la CGT convino la reducción del 25% en los sueldos”

Es como el Boca-River del sindicalismo peronista. El Sindicato de Sanidad vs. el de Camioneros. Carlos West Ocampo y Héctor Daer vs. Hugo y Pablo Moyano. Las diferencias vienen desde los años noventa, pero recrudecieron en los últimos tiempos, sobre todo desde que el hijo de Moyano renunció a la CGT en 2018 por estar en desacuerdo con la postura ante el gobierno de Mauricio Macri del triunvirato que manejaba la central obrera, uno de los cuales era precisamente Daer.

Volvieron a enfrentarse en marzo por el acuerdo marco firmado por la CGT y la UIA que habilitaba las suspensiones del personal sin tareas con el pago del 75% del salario neto. Y en las últimas horas el conflicto estalló nuevamente luego de que Daer cuestionó a los Moyano por los bloqueos a Mercado Libre: “Creo que hay que ser respetuosos de las organizaciones sindicales. El convenio colectivo lo tiene firmado el gremio de Carga y Descarga” , dijo el líder cegetista a la FM Futurock.

Destacó que “no se puede generar un pleito de encuadramiento por los hechos porque para algo están la Justicia y las normas”, y sostuvo que “bajo ningún punto de vista el pleito de Mercado Libre se puede resolver con un bloqueo”.

Para Daer, “no se trata de cuál es el gremio que tiene mejor salario, sino estaríamos todos encuadrados en el convenio de pilotos de avión”. Y agregó: “Cuando uno ve un video que los compañeros tienen que salir amedrentados por otros compañeros, no es bueno y menos en estos momentos en los que tenemos que transitar otros mecanismos de solución”.

Daer y Moyano, juntos en el Senado por la modificación del Impuesto a las Ganancias, en 2016Daer y Moyano, juntos en el Senado por la modificación del Impuesto a las Ganancias, en 2016

El cotititular de la CGT no sólo hizo estas duras declaraciones sino que también lo llamó al titular del sindicato de Carga y Descarga, Daniel Vila, para expresarle su solidaridad por el bloque camionero y compartir sus quejas contra los Moyano.

Pocas horas después llegó la respuesta de Pablo Moyano: “Esas críticas (de Daer) no tienen fundamento y carecen de toda moral y de ética. Camioneros defiende de forma constante el salario, los derechos y los puestos de trabajo, a contramano de la CGT que, en plena pandemia de coronavirus, convino la reducción de los haberes en un 25%”.

Según el secretario adjunto de Camioneros, “el acuerdo de reducción de los salarios y la cuotificación del aguinaldo reflejó la ausencia de respeto a todos los trabajadores, quienes a diario arriesgan su salud en plena pandemia”.

Por eso le pidió a Daer “no entrometerse” en el conflicto de “esa compañía millonaria, que sólo piensa en sus ganancias a costa del personal” y sostuvo que “el conflicto camionero con Mercado Libre se fundamenta en la defensa y dignidad de miles de familias explotadas por empresarios millonarios que abonan limosnas a los trabajadores”.

Los hermanos Rodolfo y Héctor Daer rodean a Alberto Fernández, en su visita a la CGT de noviembre de 2019Los hermanos Rodolfo y Héctor Daer rodean a Alberto Fernández, en su visita a la CGT de noviembre de 2019

Pablo Moyano también criticó la videollamada de la CGT y la Asociación Empresaria Argentina (AEA): “Hoy, hablar con esos empresarios que son los que permanentemente alientan a la rebaja salarial y la reforma laboral no creo que ayude, estos tipos se fugan la guita; hay que hablar con el empresariado nacional que es el que va a invertir en el país”, dijo a al sitio iProfesional.

Más allá de estos cruces, Héctor Daer y Pablo Moyano son hoy los probables candidatos que competirán para conducir la CGT cuando se renueven las autoridades. El mandato de la actual conducción vencerá en agosto próximo, pero por la pandemia todas las elecciones sindicales fueron postergadas hasta 2021. El congreso cegetista podría realizarse en marzo próximo.

Daer, muy cercano al presidente Alberto Fernández, tiene actualmente el apoyo en la CGT de su colega de “los Gordos” Armando Cavalieri, de Comercio, y de los Independientes (Gerardo Martínez, de la UOCRA; Andrés Rodríguez, de UPCN, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias), más algunos dirigentes autónomos como Antonio Caló, de la UOM.

Moyano es respaldado por dirigentes K y sindicalistas de la Corriente Federal, como Sergio Palazzo, de bancarios, y Pablo Biró, de pilotos, además de representantes de su propio sector como Omar Plaini, de canillitas, y Raúl Durdos, del SOMU.

Alberto Fernández y los MoyanoAlberto Fernández y los Moyano

La rivalidad entre Sanidad y Camioneros comenzó en los años noventa, cuando “los Gordos” apostaron a la figura de Carlos Menem, apoyaron las privatizaciones y delinearon un modelo “empresarial” de gremialismo que incluyó la incursión en los negocios de las AFJP, pero la mala relación se profundizó desde 2003, cuando Moyano fue el principal socio sindical de Néstor Kirchner y logró ventajas políticas y económicas a expensas (y en desmedro) de sus colegas.

Durante el primer gobierno kirchnerista, Moyano empezó a “robarles” afiliados a otros sindicatos en conflictos de encuadramiento como los que hoy mantiene con Carga y Descarga en Mercado Libre. En aquellos años sufrieron el hostigamiento camionero sindicatos como Comercio, Alimentación, Aguas Gaseosas y Tintorero: Moyano reclamaba que pasaran los afiliados a su gremio y también hacía bloqueos a las empresas como elemento de presión.

El círculo se cerraba cuando los conflictos llegaban al Ministerio de Trabajo, ya que durante la gestión de Carlos Tomada toda pelea intersindical por encuadramiento se resolvía casi automáticamente en favor de Moyano.

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En medio de la discusión por la moratoria que podría beneficiar a Cristóbal López, se reactivó la quiebra de Oil Combustibles

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La jueza comercial Valeria Pérez Casado ordenó distribuir entre los acreedores de la petrolera quebrada bienes y efectivo por 100 millones de dólares.

Sin esperar el tratamiento del proyecto de moratoria fiscal en el Congreso, y planteando que no se sabe si podrá llegar a un acuerdo con el fisco para afrontar la multimillonaria deuda en cuotas, la justicia en lo civil y comercial decidió hace pocos días reactivar la quiebra de Oil Combustibles SA, la petrolera de Cristóbal López, y así liquidar todos sus activos. Pese a que el empresario K había pedido que este proceso se suspenda, se avanzará en la distribución entre los acreedores de los bienes que aún le quedan a la petrolera y los fondos ingresados a la cuenta judicial. Son 100 millones de dólares, y el principal acreedor es el fisco.

La titular del juzgado comercial 5, Valeria Pérez Casado, considera que el proceso de quiebra debe avanzar, es decir que hay que liquidar todos los activos de la compañía para hacer frente al pago de los acreedores, entre los cuales la AFIP es el principal. De esta manera, Oil Combustibles no tendrá ninguna posibilidad de lograr el levantamiento del proceso de quiebra, como buscaban sus dueños.

En la resolución a la que accedió Clarín, la magistrada sostiene que se continuará con “el trámite de la distribución” de los activos a favor de los acreedores. La medida se adoptó después de haber suspendido dicha instancia por unos meses a pedido de la defensa de Cristóbal López. Tal requerimiento se formuló por dos motivos: la empresa buscaba llegar a un acuerdo con su principal acreedor, la AFIP  ya que en el caso de concursados y quebrados que están procesados penalmente el fisco sólo puede ofrecer 12 cuotas. En la época de Ricardo Echegaray, estaba directamente vedada toda posibilidad de acceder a planes en esas circunstancias.

Si Cristóbal López lograba levantar la quiebra, podía obtener el beneficio de un plan de pagos y salvar la compañía. Aquel el plan de doce cuotas es una oferta que en el estado actual de la petrolera, no resulta conveniente. 

En el expediente, a este proceso para levantar la quiebra se denomina “por avenimiento”, que en otras palabras significa que se logró un consenso de las partes sobre otra modalidad de pago para no llegar a la liquidación de la empresa. Fue la alternativa en la que insistió Oil.

Sucede que pese a que ya se había dictaminado la quiebra de la petrolera, aún existe un margen para que la empresa acuerde con sus acreedores quitas y planes de financiación que luego pueden presentarse ante la Justicia para frenar la liquidación de la empresa. En el caso de Oil, el levantamiento de su quiebra requiere el consentimiento de todos los acreedores, pero el 90% de la deuda es con la AFIP, que por ley no puede dar quitas. Sólo podría ofrecer un plan de pago, como el régimen de doce cuotas que en su momento aceptó brindar Abad.

La oposición en el Congreso presentó una nota que detalla la deuda de Oil, señalando que la firma “ha manifestando su voluntad de acogerse a un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias verificadas en el concurso (6.739.449.633 pesos), en la quiebra (1.507.702.128 pesos) y pendientes de resolución (3.548.496.183 pesos)”. 

Sin un plazo para aquello se acuerde, la juez resolvió: “Resulta pertinente continuar con el trámite de la distribución (…)Sin que quepa seguir esperando ni al resultado del trámite de avenimiento, ni a la adhesión a una moratoria que hasta la fecha, no constituye más que un proyecto de ley (…) Máxime cuando en el caso no ha mediado suspensión de la distribución, y, las sumas se encuentran depositadas aguardando la aprobación del proyecto y el reparto, que beneficiará a todos los acreedores y que a nadie perjudicará, en tanto se han efectuado las reservas del caso, entre las que está la del organismo fiscal”. A otro tema.

Hay otra instancia a la que apelaban los abogados de Oil Combustibles como vía para evitar la quiebra: el proyecto de Ley de Moratoria que el gobierno envió al Congreso. Ese texto pretende modificar, entre otros, el artículo 16 de la ley vigente, según la cual quedan excluidos de cualquier moratoria las empresas “declaradas en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación”.

Recordemos, la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa está en proceso de quiebra desde junio de 2018. Su principal acreedor es la AFIP. La firma fue denunciada durante la gestión de Alberto Abad por no haber pagado durante el gobierno de Cristina Kirchner el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que se retenía a los usuarios de las estaciones de servicio de Oil. En el fuero federal se denunció un supuesto fraude al Estado por 8.000 millones de pesos. López sostiene que no adeuda más de 600 millones. 

Para Oil además habría otro beneficio puntual, pues el proyecto del oficialismo también modifica el artículo octavo, que impedía incluir en la moratoria deuda por el ITC. Si se aprueba, eso sí se podrá incluir, y aunque Oil ya no está operativa porque sus principales activos se remataron en el marco del concurso, “la deuda generada con el fisco es por ese impuesto puntualmente”, indicó una fuente del expediente.

Así, el proyecto le abre una posibilidad, porque a aquel artículo le incorpora una excepción: podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas o empresas que estén en proceso de quiebra, y para ellos impone requisitos que son excluyentes. Oil podría ingresar provisoriamente a una eventual moratoria, si lograra concluir su quiebra en un plazo de 90. Para hacerlo, requiere de la conformidad de al menos dos tercios de sus acreedores. En el caso de Oil, el principal damnificado es la propia AFIP.

Pero la jueza en lo Civil y Comercial, consideró que esto por ahora es un proyecto y que debe avanzar en la liquidación de la compañía, con lo cual la quiebra por el momento no se levantará. Sólo podría ocurrir en caso de que el proyecto se convierta en ley velozmente y así pueda acogerse a la moratoria Oil.

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Persecución al Grupo Indalo: Macri no quiere rendir cuentas ante la Justicia

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Presentó un inédito planteo en el que “apela” el peritaje que ordenó la jueza Servini y que busca impedir que se realice un exhaustivo entrecruzamiento con los miembros de la Mesa Judicial M, en fechas clave. Sostuvo que invade su intimidad y vulnera “seguridad Nacional”. Pretende que quede en suspenso hasta que defina la Cámara. Será rechazado por improcedente, ya que equivocó cómo formular el planteo.

El expresidente Mauricio Macri se presentó, sorpresivamente, en la causa judicial que lo investiga como cabeza de una asociación ilícita destinada a acorralar al Grupo Indalo y apeló la decisión de la jueza María Servini de ordenar un entrecruzamiento de llamados respecto de sus teléfonos y los de integrantes de la denominada “Mesa Judicial M” en fechas clave, entre 2016 y 2019. El inédito planteo formulado a través del abogado Pablo Lanusse aspira a bloquear la decisión de la magistrada que dispuso, en el marco de medidas de prueba en la causa, que la Dajudeco realice un cruce de comunicaciones con el objetivo de probar si existieron posibles presiones para torcer decisiones administrativas y judiciales en el marco de la causa Oil Combustibles.

En duros términos contra la magistrada, Macri busca con su intervención dejar en suspenso el peritaje y que sea la Cámara Federal la que tome control de la investigación, algo que no es posible realizar, atento a que Servini tiene a su cargo la recolección de pruebas. El curioso planteo parece querer obturar una de las líneas de investigación respecto a si había un patrón de contactos entre los miembros del Gobierno que den a entender coordinación específica para influir en la trama a nivel político. Macri las calificó de “excursión de pesca”, con el objetivo de lograr que se suspendan y frenen los peritajes. Las medidas de prueba son irrecurribles por el artículo 199 del Código Procesal, pero ante la segura negativa, Macri irá por la vía de la nulidad, algo que tampoco puede “suspender” el peritaje porque una nulidad tramita en un incidente separado que deberá ser analizado por la Cámara. Esa es la estrategia de fondo del expresidente.

Con cuestionamientos a la causa y a la acusación que lo tienen como imputado, Macri pidió acceso a documentación reservada de la causa y calificó lo dispuesto por Servini el 6 de julio pasado como “arbitrario” y “exorbitante”. El argumento con el que pretende que la jueza frene el peritaje se basa en que “lo dispuesto carece de fundamentación, y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, razonabilidad, dignidad humana”, indicó. Pero agregó que esto “compromete la seguridad nacional y cuestiones de Estado, por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”.

Servini había pedido que se crucen los teléfonos de Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, y de los exAFIP Alberto Abad, y Leandro Cuccioli, en el marco de la causa “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”. Así también como de los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner, que aparecieron como eventuales compradores de los activos del Grupo Indalo y serían cercanos a los miembros del Gobierno de Cambiemos.

La jueza pidió que además de los cruces, en fechas clave entre 2016 y 2019, se realice la detección de la activación de las antenas de telefonía celular para determinar las ubicaciones de Macri y el resto de los investigados por la ubicación de las celdas. “Deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”, señaló la magistrada en la orden que cursó a la Dajudeco. Macri dijo que no fue notificado y que todo esto le causaría “perjuicios irreparables” por la fundamentación “meramente aparente, vaga e imprecisa”. Servini las fundó en que “las diligencias aquí ordenadas permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”.

La causa que tenía impulso del fiscal Guillermo Marijuan apuntaba a demostrar la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri – o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.

Para el exmandatario, Servini ordenó una “medida invasiva, exorbitante y desproporcionada en la más absoluta ceguera y con la esperanza de que al final del camino ´algo aparezca´”. Macri cuestionó además que Servini no haya tenido en cuenta que fue Presidente y que el cruce de llamados “aniquila su privacidad”, respecto de las 28 fechas indicadas en la decisión de la jueza. Macri cuestionó todo el peritaje: la ubicación geográfica de sus teléfonos; la identificación de usuarios y llamados frecuentes y no frecuentes y todo el análisis de contactos que pidió la justicia.

Si Servini no retrocede, anunció que llevará el caso hasta la Corte Suprema.

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