En la presentación de su libro Sinceramente, en La Habana, Cristina Fernández de Kirchner le agradeció a los médicos y al gobierno de Cuba porque Florencia mejoró muchísimo y continuará con su tratamiento. A continuación, la hija de CFK publicó un par de fotografías donde se la veía sonriente y varios textos en los que mezcló lecturas con la mirada sobre su propia enfermedad. Ya en diciembre, el Tribunal Oral Federal 5 le había pedido al abogado de los Kirchner que presentara certificados médicos, pero sin ponerle siquiera una fecha al requerimiento, lo que demostraba que no había ningún apuro. De todas maneras, para los grandes medios, la oportunidad resultó buena para hostigar a la ex presidenta y, en este caso, presionar sobre su hija, dando a entender que el tribunal le estaba ajustando las clavijas.

El único juicio que afronta Florencia está a cargo de ese TOF 5 y consiste en la unificación de las dos causas que tienen que ver con los alquileres de hoteles y oficinas, es decir las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur. Los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Pallioti resolvieron hacer un único juicio porque en verdad originalmente era una sola causa y, por obra y gracia de Claudio Bonadío y Comodoro Py, se armaron dos expedientes paralelos. Bonadío fue echado de la causa Hotesur por irregularidades y entonces armó la causa Los Sauces para colarse por la ventana. Se produjo después la escandalosa maniobra de que procesó a toda la familia Kirchner y, tras hacerlo, se declaró incompetente.

En el caso Los Sauces –que abarca ocho pequeñas casas en Río Gallegos, alquiladas a empresas de Lázaro Báez para que alojen a su personal; tres unidades en Puerto Madero –una en la que tenía su oficina central Cristóbal López y otro en el que vivía la ex esposa de Fabián De Souza–; un hotel en El Chalten, el Aldea, el departamento en el que vive Florencia en la calle San José, en CABA y la casa de Cristina en Río Gallegos en la calle Moscariello– tanto la fiscalía, las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, así como la defensa de los Kirchner, pidió la realización de las pruebas preliminares antes del juicio. El tribunal ya aceptó mandarlas a hacer. Por ejemplo, se ordenó una pericia contable que tarda meses en terminarse, pese a que todos los alquileres fueron en blanco, declarados ante la AFIP y los cobros se ingresaron en bancos.

Pero en el caso de la sociedad Hotesur –propietaria únicamente del hotel Alto Calafate– la instrucción suplementaria todavía no se proveyó. Parece que hay un proyecto de aceptación de pruebas, pero el tribunal no se expidió aún. Y seguro que en ese caso también se ordenarán pericias que tardan meses, incluyendo otra pericia sobre los alquileres –tres años a la empresa de Lázaro Báez, Valle Mitre–, aunque igualmente todo fue hecho en blanco y bancarizado.

Si se toma en cuenta que los jueces del TOF 5 atienden hoy en día uno o dos juicios semanales, el cálculo es que no hay ninguna chance de que las audiencias por Los Sauces–Hotesur empiecen en este año. Las pericias y el resto de las pruebas difícilmente se terminen durante 2020 y están los que creen que el juicio ni siquiera empezará en 2021. El ejemplo más gráfico es el del juicio por el Plan Qunitas. La causa fue elevada a un tribunal oral en noviembre de 2016: pasaron más de tres años desde entonces sin que arranquen las audiencias ni hay fecha prevista para ese inicio, mientras que Hotesur se elevó a juicio recién en 2019, lo que hace previsible que en realidad las audiencias tampoco empiecen ni siquiera en 2021.

Ramos Padilla respondió al planteo de los tres magistrados que, de una u otra manera, quieren quedarse con partes del expediente, sometiéndolo a una especie de descuartizamiento. Pero, además, el juez de Dolores hace notar el papel de Stornelli en las tres causas: “En uno de esos casos, el doctor Stornelli aparece como parte querellante, en otro como pretenso querellante y en el restante directamente es el fiscal de la causa”, detalla Ramos Padilla.

Los tres planteos al juez de Dolores son inauditos.

Caso I

Una semana después de desatado el escándalo por la extorsión de D’Alessio al empresario Pedro Etchebest, el fiscal Stornelli se presentó a la justicia de Comodoro Py con una denuncia contra el falso abogado por defraudación. Quiso instalar que D’Alessio lo invocaba de manera fraudulenta, o sea que él era una víctima del falso letrado. Fue el camino que encontró Stornelli para llevarse la causa al edificio de Retiro, donde juega de local. El juez sorteado, Julián Ercolini, aceptó este criterio y permitió que Stornelli fuera denunciante y querellante en esa causa.

La respuesta de Ramos Padilla es durísima: “es necesario mantener siempre presente la inversión de los roles procesales: mientras en este juzgado se investigaba el rol de la AFI en los hechos, y se lo tiene a Stornelli como imputado, Ercolini ha avalado que estos mismos actores se constituyeran como querellantes”.

O sea, el juez le dice a su par que en Dolores, D’Alessio, Stornelli, la AFI y compañía están acusados de integrar una asociación ilícita, mientras que Ercolini los acepta como víctimas. Y –continúa Ramos Padilla– en Comodoro Py parecen olvidarse que actuaban en conjunto, que tenían chats, mensajes, reuniones, e incluso D’Alessio espiaba al ex marido de la esposa de Stornelli por pedido de éste último.

Ercolini argumenta que gran parte de los delitos ocurrieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que Ramos Padilla no tiene competencia. El magistrado de Dolores le reitera que la extorsión se concretó en el regreso de una reunión entre D’Alessio y Stornelli en Pinamar, es decir que en ese viaje el falso abogado le pidió a Etchebest 300.000 dólares para aliviarle una supuesta complicada situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Como se sabe, en esa causa el fiscal era Stornelli y D’Alessio le dijo que Etchebest que había arreglado todo con el fiscal en el encuentro del parador CR. Luego la banda actuó desde la zona de Ezeiza y en otro lugares, de manera que tampoco CABA fue el escenario de todo. Además, Ramos Padilla le recordó que la Cámara Federal de Mar del Plata ya lo confirmó al frente del expediente.

La conclusión es que el juez de Dolores no dejará su lugar como instructor de toda la causa, no sólo la que investiga la extorsión a Etchebest.

Caso II

El juez de Comodoro Py Sebastián Casanello le reclama a Ramos Padilla que deje de instruir el caso de la extorsión de D’Alessio a Pablo Erasmo Barreiro, un ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner. El padre de Pablo, Ricardo Barreiro, estaba detenido en la causa de las fotocopias de los Cuadernos y eso fue aprovechado por la banda de D’Alessio para “poner en pánico” al hijo haciéndole saber que también a él estaban por detenerlo. Por supuesto, invocaron la relación con Stornelli y que ellos podrían arreglar todo. Nuevamente el fiscal se ubicó como víctima, pese a que Pablo Barreiro declaró que cuando se presentó a declarar ante el propio Stornelli le advirtió que le estaban pidiendo dinero en su nombre. La declaración de Barreiro nunca apareció en la causa.

El caso exhibe la mano del camarista que forzó las detenciones de los ex funcionarios kirchneristas, Martín Irurzun. Sucede que Casanello opinó inicialmente que la causa le correspondía a Ramos Padilla, pero Stornelli y otro imputado –que luego fue abogado de Stornelli– , Carlos Liñani, apelaron lo decidido por el juez. Irurzun revocó el fallo de Casanello y virtualmente le ordenó que le reclamara la causa a Ramos Padilla.

La jugada de Irurzun también apuntaba a llevar el expediente a Comodoro Py, donde funcionó aceitadamente el juego entre algunos jueces, fiscales, camaristas, el aparato mediático y, por supuesto, la cabeza política con sede en la Casa Rosada.

Nuevamente, el juez de Dolores insistió con que no corresponde desguazar el expediente porque se trata de una única asociación ilícita que él viene investigando desde hace más de un año y en la que hay detenidos, procesados y una cantidad enorme de pruebas recolectadas.

Caso III