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Economia

Presión impositiva extrema: los operarios de Toyota prefirieron no trabajar horas extras para no pagar Ganancias

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La automotriz japonesa buscó producir un feriado y en medio de vacaciones, pero no consiguió el personal suficiente para poner en marcha su planta

Lentamente, el sector automotriz comienza a recuperar un poco del ritmo de producción que supo tener en otros tiempos. Sin embargo, la presión impositiva y las restricciones cambiarias empiezan a ponerle un freno que dificulta que comience a rodar.

El impuesto a la Ganancia que presiona sobre los salarios del sector y la falta de aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) para el ingreso de unidades fabricadas en el exterior está golpeando a una industria que aún se encuentra muy por debajo de la media en lo que se refiere al uso de la capacidad instalada y pelea por recuperar un mercado de ventas.

Como publicó Ámbito FinancieroToyota no pudo producir porque entre vacaciones y el rechazo de los empleados a sumar horas extras en el feriado por el impacto que tiene el plus salarial en Ganancias, no logró completar la planta de trabajadores necesaria para poder poner la maquinaria en marcha.

La compañía asiática, que tiene una balanza superavitaria ya que exporta alrededor del 80% de lo que produce en el país, pretendió mantener la planta activa el pasado martes feriado de carnaval. Sin embargo, no logró reunir el número de trabajadores necesarios para poner en marcha la producción.

Hilux, la pickup que exporta Toyota desde la ArgentinaHilux, la pickup que exporta Toyota desde la Argentina

Desde la empresa explican que “no solo es por el impacto del impuesto ya que hay gente de vacaciones”, pero también hicieron referencia a Ganancias al señalar que “está claro que mientras más se trabaja, más se gana y más se paga; en el sector automotriz se parte de salarios con pisos altos, por lo que rápidamente se pasa de escala”.

En el sector automotriz descartan de plano que sea un conflicto con Smata y recuerdan que hace unos años hubo un acuerdo con el sindicato para trabajar los fines de semana para cumplir con los cupos de producción que necesitaba la empresa. “No es la primera vez que le pasa y es porque los empleados entienden que, con el descuento y el esfuerzo de trabajar un feriado, pierden más de lo que ganan”, agregó.

Según la empresa, durante el 2020 la planta de la marca japonesa en la Argentina representó el 50% de las exportaciones de la industria automotriz local, con 32.724 unidades despachadas y USD 800 millones en ingreso de divisas.

Mercedes, también

En la otra punta del conflicto que vive el sector está la alemana Mercedes Benz, que asegura sufrir escasez de unidades pero, en este caso, por la falta de aprobación de importaciones. La marca tiene varadas alrededor de 700 unidades a la espera de la aprobación del Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (S.I.M.I.) por lo que lentamente se le está secando el mercado de unidades para vender.

A diferencia de Toyota, el problema de la alemana tiene que ver con la escasez de dólares y las trabas que tienen las empresas para acceder a los cupos que les permitan la importación de unidades. En general, las empresas de importados apuestan a incrementar ventas aprovechando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo porque, aunque las unidades cotizan en dólares, lo hacen al valor que fija el Banco Nación y se pagan en pesos. Por eso, quien tiene los dólares billete para comprar un auto de alta gama importado necesita cambiar menos dólares si utiliza la cotización del mercado paralelo.

Aunque Mercedes Benz fabrica en el país –tiene una planta donde hace la van Sprinter– no logra acceder al mercado cambiario para hacerse de dólares ni que la Aduana le libere las SIMI. Asegura tener unidades en los depósitos fiscales que “de estar en una concesionaria se venderían rápidamente”, aseguraron desde la empresa.

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Jubilaciones: el aumento de marzo será del 8,07% y habrá un bono extra para compensar la pérdida frente a la inflación

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El incremento será menor a la inflación, que se estima en 11% para el primer trimestre. Quiénes podrían cobrarlo y cuándo se define.

A partir de marzo el monto de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales se incrementará el 8,07% y para compensar la pérdida frente a la inflación habrá un bono extraordinario.

Así adelantaron a Clarín fuentes del Gobierno quienes agregaron que el alcance y el valor del bono serán definidos por el Presidente Alberto Fernández, entre mañana y el viernes.

Se estima que, como se aplicó el año pasado, el bono alcanzará a los que ganan la jubilación mínima o un poco más, a las pensiones no contributivas que cobran el 70% del haber mínimo y los que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En total un universo de casi 5 millones de personas.

La decisión se tomó porque, con el 8,07%, el primer aumento en base a la nueva fórmula de movilidad, que se aplicará por tres meses (marzo-mayo) tuvo un mal debut para los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales, como AUH, Asignaciones Familiares) que suman 18 millones de personas.

De todos modos, en Casa Rosada insistieron que con la fórmula del anterior Gobierno, el aumento hubiera sido más bajo, del 7,18%.

Punto más, punto menos, el aumento de las jubilaciones y pensiones sería inferior a la inflación del primer trimestre de este año, incluso estimando una inflación descendente (3,5% en febrero y 3,1% en marzo) ya que acumularía una suba de los precios del 11%, afectando a las 18 millones de personas alcanzadas por la movilidad.

Además de las jubilaciones y pensiones, el aumento comprende a las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y la fórmula de movilidad no prevé una compensación si la inflación es mayor que el incremento de los haberes.

Cuánto aumenta la jubilacion mínima​

Con el aumento del 8,07%, la jubilación mínima subirá de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la PUAM de $ 16.457.

La fórmula de movilidad no contempla ninguna compensación si los aumentos son inferiores a la inflación. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años que ronda entre el 15 y 25%, según los rangos de haberes. Pero no impide que se otorguen bonos extraordinarios, que no se integran al haber del jubilado, como pasó en 2020. Esto significa que no se consideran como base para los futuros aumentos.

El bono abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados con haberes un poco por encima de la mínima porque – argumentan en el Gobierno– son los mayores perjudicados por la inflación ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, que es el rubro que más aumentó y más incide en el IPC promedio y en el valor de la canasta básica de pobreza.

De todos modos, el resto de los jubilados y pensionados tuvieron pérdidas entre 2018 y 2020 de hasta el 25% y con el 8,07% volverán a perder frente a la inflación.

En el caso de la AUH, en el Gobierno argumentan que los padres y madres con hijos menores de 6 años- tienen una compensación por el aumento de la tarjeta Alimentar que, desde este mes, pasó de $ 4.000 a $ 6.000 por hijo y de $ 6.000 a $ 9.000 con 2 o más hijos.

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Más cambios en Ganancias: no pagarían aguinaldo, horas extras y viáticos y estudian beneficiar a los Autónomos

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Sergio Massa adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto. Se avanza para que los sueldos de hasta 150.000 brutos no paguen cuando cobren el salario complementario

La semana que viene podría comenzar el tratamiento del proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cual se busca modificar el piso salarial a partir del que se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.

La iniciativa, que recogió apoyos del oficialismo y de la oposición, establece un nuevo piso de $150.000 bruto por el cual se empieza a pagar el tributo. Sin embargo, en el proceso de discusión de las diferentes comisiones se irán haciendo modificaciones que apuntan a ampliar los beneficios para los trabajadores que tengan que pagarlo.

Habrá cambios y se ampliarán los beneficios (fuentes del massismo)

Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados aseguraron a Infobae que “habrá cambios y se ampliarán los beneficios” y que en ese orden de prioridades de modificaciones encabezan la lista las horas extras, los viáticos y el aguinaldo. Y se analiza lo que podría ser la mayor sorpresa del proyecto: los Autónomos. Se está terminando de estudiar el costo que tendría que una parte de quienes están encuadrados en esa categoría fueran alcanzados por la nueva norma.

“Se está trabajando para sumar que las horas extras y los viáticos de algunos sectores en donde estos dos ítems son cotidianos que no sumen para pagar Ganancias”, explicaron fuentes legislativas.

Lo que sucedió en Toyota días atrás, cuando la empresa que concentra el 50% de las exportaciones del sector automotriz frenó la producción porque sus empleados no aceptaron trabajar un feriado ya que perdían más de lo que ganaban por consecuencias del pago de Ganancias.

Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)

Otro punto importante que están trabajando en el equipo de Massa es el de los aguinaldos. “Buscamos que aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos no paguen Ganancias por pasarse con el aguinaldo”, describen cerca de Massa. Otro punto que se estudia lo propuso la oposición y tiene que ver con poder descontar los gastos en educación, como cuotas de colegios, libros, materiales y viajes, entre otros.

“El proyecto tiene que ser sustentable desde el punto de vista fiscal. El costo fiscal tiene que ser algo que esté dentro de ciertos parámetros. Algunas de las propuestas que ofrecen desde la oposición se podrían sumar y otras no por el costo que tienen”, explican desde el massismo. Ayer, el presidente de la Cámara baja se reunió con legisladores del Frente de Todos que representan a distintos gremios para analizar el proyecto.

Massa con los diputados de su bloque de extracción gremialMassa con los diputados de su bloque de extracción gremial

Aunque todos los bloques están de acuerdo con el cambio propuesto por el oficialismo y hubo un decreto por el cual se habilitó a que el tema sea debatido en el Congreso, recién comenzará la discusión luego de la apertura de las sesiones ordenarías.

“Para que quede bien el bordado, primero necesitamos tiempo para zurcir”, metaforizó una fuente del oficialismo que participó de las negociaciones técnicas previas a la presentación del proyecto. Y es que, a pesar de la buena recepción de la medida, que también establece que aquellos que cobren hasta 173.000 pesos brutos tengan menores descuentos que en la actualidad, el Frente de Todos recibió, en las últimas semanas, algunos reparos de la oposición y una parte del sindicalismo.

El proyecto fija un “nuevo piso” de remuneración mensual que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. El objetivo es proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados y potenciar el mercado interno.

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Malestar entre las empresas de consumo masivo luego de la acusación del Gobierno

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Después de las inspecciones que tuvieron días atrás, 11 compañías recibieron una nueva notificación oficial con mayor pedido de información. Se las acusa de haber bajado los niveles de producción de algunos productos

Las empresas se enteraron esta mañana a partir del comunicado oficial. Luego, confirmaron que habían recibido una notificación de la Secretaría de Comercio Interior en la que se las intimaba a brindar información acerca de los niveles de producción y facturación de determinados productos. Ya habían recibido inspecciones semanas atrás en la misma línea, pero el Gobierno hoy avanzó un paso más en su afán de querer lograr la mayor cantidad de producción y abastecimiento posible, aun en el actual contexto de pandemia y con la norma de Precios Máximos todavía vigente.

Si bien las inspecciones que habían tenido previamente los habían alertado sobre lo que podría llegar, la decisión de enviar un comunicado a los medios y exponerlas públicamente generó un fuerte malestar en el mundo del consumo masivo, más aún cuando se trató de un sector con precios prácticamente pisados durante todo el 2020 y que, pese a ello, no ha generado desabastecimiento. También sorprendió en las compañías que esta intimación haya llegado a los pocos días de la reunión, el jueves pasado, del Gobierno con los CEO de las principales empresas del país entre los que estaban incluidos los presidentes de las que hoy fueron notificadas.

En el comunicado, la dependencia que dirige Paula Español afirmó que lo que envió a once empresas de alimentos, cosmética y limpieza fue una imputación, es decir, una acusación en torno a un incumplimiento de una norma. “La Secretaría de Comercio, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”, dice el primer párrafo del texto.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en una recorrida por los supermercados vinculada al acuerdo por los precios de la carneLa secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en una recorrida por los supermercados vinculada al acuerdo por los precios de la carne

Sin embargo, Infobae consultó a la mitad de estas empresas y en ningún caso –según dijeron– se trata de una imputación. El pedido enviado a las firmas está destinado a que “acredite de forma fehaciente ante esta Subsecretaría en el plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles haber incrementado su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitre las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión de los productos mencionados precedentemente a los niveles efectuados en el período de noviembre 2020″. En cada caso, se hace referencia a determinados ítems.

“Nosotros estamos muy tranquilos. Les veníamos contando cuando tuvimos problemas de producción; algunos productos son elaborados por pymes, que en este contexto producen como pueden. Hay un tema que tiene que ver con priorizar la fabricación en un contexto donde hay plantas paradas y bajas de producción. Pero nosotros estamos produciendo al 100% de la capacidad. Es todo muy poco claro y muy político”, remarcaron en una de las compañías.

En otra explicaron: “Es un proceso administrativo que tenemos que contestar. No hay multa. En nuestro caso, son dos productos y se debe a cuestiones estacionales”.

“No se busca multar a las empresas, sino que vuelvan a producir”, aseguran en la cartera productiva. Tras la reunión hoy del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la investigación se inició por “comentarios” que les llegaron de desabastecimiento en algunos supermercados. “El problema no era en los supermercados, sino del abastecimiento”, continuó el ministro, quien agregó que “la imputación busca que esto no se vuelva a producir. Es una gran preocupación del Gobierno de que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”, apuntó. De cualquier manera, si el Gobierno quisiera avanzar con el proceso administrativo en algún caso, las multas podrían alcanzar los $10 millones.

Muchos de los empresarios que recibieron la intimación de la Secretaría de Comercio participaron la semana pasada del encuentro en Casa Rosada (Foto: Presidencia de la Nación)Muchos de los empresarios que recibieron la intimación de la Secretaría de Comercio participaron la semana pasada del encuentro en Casa Rosada (Foto: Presidencia de la Nación)

Consultado al respecto, el presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, remarcó que “cayeron muy mal estas intimaciones”, ya que “muchas de estas empresas fueron invitadas la semana pasada a la reunión por el acuerdo social y no había señales de meter en el medio imputaciones de desabastecimiento con invocación de una ley inconstitucional como es la de Abastecimiento, con costos incrementados más de un 30%-35% y precios congelados”.

Además, dijo el directivo, “reconoce el propio Gobierno que la alimentación abasteció durante toda la pandemia a pesar del personal licenciado, los problemas logísticos, la huelga de aceiteros, el corte de 15 días de camioneros, los feriados, las vacaciones del personal y las paradas de planta por mantenimiento”.

En otra de las empresas afectadas aseguraron que están produciendo más que en noviembre de 2020. “En enero, pidieron las producciones de noviembre, diciembre y enero. Se lo dimos; en promedio, la fabricación de esos meses fue más alta que los anteriores”, afirmó el empresario consultado, y agregó que “si bien muchas no están ganando plata, las fábricas tienen que seguir produciendo para cubrir costos fijos”.

En muchos casos los argumentos que ofrecen las compañías al Gobierno son atendibles y la menor producción se adjudica a algún problema puntual derivado del covid o de algún conflicto sindical, pero no menos cierto es que en otros tantos casos la menor producción de ciertos artículos se vincula estrechamente con el control de precios y la imposibilidad de trasladar la suba de costos. “Las empresas hacen lo que pueden y tratan de cumplir la ley pero sin fundirse”, reconocieron en una de las compañías.

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