Un mes y medio después de asegurar en televisión abierta que en su clínica tenía “la fórmula para el coronavirus”, el autoproclamado “médico de las estrellas” Rubén Oscar Mühlberger fue detenido y su clínica, ubicada en Recoleta, clausurada. Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, el lugar “no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar, pese a lo cual se encontraba atendiendo pacientes”. Aunque en las primeras horas algunos trascendidos aseguraron que Mühlberger no contaba con matrícula profesional habilitada, una consulta realizada por este diario al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) arrojó como resultado que el ahora detenido está “habilitado en CABA” como médico bajo la matrícula 71566.
Mühlberger, que podría ser indagado este viernes, fue detenido “por ejercer una actividad medica sin la autorización correspondiente por parte del Poder Ejecutivo, infracción prevista en el artículo 239 del Código Penal”, puesto que había abierto las puertas del centro de tratamientos estéticos a pesar de que no encuadra en las excepciones habilitadas durante el aislamiento obligatorio.
No es la primera vez que la actuación profesional de Mühlberger, conocido por asociar su imagen a la de celebridades locales a quienes suministraba “sueritos” y aplicaba principios de “medicina ortomolecular”, es cuestionada públicamente.
En marzo de este año, días antes de la publicación del DNU que estableció el aislamiento preventivo obligatorio, en “Incorrectas”, el programa que Moria Casán conducía en América TV y en el que intervenía como panelista, Mühlberger aseguró “yo tengo la fórmula para el coronavirus”. Al mismo tiempo, y según quedó acreditado en el operativo previo a la clausura del lugar, en la “Klinik Mühlberger” un cartel -con el logo del lugar- informaba: “Contamos con el antiviral para el covid-19. El único nutracéutico con la cantidad de oligoelementos y vitaminas para bloquear los virus del covid-19. Consultanos.”
En “Incorrectas”, luego de que Mühlberger asegurara que en su clínica disponía de especialidades medicinales para la covid-19, Moria Casán detalló: “el doctor ya tiene para el asunto del coronavirus toda la fórmula. Tiene todo armado para el que tenga síntomas, que pueda tener algún problema o que haya viajado”. “Tiene todo para contrarrestar. Todo el protocolo que estarían teniendo los aeropuertos que ya no se puede ir a hospitales, sino directamente llama a un número, pero lo llaman al doctor y él va y le pone los sueritos y lo que necesiten para aumentar las defensas para eliminar el coronavirus o que los ayude a no tenerlo”, añadió.
Al día siguiente, por el revuelo que habían generado en redes y la posibilidad de una denuncia radicada por otros médicos tras esas declaraciones, Mühlberger escribió en la cuenta de Twitter de su clínica: “Ante los comentarios confusos o fake news: la Medicina Ortomolecular no tiene vacunas, ni curas, solo cuenta con nutraceutivos que fortalecen el sistema inmune, que estimulan las defensas. Dr RM”.
Ante los comentarios confusos o fake news: la Medicina Ortomolecular no tiene vacunas, ni curas, solo cuenta con nutraceutivos que fortalecen el sistema inmune, que estimulan las defensas. Dr RM
Mühlberger se volvió conocido a fuerza de intervenciones mediáticas asociadas a figuras famosas de Argentina, luego de ser intensamente promocionado por Casán desde hace algo menos de una década, con alguna interrupción por una pelea también divulgada con profusión por los medios.
En la página web de su clínica, da cuenta de una amplia galería de pacientes que incluye a Diego Maradona, Susana Giménez, Guillermo Coppola, Charly García, Pinky, Beto Casella. A fines de 2019, publicó un libro, “El cuerpo que quiero”, que presentó en un evento con famosos en la librería Grand Splendid. Años antes, había firmado otros volúmenes: “SOS sexo”, “La fórmula genética de 3 semanas”, “El cuerpo del futuro”, “La dieta del futuro”.
En 2016, la familia de su ex pareja y ex socio en Body Laser, la clínica que antes co-dirigía en el mismo lugar donde hasta ayer funcionaba el centro médico clausurado, lo denunció por una disputa sobre la propiedad del departamento.
Remedios vencidos y residuos patológicos no tratados
El jueves por la tarde, en un procedimiento realizado por el Ministerio de Salud de la Nación y la Policía porteña, “se detectaron numerosas irregularidades y faltas” en el lugar, como “medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento”, informó la fiscalía. Las especialidades medicinales que la “Klinik Muhlberger” comercializaba tenía fechas de vencimiento de 2014 y 2015, de acuerdo con fuentes de la fiscalía.
Valeria Massaglia, a cargo de la Fiscalía PCyF N° 11, ordenó “el secuestro de diversos elementos de prueba, como computadoras, ficheros e historias clínicas”, que serán peritados e incorporados a la investigación.
Guillermo Rossi despidió a su hijo Franco y le dedicó palabras a Joaquín Duhalde Bisi, quien manejaba borracho y sin registro.
El papá de uno de los jóvenes fallecidos en el trágico accidente en el Camino de los Remeros de Tigre, cuando el conductor del Audi A4 manejaba alcoholizado y chocó contra un guardarrail, hizo un conmovedor descargo por Twitter: “No tengo rencor“.
Guillermo Rossi es padre de una de las víctimas, Franco Rossi (18), y escribió en su cuenta de Twitter (@guillermo4398) motivado por defender la memoria de su hijo y aclarar que él no estaba alcoholizado.
“Uno de los fallecidos es mi hijo Franco Rossi. Espero que entiendan que el no manejaba. Solo pido que respeten el dolor de mi familia en memoria de los muertos. Mi vida se apaga“, tuiteó en primera instancia.
Inmediatamente comenzaron a llegarle mensajes de aliento y, como siempre en Twitter, también respuestas polémicas, a las que los demás usuarios se encargaban de señalar.
Rossi les contestó a varios de los que lo saludaron y entre esas respuestas también contó varios detalles y habló del autor del accidente, Joaquín Duhalde Bisi.
“Lamento el escrache mi hijo, no tenía alcohol en sangre, manchan su memoria. Abrazo y gracias”, le contestó a uno. “Franchu no estaba alcoholizado y sin embargo se fue”, le dijo a otro.
Joaquín Alimonda (19) y Franco Rossi (18) murieron en el acto.
“En la autopista a mi hijo le dio 0. Estaba aparentemente dormido y Franco no manejaba y tenía mi autorización. Dos veces a EE.UU. una a Sudáfrica el solito, y vos crees que me carga culpa? No ninguna”, le respondió a otra.
Luego, en otros tuits negó una supuesta fiesta. “Ni hubo fiesta ni nada, eran 5 amigos y el destino los enfrentó”, agregó.
En otro mensaje, Rossi dijo que lo que atraviesa es muy duro. “Hoy quisiera que me lleve a su lado, pero Franchu tiene 4 hermanos, no puedo viajar todavía y esa paz espero encontrarla”, se descargó en otro escrito.
Por último, dijo que “ya está todo perdonado eran amigos y no tengo ningún rencor“, en relación al conductor del auto, quien se encuentra detenido en la comisaría de Villa La Ñata.
El caso
Joaquín Duhalde Bisi (19) estaba borracho y manejaba sin registro la madrugada del domingo, cuando perdió el control del Audi A4 de su papá en Tigre y chocó. En el incidente murieron dos de sus amigos, Franco Rossi (18) y Joaquín Alimonda (19).
En el auto también iba Mateo Lezama (18), quien se salvó por estar en el asiento de atrás del conductor.
Duhalde Bisi está acusado de “doble homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una condena de 8 a 25 años de cárcel, y, subsidiariamente, de “doble homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, el consumo de alcohol y la alta velocidad a la que conducía”, con penas de 3 a 6 años de prisión.
Joaquín Alimonda, Joaquín Duhalde BIssi – el conductor del vehículo- y Franco Rossi eran amigos desde el colegio secundario.
Cuando el Audi A4 impactó contra el guardarrail, lo arrancó completo. “Luego de ingresar por la parte trasera de la rueda delantera derecha, los 25 metros que tiene de largo cruzaron el coche en sentido hacia la izquierda, y salieron”, detallaron fuentes de la investigación.
La pericia del alcoholemia, cuyo test certificado ya está en manos del fiscal, había arrojado que Duhalde Bisi manejó esa madrugada fatal con 1,39 gramos de alcohol por litro de sangre: casi el triple de lo permitido.
Duhalde Bisi no tenía registro. El 31 de octubre pasado se lo retuvieron por no tener la VTV al día del Hyundai a nombre de su mamá que manejaba.
Aunque desde su entorno argumentaron que poseía la licencia digital en la aplicación Mi Argentina, fuentes de la investigación explicaron que en este caso ese registro digital no tiene validez, ya que había quedado incautado por la infracción.
La víctima batalló durante cinco años para lograr que la causa llegara al debate oral, suspendido dos veces. El imputado está libre.
“Se me va la vida esperando Justicia”, dice Lucía, como pidió esta ex marinera que la llamen allá por 2016. Por ese entonces, se conoció el calvario que padecía desde 2013 cuando, según su denuncia, un superior comenzó a acosarla y, luego, eso derivó en una situación de abuso en la Base Naval de Ushuaia.
Ahora, a más de 7 años de que comenzara el acoso y a 5 de que ella lo denunciara, Lucía otra vez grita por ayuda: le pidió este miércoles a la Justicia de Tierra del Fuego que revise la decisión de postergar hasta 2024 el juicio contra el acusado
Según le dijo la ex marinera a la agencia de noticias Télam, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia decidió una nueva postergación para el inicio de las audiencias hasta el 16 de mayo de 2024.
La Justicia quiere empezar el juicio en tres años, cuando se cumplirán 11 del inicio de los supuestos abusos contra Lucía, de 32 años.
2016. Se conoce un caso del acoso sexual en la base Naval de Uhuaia.
El caso involucra al suboficial Reinaldo Cardozo, de 56 años, a quien le imputan haber abusado de la mujer cuando ella tenía 25 años. Lucía debió someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico.
Cardozo está acusado de “abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas y mediando violencia de género“.
Según especialistas, la causa puede sentar un precedente histórico porque “ventila hechos sucedidos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la Fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses”, explicaron fuentes judiciales.
A 17 días
La fecha prevista para el inicio del juicio era el 29 de junio de 2020, pero debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, el Tribunal suspendió las audiencias.
Luego, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvieron esta nueva postergación.
Lucía denunció a un superior.
Lucía, como pidió siempre que se la identifique para resguardar su identidad, batalló durante 7 años hasta lograr que la justicia procesara a Cardozo por un rosario de delitos que incluyen el abuso sexual, amenazas y la violencia de género, según surge del expediente judicial.
“Se me va la vida esperando Justicia. Me costó mucho romper las cadenas del silencio para poder denunciar lo que me pasó. Fueron años de lucha y padecimientos, tanto físicos como psicológicos, que tuve que atravesar”, contó Lucía.
Lucía y su abogada, Sofía Barbisan, realizaron una presentación para solicitar que se adelante el juicio y no tenga que esperar otros tres años.
“Me genera una angustia tremenda saber que este abusador sigue libre, viviendo una vida normal y en actividad dentro de la Armada, donde yo sufrí su violencia y también la violencia institucional. Confío plenamente en la justicia fueguina, y por ello pido a los jueces que revean esta situación“, sostuvo la ex marinera.
También dijo que solicitó la intervención del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.
“Necesito que mi caso siente un precedente dentro de las fuerzas armadas, que se termine la violencia de género y la violencia institucional. Y también quiero justicia y tranquilidad“, expresó Lucía, que sigue viviendo en Ushuaia y tiene otro empleo.
Un sueño roto
“Ingresé a la Armada en 2011 porque ser militar era un sueño y un anhelo. Yo veía los uniformes y sentía orgullo. Creía que podía servir a la Patria”, recordó.
Dos años después, comenzó el infierno. Lucía afirma que los abusos se produjeron a partir de 2013, cuando su superior, quien casi la doblaba en edad, estaba casado y tenía hijos, comenzó a acosarla sexualmente, hasta que en uno de esos hechos la encerró en un depósito y la violó. Cardozo era su jefe directo.
Otros abusos y persecuciones se habrían producido en 2014, luego de un período en el que el suboficial no estuvo destacado en Ushuaia. Según Lucía, todavía se paraliza cuando ve un uniforme militar.
“No puedo evitarlo. De hecho junté toda mi ropa castrense y la tiré a la basura. Necesito cerrar esta etapa“, concluyó.
Para entrar a la Armada, Lucía tuvo que realizar el curso en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Luego regresó a Ushuaia, donde su primer trabajo dentro de la fuerza fue el de camarera en la casa de suboficiales, a quienes les servía la comida.
La mujer comenzó denunciando los hechos ante el superior del suboficial, un militar con el grado de teniente, quien de inmediato le hizo sentir cómo sería la situación.
“Tu palabra contra la de él no tiene valor. Además, la Armada te está dando trabajo, una casa, una obra social y la atención para tu hijo (que estaba siendo tratado por una enfermedad en Buenos Aires). No te conviene hacer nada“, le advirtió, según recordó Lucía en un reportaje de 2020.
Como la marinera insistía, comenzaron las “amenazas y persecuciones“: el acusado le bajó todos los conceptos de su legajo personal, por lo que al poco tiempo fue despedida como militar y reincorporada como personal civil.
En 2014, Cardozo fue trasladado a otro destino, pero al año siguiente regresó a Ushuaia y comenzó a acosarla otra vez. Fue ahí cuando la joven decidió hacer la denuncia ante la justicia.
Primero intervino la Justicia Federal, que se declaró incompetente, y después un juez provincial que no halló pruebas contra el acusado, quien fue beneficiado con dos “faltas de mérito”, hasta que el expediente quedó “en reserva” por falta de nuevas evidencias.
Lucía cambió de abogado y logró que la Cámara de Apelaciones apartara al juez y designara a una jueza, María Cristina Barrionuevo, que le dio un nuevo enfoque a la investigación.
Desde el Gobierno destacan que la medida permite avanzar en el “cultivo ordenado y controlado” para tratamientos y evitar “el mercado ilegal”.
El Gobierno anunció que permitirá la inscripción de semillas de la especie Cannabis sativa L. para su uso medicinal. El anuncio fue rubricado por los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.
Los funcionarios nacionales resaltaron que la medida permite avanzar en el “cultivo ordenado y controlado” de cannabis para tratamientos y evitar “el mercado ilegal”.
“Hasta el momento, para los proyectos de investigación y cultivo de cannabis medicinal había que importar semillas. Esto se debía a que las semillas autóctonas con las que contaban las universidades locales no se podían registrar en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)”, explica a Clarín el coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis, Marcelo Morante.
A partir de esta resolución, el INASE “va a poder realizar un seguimiento en relación a la calidad de la materia prima”, agrega. Según Morante, “se trata de acciones concretas para mejorar el acceso a un producto seguro y de origen conocido”.
La resolución de ambos ministerios especifica que estas semillas se usarán asimismo para la investigación en el Registro Nacional de Cultivares y/o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.
“Es un paso más en el desarrollo de herramientas tendientes a facilitar el acceso a la planta de cannabisy sus derivados como tratamiento“, expresaron los ministros.
El documento fue firmado también por el presidente del INASE, Joaquín Serrano.
“La resolución posibilitará avanzar en la estandarización de las genéticas obtenidas y someterlas a certificaciones nacionales para su utilización como insumos en la producción de cultivos controlados, lo cual tendrá efectos en la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal, además de evitar el mercado ilegal”, destaca el comunicado oficial.
Al respecto, la ministra Vizzotti aseguró que el Estado “cambió su mirada” y que con esta medida están “contribuyendo a solucionarle la vida a un número de familias que tiene una problemática de salud”.
Añadió: “Darles un camino legal es algo que era nuestra responsabilidad y no es menor que haya pasado a pesar de la pandemia”.
El ministro Basterra, por su parte, entendió que la resolución “permite avanzar en cultivo ordenado y controlado, para que no haya puntos débiles en la instrumentación de la producción”.
¿Cómo inscribirse?
Todos aquellos que tramiten la inscripción deberán presentar “un informe con el fundamento técnico de la inscripción en los registros del INASE, el cual tendrá carácter de declaración jurada, a los fines de verificar que la misma se encuentra dentro del marco de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario número 883/20″.
Lo deberán hacer ante el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales del Ministerio de Salud.
