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Politica

Reforzaron la seguridad en Comodoro Py tras el episodio en la casa de Bonadio

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Casación ordenó reforzar las medidas en los tribunales donde tiene su despacho el juez federal.

El tribunal de Casación ordenó este jueves que se refuercen las medidas de seguridad en los tribunales de Comodoro PY a raíz de la bomba hallada en la casa del juez federal Claudio Bonadio.

Bonadio tiene su despacho en Comodoro Py. En el edificio hay tres accesos para ingresar, pero a partir del viernes solo se podrá ingresar por el frente tras pasar un control.

Mientras tanto cerrarán las entradas laterales.

El fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, afirmó que el objetivo de la bomba en la casa del juez “era matarlo” y la idea sería compartida por muchos funcionarios judiciales.

El juez federal Julián Ercolini también tiene su despacho en Comodoro Py, justo frente al de Bonadio.

Un joven de 26 años fue detenido en Belgrano tras arrojar a la casa de Bonadio una bolsa con lo que sería un artefacto explosivo. Tras el ataque se dio a la fuga pero fue atrapado a metros de la vivienda del magistrado.

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Politica

La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Politica

Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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Hidrovía: en medio de la presión del kirchnerismo por estatizarla, el Gobierno prorrogó la concesión

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Lo hizo con una resolución que lleva la firma del ministro Gabriel Katopodis. Se llamará a licitación.

por el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, quien quedó temporalmente con la firma del Ministerio de Transporte mientras se define el nombre del sucesor del fallecido Mario Meoni.

La prorroga iba a hacerse por decreto presidencial. Pero al quedar Katopodis con la delegación de la firma, el funcionario pudo dictar la resolución.

Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

La decisión del Poder Ejecutivo se conoce en medio de la ofensiva de la bancada oficialista del Senado para que se estatice esa vía navegable, puerta de salida del 80% de las exportaciones argentinas.

Pero el Gobierno se encamina a toda marcha en otra dirección.

En la resolución firmada en la noche de este miércoles por Katopodis se señala que el Ministerio de Transporte puede “adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la vía navegable troncal hasta que los adjudicatarios del nuevo llamado a licitación asuman la operación de tales servicios”.

Igual, se mantiene la presión desde integrantes clave del Instituto Patria la bancada oficialista del Senado, que no se mueve sin el aval de Cristina Kirchner, para que se avance en otro esquema.

Argumentan que es una oportunidad histórica para que el Estado “recupere” el control de la Hidrovía.

José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, habló en los últimos días con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. También con Máximo Kirchner, titular del bloque kirchnerista de Diputados.

El senador formoseño le trasmitió a ambos que “el bloque está en contra” del esquema en el que se avanzaría de concesión a una empresa privada -como hasta ahora- pero con la novedad de un mayor control del Estado.

Lo que quieren los senadores es que directamente la Hidrovía pase a ser manejada por el Estado y que sea éste el que cobre los peajes a los barcos.

La tarifa actual es de alrededor de 3 dólares por tonelada de carga que transportan.

En total el negocio factura más de 300 millones de dólares por año, según estiman fuentes oficiales.

Además de senadores, también hay provincias con intereses en la Hidrovía que presionan por un cambio de fondo del actual esquema. Es el caso del gobierno de Axel Kicillof.

Peaje

Un ministro de una provincia que impulsa que la Hidrovía pase a manos del Estado apuntó: “El control del cobro del peaje es central”.

Y explicó que lo que proponen es tercerizar el dragado, balizamiento y señalización de la vía navegable.

“Sería como cuando licitas el servicio de recolección de basura y el Estado cobra y paga el servicio”, describió ese funcionario.

En esa provincia también sostienen que lo acordado hasta ahora sería justamente eso, que el Estado cobre los peajes.

Pero en la Casa Rosada, otras gobernaciones y en el massismo -el recientemente fallecido ministro de Transporte Mario Meoni respondía a Sergio Massa- repiten que se avanzará es en una nueva licitación.

“Es una decisión exclusiva del Presidente. Alberto quiere licitar“, dijeron a Clarín en el Poder Ejecutivo.

Y completaron: “Los sectores que proponen lo contrario no tienen ni injerencia ni peso”.

Las mismas fuentes dijeron que se mantendrá el “equilibrio” en la coalición gobernante y que el Ministerio de Transporte seguirá bajo control del massismo.

Sergio Massa con el fallecido ministro Mario Meoni.

Sergio Massa con el fallecido ministro Mario Meoni.

Las cerealeras y las empresas exportadoras se resisten a que el Estado cobre los peajes. Sostienen que con el actual esquema la concesionaria cuenta con fondos para la realización de las obras necesarias.

“Las empresas lo que dicen es que con el Estado las trabas burocráticas serían grandes y las obras se demorarían”, confiaron en una provincia del interior.

Entre los sectores que impulsan que el Estado cobre el peaje argumentan que de esta manera se conocerá al detalle lo que se transporta y se evitaría la evasión.

Sería como un control aduanero”, señaló un defensor de la estatización.

De lo que nadie habla por el momento es de cambiar el actual esquema de tarifa plana de peaje.

La concesión está en manos hace 25 años del consorcio formado por la belga Jan de Nul y la local Emepa.

De acuerdo con versiones, Jan de Nul no mantendría su sociedad con Emepa en la futura licitación.

Su propietario, Gabriel Romero, declaró en la Justicia como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas y sería una “carga” para los belgas.

Aunque falta definir los pliegos para la nueva licitación, hay presión de las empresas navieras y de las cerealeras para profundizar el calado del río Paraná y llevarlo de los actuales 34 a 38 o, incluso, 40 pies.

La mayor profundidad le permitiría navegar a los barcos supercargueros de la clase Panamax.

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