El proceso de reestructuración de la deuda entró en una etapa definitoria, tras la visita la semana pasada de los fondos de inversión, tenedores de los bonos cuyas condiciones se busca renegociar. Está claro a esta altura que no se podría cumplir el cronograma inicialmente establecido por el Ministerio de Economía, según el cual a fin de mes estaría cerrada la operación por lo cual, ahora, el ministro Martín Guzmán junto con el asesor financiero, Lazard, y los bancos colocadores, Bank of América y HSBC, prevé lanzar una primera propuesta en la última semana de marzo.

Según fuentes del mercado los términos que incluiría esa oferta generan honda preocupación entre los inversores, quienes ahora esperan una propuesta que implique valores por debajo de las cotizaciones actuales del mercado. En medio de la negociación, en Economía no quisieron hacer comentarios sobre los tiempos, pero otras fuentes oficiales confirmaron que la oferta será “brava”.

Trascendió, incluso, que la exit yield que se desprende de los borradores de Guzmán, insinuado en el encuentro con los acreedores, se ubica en torno a 3%, lo que haría inviable según los propios fondos y analistas del mercado un avance razonable de las negociaciones.

Los antecedentes más cercanos en procesos similares de reestructuración registran una exit yield –la tasa que rinden los nuevos bonos tras el canje– de 10% a 12%, aunque el bajo nivel de tasas actuales permitiría aceptar varios puntos por debajo de eso. Sin embargo, el nivel planteado “sería inaceptable para empezar hablar. Con 3%, ni se sientan a discutir”, sostuvo una fuente cercana a los acreedores que participaron de la misión al país.

De ahí la pésima reacción de los bonos argentinos el viernes en el mercado, en un contexto marcado por la incertidumbre global que genera el impacto económico del coronavirus. Sin embargo, pese al intenso malhumor con el que se fueron de Buenos Aires y los duros comentarios que expresaron respecto de Guzmán, su equipo y estrategia, los tenedores de la deuda argentina creen todavía en la vocación del presidente Alberto Fernández de evitar el default. Por eso, buscarán nuevamente en los próximos días tender puentes de diálogo por canales políticos para intentar hacerle llegar el mensaje a Fernández: es esperable una primera oferta agresiva y hay predisposición para negociar pero una propuesta excesivamente hostil, aun en la fase inicial, conllevaría grandes riesgos. El principal, derrumbar los precios actuales de los bonos hasta llevarlos al umbral atractivo para los “fondos buitre” –hoy con posiciones acotadas a determinados títulos– y frustrar así las chances de un arreglo relativamente rápido. Esto es, durante abril, a más tardar principios de mayo.

Con esa intención, por caso, se reunieron con el diputado Sergio Massa y también sondearon la postura del presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Igual que con Guzmán, también las gestiones en el BCRA habrían sumado más inquietud que tranquilidad.

Para completar el cuadro, el conflicto con el campo, de desenlace todavía incierto, ensombrece aún más el panorama. No solo por los eventuales impactos macroeconómicos, en principio menores, pero por el impacto política: de volver a una situación de fuerte confrontación con el campo, la lectura del mercado será que avanzan en el Gobierno las posturas más radicalizadas también en la gestión económica. Aunque resulte anecdótico, a la sorpresa que causó en el mercado la designación del HSBC como banco colocador, (la entidad supo tener pésimos vínculos con el kirchnerismo en la anterior gestión) sobrevino el gesto risueño de muchos operadores cuando se enteraron de los reproches desde el Instituto Patria a los funcionarios de Economía.

En cualquier caso, lo cierto es que en el mercado hay también quienes hacen otra lectura: es el inicio de la etapa clave de la negociación y no debería sorprender que desde el Gobierno hasta amenacen con no pagar. De hecho, en los últimos días se repite el argumento de “se pagará a los que acepten y los que no, que se queden afuera sin cobrar”. Sin lograr los mínimos de aceptación que exigen las cláusulas de acción colectiva (CACs), de 66% u 85% de los montos involucrados según los bonos, esa decisión es equivalente a caer en default. Y, aunque con dudas, los acreedores están por ahora convencidos de que Alberto Fernández quiere evitarlo.

Por lo pronto, se espera el decreto oficial que de el puntapié oficial al comienzo de la reestructuración.