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Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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Crítico informe de Estados Unidos sobre la justicia en Argentina: “funcionarios participaron en prácticas corruptas con impunidad”

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El Departamento de Estado evaluó el estado de los derechos humanos en el mundo. Y fue duro con Argentina. Las causas del kirchnerismo y el espionaje bajo el gobierno de Macri.

En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el gobierno de Joe Biden criticó la “falta de implementación efectiva” de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la Argentina. El trabajo además dice que “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar” este problema.

El informe anual que elabora el Departamento de Estado da cuenta de las situaciones registradas en el año 2020, y fue publicado este martes. “La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios”, no obstante, “múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley”.

El informe habla de las “numerosas investigaciones relacionadas a la corrupción contra actuales y ex figuras política de alto rango, incluyendo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex presidente Mauricio Macri”. Y habla del caso de los llamados cuadernos de las coimas, en que la ex presidenta y otras 52 personas “fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2003 y 2015”.

El Departamento de Estado, hoy a manos de Antony Blinken destacó que los fiscales argentinos estimaron un “esquema de sobornos en 160 millones” y que la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre.

“Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción“, describe el trabajo del Departamento de Estado. “La corrupción ocurre en algunas fuerzas de seguridad” y la “forma más frecuente de abusos incluyen extorsión y protección es involucrados en narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y promoción de la prostitución”.

Hay “acusaciones de corrupción en juzgados provinciales y federales también son frecuentes”, apuntó el documento, que también da cuentas de la investigación que se lleva adelante por espionaje ilegal durante la gestión de Macri y que involucra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani.

El informe sobre el estado de los derechos humanos en 2019 también había sido crítico sobre el funcionamiento judicial en la Argentina. La sobrepoblación carcelaria ha sido un problema constante reflejado por el análisis.

“Las condiciones carcelarias a menudo eran duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y condiciones insalubres. Hubo reportes de traslados forzosos y el uso recurrente de aislamiento como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires”, indicó.

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El presidente de la DAIA recibió otra amenaza de muerte y le mantienen la custodia policial

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“Te voy a matar si intentas tocarme. ¡Sieg Heil Humanidad! LPLSH ”, señala el nuevo mensaje de Whatsapp contra Jorge Knoblovits. La entidad radicó una segunda denuncia.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, recibió una nueva amenaza de muerte, por lo que el Ministerio de Seguridad extendió su custodia física durante las 24 horas, con intervención de la División Antiterrorista de la Policía Federal.

Como había hecho con la anterior amenaza que recibió el dirigente en enero pasado, la institución presentó una denuncia judicial, que esta vez investigará el juez federal Sebastián Casanello. La anterior denuncia está radicada en el juzgado número 5, de María Eugenia Capuchetti.

Clarín obtuvo el contenido del nuevo mensaje de fuentes que investigan el caso.

“Demonios jodidos no nos van a amedrentar. El holocuento no se lo cree nadie. Somos la verdadera humanidad. La Humanidad del Dragón. Ustedes no crean realidad. Te voy a matar si intentas tocarme. ¡Sieg Heil Humanidad! LPLSH 卐 Prepárense que se viene el golpe Estamos preparados para no ser más manipulados con sus leyes jodidas de mierda”.

Fuentes judiciales contaron que Knoblovits recibió esta amenaza por mensaje de Whatsapp, mientras que la anterior fue a través de una carta manuscrita -por momentos de contenido inconexo- que alguien dejó en la sede de la institución, en Pasteur al 600.

La justicia investiga ahora si se trata de una amenaza de un sujeto particular o proviene de una organización. Si bien fue enviado desde un teléfono celular con un número particular, este podría haber sido robado.

Este diario consultó a Knoblovits por la amenaza, pero el titular de la DAIA se excusó de brindar declaraciones y sostuvo que para investigar el caso está la justicia.

La carta que llegó a la DAIA en enero pasado con la amenaza al persidente de la entidad Jorge Knoblovits. La nueva amenaza de muerte fue por WhatsApp

La carta que llegó a la DAIA en enero pasado con la amenaza al persidente de la entidad Jorge Knoblovits. La nueva amenaza de muerte fue por WhatsApp

El mensaje de Whatsapp contiene la frase alemana Sieg Heil que significa “salve, viva, eterna (la) victoria. Esta expresión se utilizaba en encuentros de carácter político durante la Alemania nazi. Por lo general, el orador decía Sieg y desde el público le replicaba con énfasis y tres veces, ¡Heil, Heil, Heil!

En febrero pasado, Knoblovits y la DAIA radicaron la primera denuncia que recibió a través de una carta, que estaba escrita con mayúsculas y le decía al dirigente comunitario que se fuera del país. Además lo invitaba a pelear en la Federación de Box ubicada en Medrano al 100, mencionaba a los montoneros y al fallecido ex canciller Héctor Timerman. Hasta ahora se desconocen resultados de la investigación.

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La reacción de Estados Unidos ante la salida de Argentina del Grupo de Lima

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El Gobierno anunció el retiro de ese foro donde Washington tiene peso. En la Casa Blanca dijeron que esperan en Venezuela elecciones “libres y justas”. Y quieren “coordinación con los socios internacionales”.

La decisión del Gobierno de retirar a la Argentina del Grupo de Lima fue anunciada, aunque sin mencionar a Washington, con críticas a las políticas impulsadas desde Washington hacia Venezuela. Estados Unidos reaccionó ante la medida y reiteró la necesidad de que haya una salida a la crisis venezolana con “elecciones libres y justas” y señaló que espera “fortalecer la coordinación con los socios internacionales”.

Ante una consulta de Clarín, un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dijo que “Estados Unidos cree que debe haber una solución negociada para la crisis precipitada por Maduro. Debe haber elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela. Esperamos fortalecer la coordinación con los socios internacionales que están comprometidos con un futuro pacífico y democrático en Venezuela”.

El Gobierno anunció este miércoles en un comunicado que tenía diferencias con la región sobre cómo encarar la crisis con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro y dijo que retiraba a la Argentina del Grupo de Lima, “en un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades”.

La política de Estados Unidos hacia Venezuela ha sido intentar asfixiar al régimen de Maduro con castigos al entorno del presidente y sanciones económicas.

Argentina había sido uno de los miembros fundadores del Grupo bajo la administración de Mauricio Macri, pero desde que asumió Alberto Fernández el Gobierno se alejó y nunca firmó sus documentos.

Estados Unidos no es miembro del Grupo, pero su opinión es fuerte en ese foro.

El presidente Joe Biden continúa las políticas de sanciones de Donald Trump y también reconoce a Juan Guaidó como presidente interino.

Joe Biden sigue con la política de sanciones a Venezuela de Donald Trump y reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Foto AP

Joe Biden sigue con la política de sanciones a Venezuela de Donald Trump y reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Foto AP

“No creo que a los estadounidenses les sorprenda la decisión”, dijo a Clarín una fuente con conocimiento del tema en Washington, “porque de hecho Argentina no participa de las reuniones, contradijo públicamente las declaraciones del grupo y se sumó al Grupo de Contacto internacional donde están los europeos”.

Francisco Monaldi, experto en Venezuela de la Rice University, no coincide con esa visión y dijo a Clarín que “aunque tienen otras prioridades a nivel global, la situación de Venezuela es quizás el principal dolor de cabeza de la política exterior estadounidense en Sudamérica. La administración Biden verá con malos ojos cualquier obstáculo a una negociación en Venezuela y la decisión de Argentina de retirarse del Grupo de Lima será percibida como negativa en ese sentido, dificultando la relación entre los dos países en otras áreas”.

Noam Lupu, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Venderbilt, señaló que “claramente la salida de Argentina implica una diferencia entre la postura hacia Venezuela del gobierno de Fernández y la de EE.UU. Biden ha reconocido a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y rechaza negociar con Maduro o revisar las sanciones que EE.UU. sigue imponiendo. Esto sí que puede generar un problema para las relaciones entre Argentina y EE.UU., aunque creo que a Biden le preocupa mucho más lo que está pasando políticamente en Centroamérica – por los efectos que tiene sobre la inmigración – que lo que pasa con el gobierno de Venezuela. Además, esto también podría ser un punto de negociación para Argentina, si Fernández está dispuesto a volver al Grupo de Lima a cambio de alguna concesión de EE.UU.”.

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